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Jueves 28 de febrero de 2002 | |
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Rodríguez respondió a la Legislatura con 750 fojas |
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El ministro de Economía envió ayer las contestaciones a las consultas pendientes de la interpelación del 25 de enero. Advirtió que las reformas mayores del impuesto inmobiliario no serán inmediatas. La aplicación del tributo a las privatizadas exigirá 19 meses de relevamientos porque estimó 2.000 inmuebles y más de 5.000 kilómetros de ramales de las empresas. |
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| VIEDMA (AV).- En casi 750 páginas, el ministro de Economía, José Luis Rodríguez, remitió ayer las respuestas pendientes de su interpelación. El informe enviado a la Legislatura anticipa que no habrá reformas impositivas importantes ya que la prevista actualización catastral no se aplicará ahora porque "el escenario es poco propicio" mientras que el cobro inmobiliario a las empresas privatizadas insumirá 19 meses sólo el relevamiento de los activos, que -según la respuesta- constituyen casi 2.000 inmuebles y más de 5 mil kilómetros de ramales. La elevación inicial de Rodríguez -que comprende 47 páginas- responde consultas específicas de legisladores, las cuales, fueron planteadas en la sesión del 25 de enero y que se estableció su respuesta por escrito. Pero, en principio, ese material no contesta consultas del recinto, que se ratificaron luego en una nota remitida por la Legislatura. Algunas -"sí el aporte realizado a una productora de ají picante permitió reactivar la economía"- eran evidentes chicanas pero otras -cómo los costos actuales del Banco Patagonia en la bancarización - quedaron pendientes. Por el contrario, si bien no hay respuestas del ministro es abundante la documentación de las empresas (más de 700 páginas), cuya inquietud fue planteada por el diputado Eduardo Rosso. En lo impositivo, la elevación precisa que el escenario actual es "poco propicio" por "incertidumbre imperante" para la actualización del valor del Catastro Urbano y Suburbano, a la vez, que estimó que necesitará un plazo de 19 meses para incorporar al impuesto Inmobiliario los activos de las empresas privatizadas. En lo catastral, Rodríguez reiteró que no habrá modificación este año de los "valores básicos de la valuación inmobiliaria". Agregó que a la base impositiva sólo "se incorporará las construcciones no registradas con un relevamiento directo de un millón de metros cuadrados" y prevé "un relevamiento aéreo previsto". Se recopilará datos para actualizar los valores unitarios básicos para su aplicación en el año 2003". En relación al cobro inmobiliario de las empresas privatizadas, el ministro resaltó que la incorporación catastral "implica una importante tarea". "El aspecto más complejo es determinar las valuaciones técnicas de las instalaciones involucradas". En una primer etapa, Economía prevé 8,8 meses para incorporar las instalaciones de gas (11 plantas y 13 gasoductos, con 1.071 inmuebles y con 2.640 kilómetros), 6 meses para los energéticos (10 plantas de generación, 16 estaciones de transformadoras y 9 líneas, con 771 inmuebles y 2.008 kilómetros), 4 meses para las comunicaciones (55 centrales y estaciones de antenas) y 3,2 meses por "componentes de petróleo" (8 plantas y 3 líneas troncales, con 146 inmuebles y 520 kilómetros). Totalizan 1.998 inmuebles y 5.168 de kilómetros en ramales o líneas. Por eso, Economía estimó que ese trabajo insumirá 19 meses, por lo cual, la aplicación del inmobiliario a las privatizadas no se concretaría hasta el año 2004. La creación del fondo frutícola para el 2003 El fondo para desarrollo y emergencias frutícolas se financiará con parte de la recaudación tributaria y de la concesión del puerto de San Antonio Este, según dice el informe de Rodríguez. Entre otras respuestas incluidas en la elevación legislativa de ayer, el ministro de Economía consignó como se constituirá ese fondo frutícola. Se prevé aportar una "asignación directa al sector de lo recaudado de las empresas o productores que no adhieran al sistema (de Transparencia Frutícola) a partir del año 2003. El tema frutícola fue planteado desde la oposición por el legislador peronista Sigifredo Ibáñez. Este le preguntó que cuantos contratos de compraventa de frutas frescas entre productores y empresas se oficializaron. Sobre esto, el ministro respondió que dependerá del interés de las partes porque se trata de una adhesión voluntaria y argumentando que recién se iniciaba la temporada. Reafirmó que se trata del primer año de implementación. Rodríguez agregó que el "gobierno continuará con las acciones de difusión sobre el objetivo" de la Transparencia Frutícola. (AV) El BCRA cuestionó multas por Lecop VIEDMA (AV)- El Banco Central de la República Argentina remitió a la provincia de Río Negro una nota objetando las fuertes multas contra entidades crediticias que no aceptaban Lecop como moneda de pago. En la práctica, la dirección de Comercio seguirá recibiendo denuncias sin problemas. La comunicación del Banco Central habría llegado al ministro de Economía, José Luis Rodríguez, a fines de enero por intermedio del ministerio del Interior, tras lo cual se giraron las actuaciones al Fiscal de Estado, Sergio Ceci. Este funcionario explicó a "Río Negro" que según la entidad reguladora de las operaciones bancarias, el Decreto-Ley 17 que dispone la obligatoriedad de recepción de Lecop "va en contra de la normativa del BCRA". Ese instrumento provincial -que entró en vigencia el 12 de diciembre pasado- prevé sanciones para aquellas entidades que expresen su negativa a recibir ese medio de pago. Las multas van de 1.000 a 90.000 pesos en primera instancia, clausura de hasta 90 días, y suspensión de matrícula, licencia o habilitación hasta 180 días. La norma faculta a la dirección de Comercio a proceder con ese poder sancionatorio y las multas pueden ser apeladas ante las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería rionegrinas. Ceci indicó que el BCRA tomó cartas en el asunto por una denuncia que efectuó el Banco Patagonia, señalando que la nota hizo referencia a la delegación que tiene para disponer la emisión de moneda y que la provincia de Río Negro "ejerció facultades que no corresponden" pero aclaró que "no olvidemos que la Nación envió ese medio de pago". El Fiscal mencionó que la provincia no fue emplazada a contestar, pero fijará posición en base a los argumentos esgrimidos en el mismo decreto, y luego se enviará la respuesta por intermedio de la cartera política nacional. En cuanto a los casi 2.000 sumarios confeccionados hasta la actualidad, el director de Comercio, Gustavo Sanguinetti, dijo que el decreto que respalda las actuaciones "tiene plena vigencia" y si hay algún reparo contra la norma "lo dirá la Justicia" que tiene a su cargo la evaluación de las multas en causas civiles. Insistió en que las actuaciones de damnificados que no pudieron pagar con Lecop no peligran, y que además "es un problema con la Nación" porque es la que emitió esas letras. En el caso del banco Patagonia, las infracciones alcanzarían a los 50.000 pesos aunque la primer sanción alcanzó al Hipotecario Nacional con una sanción de 20.000 pesos. |
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