Jueves 7 de marzo de 2002

 

El banquero Rohm fue procesado

 

Servini de Cubría le dictó un embargo de 100 millones por la fuga de capitales

  La "economía nacional" y cientos de inversionistas fueron víctimas de una operatoria sistemática que, por más de una década, posibilitó la fuga de fondos millonarios al exterior por fuera del circuito institucionalizado del dinero, sostuvo ayer la jueza federal María Servini de Cubría al procesar al vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), Carlos Rohm, que ahora cumple prisión preventiva.
La ilegal operatoria "pone en duda la credibilidad del sistema financiero argentino, la honestidad de sus banqueros y la política del buen administrador que debe primar en esta actividad fundamental para el desarrollo de un país, afirmó Servini en una resolución de 142 carillas, enla que impuso un embargo de 100 millones de pesos al banquero.
Rohm fue procesado bajo cargos de subversión económica y como presunto "jefe u organizador" de una asociación ilícita por la que también es perseguido su hermano, el presidente del BGN José "Puchi" Rohm, prófugo desde el 23 de enero último.
Según la jueza, "Carlos Rohm es una de las cabezas visibles tanto física como legalmente del BGN, del Banco Comercial del Uruguay y de la Compañía General de Negocios, así como de otras firmas varias" que dieron estructura a un circuito ilegal y sistemático que permitió a los banqueros "enriquecerse" a costa de los Estados de Argentina y Uruguay, y de sus propios clientes.
Servini trabó un embargo por 100 millones de pesos sobre los bienes del vicepresidente del BGN y, además, dictó el procesamiento sin prisión preventiva del apoderado, Rufino Basavilbaso de Alvear, y del asesor de la gerencia contable, Adrián Couce, embargados por 50 millones de pesos cada uno.
Para la jueza, el trío formó parte de una organización delictiva que actuó en "perjuicio de la economía nacional" y que también habría estafado al Estado uruguayo, que el mes pasado denunció por fraude a los hermanos Rohm. Se investigan, además, presuntos vínculos con un comisario de la policía Federal (ver recuadro).
"Han incurrido reiteradamente en la comisión de delitos con la finalidad de enriquecerse, a través de una operatoria financiera de carácter marginal que funcionara fuera de los canales institucionales", escribió Servini en su resolución.
En diálogo con un grupo de medios la jueza rechazó las críticas por la calificación penal en la que enmarcó el caso y subrayó que el delito de subversión económica "tiene vigencia y en esta causa es procedente aplicarlo, especialmente porque estamos hablando de maniobras que ponen en peligro la seguridad del sistema argentino y que tienen relación con la tremenda crisis que vive el país".
La causa se inició por una "megadenuncia" de la diputadas Marcela Rodríguez, Carrió y Ocaña, entre otros, que fundamentaron su presentación judicial en un informe de la Comisión de Lavado .
Según la denuncia existía una "mecánica habitual" de los bancos por la que se había creado un "sistema financiero paralelo" que servía para lavar dinero, evadir tributos y fugar capitales, lo que produjo el colapso del sistema. (DyN, Télam)

Investiga conexión con la Federal

La jueza Servini reveló ayer que investiga presuntas "conexiones" entre un comisario en actividad de la Policía Federal y las maniobras para la trasferencia fraudulenta de capitales al exterior, que se habría desarrollado a través del Banco General de Negocios (BGN).
"Podría haber conexiones entre un oficial jefe, un comisario en actividad de la Federal, que podría haber actuado con gente allegada al BGN en operaciones que estamos investigando", dijo la jueza, quien vinculó esa situación con la difusión pública de una grabación referida a su accionar en la investigación por la represión a manifestantes que se desató el 20 de diciembre último en Plaza de Mayo y Plaza de los Dos Congresos.
"La cinta está en el expediente desde el mismo 20 de diciembre y la pasan en televisión sacada de contexto. El objetivo es tratar de desprestigiarme. Este operativo ha sido montado por gente de la Federal que pertenece a la antigua cúpula y que está utilizando a los periodistas con una cinta que insisto, está sacada de contexto".
Por otra parte, Servini dispuso ayer tomar declaración indagatoria a ejecutivos y personal del BGN, en el marco de las investigaciones para determinar su responsabilidad en las maniobras de esa entidad con la transferencia de divisas al exterior.
La nómina de personas que serán indagadas por la jueza aun no tiene las fechas a determinarse. (DyN)

Quieren que Antonio De la Rúa declare

La fiscalía federal número cinco solicitó ayer que Antonio De la Rúa declare como imputado en la Justicia por los homicidios ocurridos en la represión previa a la retirada del Gobierno de su padre, Fernando de la Rúa.
Para los fiscales Comparatore y Evers resulta necesario que De la Rúa hijo comparezca en declaración indagatoria y "brinde las explicaciones del caso" para "despejar las dudas que existen en la comunidad y las que pudiera surgir sobre su participación, responsabilidad y desempeño en esa jornada".
En el expediente consta un testimonio del diputado Luis Zamora, que conversó con el ex viceministro de Interior Laureano García Batallán, señalando que durante una "cumbre" en Olivos con la participación de De la Rúa padre e hijo, entre otros, se resolvió el desalojo de manifestantes en la Plaza de Mayo aquel jueves 20 de diciembre.
Los fiscales formularon su solicitud de indagatoria a Servini de Cubría, quien aún tiene pendiente de resolución un requerimiento similar hecho por ambos funcionarios del Ministerio Público pero directamente sobre el ex presidente Fernando de la Rúa y el ex ministro de Interior, Ramón Mestre.
El sábado último, Servini confirmó que tanto De la Rúa como Mestre serán llamados a prestar declaración indagatoria, aunque indicó que ello no ocurrirá antes de 15 días. La jueza añadió que si bien aún no sabe bajo qué cargos, "no" será por homicidio, tal como lo pretende la fiscalía.
Por otra parte, y en relación a la causa de la represión del 19 de diciembre, el ex director del COMFER Gustavo López, manifestó ayer que el gobierno de De la Rúa intentó censurar imágenes del día de la represión. "La orden era impedir que se transmitieran las imágenes de la gente en la Plaza de Mayo", aseguró.
López dijo que recibió "presiones del Gobierno" para prohibir la transmisión de lo que ocurría en la Plaza de Mayo. (DyN)

Foto:El banquero Rohm seguirá detenido y la investigación se profundiza.

     
     
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