Jueves 7 de marzo de 2002
		Consideraciones sobre la reforma constitucional
		Por Iris del Carmen Laurin (*)
		Estamos frente a una crisis de legitimidad de la democracia representativa, cuyos efectos y consecuencias se manifiestan prácticamente en todos los órdenes políticos, económicos y sociales de la comunidad nacional. Una crisis de legitimidad de la representatividad que debo decir, lamentándolo por cierto, no ha sido asumida responsablemente por el Ejecutivo. Me atrevo a afirmar que más bien ha sido aprovechada como una oportunidad de aumentar el espacio de poder del Ejecutivo en desmedro del principio de la división de poderes y, por lo tanto, en desmedro de las libertades de los ciudadanos, como puede inferirse con claridad de los diversos proyectos del gobierno en sus distintas iniciativas por reformar la Constitución. Todas promoviendo de una manera u otra al achique del Poder Legislativo, ya sea en número de representantes o por acotamiento de sus facultades. Así, el Estado moderno, casi caracterizado por la figura del gobierno, el Poder Ejecutivo o más simplemente la administración, con su masa de técnicos y especialistas anónima o por lo menos casi desconocida por el pueblo, ha ido asumiendo, en permanentes avances, ciertamente de manera ilegítima y por lo demás, ineficaz, nuevos roles autodesignados de mediación entre la sociedad y el poder. Esto ha dado lugar, casi naturalmente, a que desde un ámbito ajeno al de los representantes se vaya incrementando el número de toma de decisiones de carácter general que también son cada vez más alejadas de la realidad socioeconómica del pueblo. Ello ha sido una de las fuentes del descrédito del sistema representativo, al punto de haberlo hecho hoy merecedor de las críticas más feroces. De esta forma, la mayoría de las veces se invade directa o indirectamente al ámbito legislativo, en un intento, carente de inocencia ya, por dar respuestas prontas, rápidas, expeditivas, a los nuevos requerimientos no siempre comprendidos de una sociedad cada vez más compleja y fragmentada. Para los Estados del siglo XIX o principio del XX, la organización de la sociedad relacionaba al hombre como individuo frente al Estado como poder organizado y así el espacio de libertad de los ciudadanos y el espacio del poder del régimen resultaba más claro de distinguir y más nítidas las invasiones que desde la esfera de poder de los gobiernos podía intentarse sobre el ámbito de los derechos de los ciudadanos. Ante estos permanentes avances sobre el espacio de la democracia representativa y la libertad concreta de los ciudadanos que da la autonomía de sentir un peso en el bolsillo, con los consecuentes fracasos de sus gobiernos, el desencanto y el descreimiento campean en el sentir del pueblo; éste ya no cree en sus gobernantes y descalifica toda autoridad y aun el principio mismo de la autoridad. Sin duda, éstas son las más graves secuelas dado el relegamiento social de los más débiles, que ya son millones, relegamiento inherente y funcional a esta tercerización de la representatividad de este impropio sistema supuestamente democrático, que poco a poco va penetrando al ámbito legislativo. Una remanida y conveniente doctrina del pragmatismo político ha hecho que cualquiera sea la plataforma electoral desde la que se promueva una determinada candidatura, cualesquiera sean los compromisos que se asuman en campaña electoral, una vez en el poder y frente a los hechos "imprevistos" o frente a la "herencia recibida", hay que actuar conforme a éstos y no de acuerdo con los principios y compromisos asumidos. Esto ha dado lugar a colosales estafas políticas y a un permanente cuestionamiento, tanto legítimo como interesado, de orden moral al sistema democrático representativo. Así, por estas y otras razones, el Legislativo ha dejado de tener la jerarquía que mostraba hace un tiempo, pues no cumple con el papel de institución mediadora, capaz de conciliar en su seno los intereses sociales. Entonces, como dice Ekmekdjian citando a otros autores: la iniciativa legislativa ha salido de las manos de ese poder, ya que la mayoría de los proyectos que realmente tienen importancia para la comunidad es preparada por los organismos técnicos del Poder Ejecutivo, quedando en manos de los legisladores las proposiciones de menor importancia. Dice también que los representantes de los partidos demoran sin término el dictado de las leyes o transforman los proyectos sustancialmente. Todo esto y otras causas más -que se omiten- según este autor, llevan a delegar las funciones legislativas en la administración pública. Y nuevamente agrega: el proceso legislativo ha sufrido una evolución que contribuye a fortalecer al gobierno y a darle preponderancia sobre el Parlamento. El gobierno no sólo participa en el proceso legislativo, sino que ejerce funciones legislativas directamente por derecho propio o en virtud de delegación. Afirma que la transformación del Estado legislativo en Estado administrativo ha conducido a un cambio muy importante en la dinámica del poder, ya que las intervenciones gubernamentales en la vida social y económica se han incrementado en un grado jamás alcanzado; la esfera de autodeterminación individual ha disminuido considerablemente, la red de reglamentaciones se ha hecho más densa y los contactos del ciudadano con la administración son más frecuentes y complicados. Y más tarde dice que las razones de la hipertrofia del Poder Ejecutivo deben buscarse en los nuevos requerimientos de la realidad política v. gr. los problemas de la defensa, que son más agudos que en otros tiempos; al auge de la tecnocracia, la aparición de medios modernos de análisis, información y control de la opinión pública, que son manejados por el Poder Ejecutivo, la necesidad de planificación, etc. Para finalmente afirmar que las rupturas en el esquema de división de poderes se producen cuando un poder ejerce las funciones de otro. Tal el caso del Ejecutivo que crea derecho mediante reglamentos legislativos. Admite que tiene graves dudas respecto de si el modelo tradicional de la división de poderes sea adecuado bajo las nuevas circunstancias políticas. Y, agrega, en las democracias parlamentarias, el partido político conforma el gobierno y la mayoría en el Parlamento y así controla ambos órganos. Esta introducción partidista pone en peligro el clásico esquema de división de poderes, como control eficaz. Entre otras, es sobre la base de estas consideraciones que la reforma de nuestra Constitución es un compromiso y una oportunidad. Un compromiso para ofrecer algunas formas de la democracia semidirecta largamente reclamadas por la sociedad, para ofrecer más transparencia, más derechos y formas de alcanzarlos, más alternativas de elegir a los representantes, incluir la revocatoria popular, declarar para los funcionarios indisoluble el contrato social, facilitar y promover la organización vecinal para ofrecer candidatos tanto a los municipios como al Legislativo, posibilitar la consulta popular, hacer que el juicio político resulte viable y expeditivo, entre otros temas de importante incidencia en el destino de los neuquinos, cuya incorporación o reforma se propone en esta Constitución. Y es una oportunidad de proveer algún remedio al sistema democrático representativo, remedio que lo fortalezca frente a los embates consecuentes de su fracaso y, también, frente a los embates de aquellos que no quieren la democracia en manera alguna, de aquellos que, de seguir por este camino, tarde o temprano harán oír un discurso disolvente y desmoralizante. Pero ante las alternativas sin salida realmente democrática -con las que parecen enfrentarse estos hechos-, la de sacar provecho en aras del desequilibrio de la división de poderes o la de aceptar las cosas con un fatalismo que indica no hacer nada, yo elijo la de enfrentarlos con espíritu constructivo, la de comenzar el debate y ponernos a trabajar en la búsqueda de soluciones, la de procurar nuevas ideas, la de volver sobre otras formas de la democracia que permitan fortalecer los poderes, que nos permita cumplir cabalmente con nuestra función mediadora entre la sociedad y el poder, capaz de conciliar en su seno los intereses sociales de la comunidad, de nuestro pueblo. Es en este sentido en que hay un reclamo social profundo, cuya atención viene siendo largamente demorada. Escuchémoslo. Los tiempos sociales apremian. (*) Diputada provincial Partido Justicialista de Neuquén
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