Sábado 9 de marzo de 2002
		No hay nada que festejar
		Por Andrea D"Atri
		Mientras la Corte Suprema de Justicia avanza en una reaccionaria embestida contra los derechos reproductivos, prohibiendo la píldora del día después, cientos de personas marchan en Neuquén reclamando justicia para el asesinato de una joven embarazada, y otra mujer pierde el juicio que llevó a cabo contra un marido que la obligaba a usar cinturón de castidad. Por si fuera poco, la jueza civil Graciela González Echeverría, recientemente, declaró "inconstitucional" la ley de Salud Reproductiva vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando aún no terminamos de llorar la muerte de nuestros mártires de diciembre (entre los que había seis mujeres jóvenes), las mujeres conmemoramos un nuevo Día Internacional de las Mujeres, en el que no tenemos nada que festejar. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia –integrada exclusivamente por varones, la misma que es repudiada por la inmensa mayoría de la población y que sufre los "escraches" de abogados, ahorristas, deudores y asambleas vecinales cada jueves frente al Palacio de Tribunales- tomó una decisión absolutamente arbitraria y que afecta a las mujeres. Con el voto de la llamada "mayoría automática" heredada de la época menemista, integrada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O"Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano, prohibieron la distribución y venta de la píldora del día después (conocida como "anticoncepción de emergencia"). Esta píldora, que impide el embarazo si se ingiere en las horas posteriores a una relación sexual, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, particularmente para los casos de violaciones o fallas de otros métodos anticonceptivos (como la rotura del preservativo). Según la OMS, estas pastillas "previenen la ovulación, la fertilización y la implantación. No son efectivas una vez que el proceso de implantación comenzó y por lo tanto no causan abortos". Pero la Corte desestimó la opinión no sólo de la OMS sino también de los científicos y médicos expertos en el tema. Para su fallo se basó nada menos que en la opinión del Vaticano y del cura rector de la "exclusiva" Universidad Católica Argentina. También se basó en la opinión de la Comisión de Bioética que había formado Menem y que fue disuelta, más tarde, cuando se comprobó que uno de sus integrantes había sido ministro de Justicia de la dictadura sangrienta de Videla. ¿Cómo pueden hablarnos de vida los mismos curas que bendijeron a los asesinos de la dictadura? ¿Saben acaso algo de ética los que propician el "Diálogo Argentino" con el gobierno y piden "gestos políticos", mientras ellos siguen viviendo sin trabajar, a expensas de los subsidios del Estado? Contra todas las evidencias científicas, los jueces de la Corte prefieren la oscurantista opinión de la Iglesia porque buscan, con este pequeño favorcito, que los curas los salven del ataque que reciben diariamente de un pueblo que ya no soporta tanta Suprema Injusticia. ¿Violencia contra la mujer no es delito? María Sandra Lescano tiene 24 años. Lamentablemente, se hizo conocida a raíz de un antojadizo y horroroso maltrato que le era impuesto por su celoso marido: una cadena que pasaba por las presillas de sus jeans, se cerraba con un candado del que sólo él tenía llave, cada vez que se marchaba a trabajar. Esto impedía, incluso, que María Sandra pudiera ir al baño hasta que su marido lo consintiera. Pero, además del humillante trato de su esposo, esta joven tuvo que soportar otra barbaridad: los jueces de la Cámara del Crimen de Paraná determinaron que no hay pruebas para condenar a la bestia que infligía tortura a María Sandra. No fueron suficientes los relatos de la dueña de casa donde trabajaba la joven, ni el revólver hallado entre las pertenencias del marido, con el que la solía amedrentar. En una sociedad donde se privilegia el ser varón y se asocia la virilidad con la fuerza, el dominio y la subordinación de las mujeres, estos crímenes y su impunidad concedida por la Justicia son responsabilidad de sus perpetradores, de quienes los encubren y de quienes les otorgan el veredicto de "inocencia"; pero también de un sistema que a través de los medios, la Iglesia, la educación, reproduce estos comportamientos opresivos invistiéndolos de legitimidad.
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