Miércoles 6 de marzo de 2002

 

Inédita alianza en contra de Chávez

 

Las principales centrales sindicales y de empresarios de Venezuela, con el apoyo de la Iglesia Católica, lanzaron ayer un virtual plan de gobierno para desalojar al presidente de su cargo. El "decálogo" exige revertir medidas económicas y restricciones a las libertades. El gobierno se prepara para resistir la ofensiva.

  CARACAS (Reuters) - Líderes empresariales y sindicales presentaron ayer con el respaldo de la Iglesia Católica un plan alternativo de gobierno, en una alianza sin precedentes contra el gobierno populista del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Al grito de "unión" y "se va" en referencia a una eventual salida de Chávez del gobierno, cientos de empresarios, políticos, académicos y sindicalistas convirtieron el acto del llamado "acuerdo democrático" en un ruidoso foro de protesta contra el militar retirado.
El mayor gremio patronal Fedecámaras y la principal central obrera, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), justificaron la alianza, que contó con la mediación de la Iglesia Católica, ante "la posición reacia del sector oficial para propiciar debates, entendimientos".
El pacto se produce en momentos en que Chávez, con tres años en la presidencia, enfrenta manifestaciones de descontento en el ejército y lucha con un aumento inflacionario tras la adopción en febrero de un régimen de flotación cambiaria.
Las cacerolas volvieron a retumbar ayer en Caracas, durante un día repleto de protestas y huelgas. Residentes del oeste de Caracas hicieron sonar sus cacerolas por la mañana ante una prevista visita de Chávez, con el fin de inaugurar una escuela mientras los maestros públicos iniciaron un paro de 48 horas. Adicionalmente, los empleados de la petrolera estatal PDVSA, que se oponen a una directiva adepta al gobernante, votarán hoy sobre posibles acciones de protesta, incluyendo la opción de huelga.
El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, que en diciembre lideró un paro antigubernamental de 12 horas, dijo que "resulta imposible hablar de diálogo" con Chávez, a quien opositores acusan de "tirano" y "autoritario" y de querer imponer reformas legales de corte comunista. A su vez, Chávez ha acuñado expresiones como "oligarcas" y "escuálidos" para referirse a sus opositores, que pertenecen mayormente a las clases medias y ricas del país.
La alianza, sellada en un salón de banquetes en Caracas, busca "ofrecer salidas ante la situación de emergencia nacional, de deterioro económico, de señales de ingobernabilidad y de amenazas a la institucionalidad democrática que vive la nación", sostuvo Carmona. El empresario criticó con dureza la política fiscal, cambiaria y monetaria nacional, así como al equipo ministerial de Chávez, al que calificó de "subordinado, de bajo nivel e ideológicamente sesgado".
El eje del acuerdo de 10 puntos se centra en la superación de la pobreza que aqueja al país petrolero, así como un compromiso para lograr el aumento del nivel de empleo y el desarrollo de la productividad, según el documento.
Algunos analistas opinan que el acuerdo es una manera de la oposición de "validar" acciones más radicales si el gobierno no ofrece soluciones a la difícil situación económica y social.

Tribunales populares

Grupos del oficialismo venezolano que integran los "círculos bolivarianos" conformaron ayer un tribunal popular que aspira juzgar y detener a activos opositores del presidente Hugo Chávez.
El abogado Oswaldo Cancino explicó que era pertinente conformar el tribunal ante los ataques cometidos a la "revolución bolivariana" que impulsa Chávez.
"La democracia está en juego", argumentó Cancino, acompañado de dirigentes de los llamados "círculos bolivarianos", las redes sociales creadas por el Ejecutivo y acusadas de ser fuerzas de choque a favor del gobierno.
"En cada estado aspiramos que se constituyan tribunales bolivarianos y corte de apelaciones", deslizó el abogado. Afirmó que el tribunal enjuiciará y detendrá a toda persona o funcionario público "cuando se considere que se haya cometido un delito". Indicó que esta decisión obedece a una "decisión soberana" emanada por la constitución de 1999 en tres artículos donde exhorta la participación ciudadana y medios alternos de justicia.

     
     
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