Ventilan oscuras maniobras en la cartera laboral

Un ex juez laboral neuquino y dos abogados están acusados de cometer el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y por eso comenzaron a ser juzgados ayer. En su momento, el gremio ATE denunció la existencia de un "estudio jurídico paralelo" en la cartera laboral. Ayer se escucharon testimonios de empleados de Trabajo.

Los bombos molestan a los jueces

NEUQUEN (AN).- El juicio había comenzado a la mañana, pero al mediodía el ruido de una manifestación de estatales en la puerta del edificio donde funciona la Cámara llevó a los jueces a tomar la decisión de suspender la audiencia hasta la tarde.
Todos fueron convocados para las 14 pero, impuntuales, los magistrados reanudaron la sesión minutos antes de las 14.30.
El fiscal Ricardo Mendaña orientó su estrategia en preguntas directas, todas relacionadas a un mismo objetivo: intentar demostrar que Claudio Acosta, Alfredo Fager y Augusto Barona, mientras ocuparon cargos en la función pública mantuvieron sus intereses activos en el estudio jurídico que comparten. Y que además habrían utilizado al Estado para derivar juicios que, como se sabe, se transforman en dinero a través de los honorarios.
Por eso insistió en consultas sobre la distribución de tarjetas dentro de la cartera laboral, en conocer detalles sobre los cambios que se impulsaron en sectores internos de la secretaría y especialmente en el caso de asesoramiento a empleados de una estación de servicio (ver nota central).
Gustavo Olivera, el defensor de los tres acusados, empujó a los testigos a bucear en sus propias contradicciones -"me dijeron", "no me acuerdo el nombre" y otras generalidades por el estilo que se escucharon en varios pasajes de los testimonios.

Envuelto en polémicas

NEUQUEN (AN).- A fines de 1997, el entonces gobernador Felipe Sapag del Movimiento Popular Neuquino, eligió a Claudio Acosta para ocupar la secretaría de Trabajo, una cartera que se había creado para reemplazar a una dirección general.
Acosta abandonaba el cargo de juez laboral y había enfrentado, en 1992, un jurado de enjuiciamiento por su intervención en una causa vinculada a TCI, una empresa constructora vinculada a la familia Sapag. Del juri salió absuelto.
El ex titular de la cartera laboral renunció a ese cargo el 15 de abril de 1999 en medio del escándalo por las denuncias que involucraban a su función con el estudio jurídico que compartía con otros dos abogados (ver nota central).
En el juicio que comenzó ayer se le imputa un delito penal que contempla un castigo de reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por un período que puede ir de un mínimo de tres a un máximo de diez años.
Pero la historia de Acosta no concluye allí.
El ex juez laboral reclama el beneficio de una jubilación de privilegio y el Tribunal Superior de Justicia declaró admisible, en diciembre del año último, un planteo que llevó Acosta.