Sábado 16 de marzo de 2002 | ||
Prisión preventiva a Grosso |
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Lo acusan de ser coautor de una asociación ilícita para licitar el Golf Velódromo |
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La Cámara del Crimen de esta capital dictó la prisión preventiva del ex intendente porteño Carlos Grosso como "coautor" de una asociación ilícita que cometió irregularidades en la licitación del complejo Golf-Velódromo en 1991, cuando era jefe comunal durante el primer gobierno de Carlos Menem. La medida incluye, además, un embargo de diez millones de pesos contra el ex intendente. Grosso podría eludir la prisión ya que la causa tramita según la legislación vigente hasta 1992 -previo a la reforma judicial- que no necesariamente equipara la prisión preventiva con un efectivo arresto del imputado. Y si sus abogados piden la exención de prisión podría continuar libre. La preventiva de Grosso fue dictada por la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de esta capital, con las firmas de los magistrados Bonorino Peró y Piombo, y también alcanza a otros ex funcionarios municipales, entre ellos Fernando Guerrero, Alfredo Kalinsky y el ex edil justicialista Jorge Castells. Además, ordena resolver la situación procesal de Héctor Antonio (hijo del empresario Jorge Antonio), representante de AESA, y los ex concejales Arguello y Siracusano. Grosso volvió fugazmente a la función pública como asesor de la Jefatura de Gabinete durante la también efímera gestión de Adolfo Rodríguez Saá como Presidente de la Nación. Entonces dijo que llegó nuevamente a un gobierno porque "el Presidente no me eligió por mi prontuario sino por mi inteligencia". El fin de su gestión lo marcó la entonces "movida" del cacerolazo. La causa por la licitación del complejo Golf-Velódromo tiene más de diez años de antigüedad y en ella Grosso fue sobreseido al menos en tres oportunidades por el juez de instrucción Eliseo Otero, que además determinó la prescripción del expediente. En todos los casos, la Sala VII revocó esas medidas y esta vez hizo severos cuestionamientos al juez Otero. La Cámara expresó su "desazón por los magros resultados obtenidos en el largo tiempo que lleva esta investigación, donde cabe una vez más puntualizar las distintas recomendaciones con definido sentido orientador de la pesquisa no parecen haber sido recogidas". La causa -que se inició por denuncia del actual jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra- se basó en la constitución de una empresa ad-hoc denominada AESA (supuestamente vinculada con ex funcionarios menemista) para acceder al control de la concesión. El fiscal Lanusse, que impulsó la causa, consideró en uno de sus reiterados pedidos de detención de Grosso que estaba probado que la licitación del complejo"fue una concesión directa encubierta y espuria producto de la connivencia delictiva de funcionarios y empresarios a los que se benefició con dicha gracia". (DyN) Fiscal vuelve a la carga contra De la Rúa y Gallo Un fiscal de instrucción volvió a pedir la declaración indagatoria del ex presidente Fernando De la Rúa por presuntas irregularidades en la concesión de la autopista Arturo Illia, que en su día ganó fama como "la más cara del mundo", se informó ayer en los tribunales. El fiscal Alejandro Molina Pico presentó un voluminoso escrito ante el juzgado de instrucción número 43, en el que insistió en la citación como imputados de De la Rúa, el ex ministro Nicolás Gallo, el ex procurador Ernesto Marcer y el ex secretario de Hacienda porteño Eduardo Delle Ville. En una insólita reacción, ya como ministro de Infraestructura, Gallo había promovido una sanción e incluso la remoción del fiscal, pero el Procurador General, Nicolás Becerra, desestimó esa solitud y ahora Molina Pico -liberado ya de las imputaciones en su contra- volvió a la carga. Gallo había promovido el pedido de sanciones contra el fiscal a raíz de, precisamente, un anterior pedido de indagatoria por la concesión que suscribió De la Rúa cuando era jefe de gobierno porteño. A mediados de setiembre pasado, Molina Pico elevó un dictamen al entonces juez de instrucción Nelson Jarazo en el que reclamó que fueran citados De la Rúa, el propio Gallo, Marcer y otros funcionarios de aquella administración. (DyN) Aniversario del atentado a la Embajada |
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