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Martes 12 de febrero de 2002 | |
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Se demora la definición del impuesto petrolero |
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A pesar de que existiría un acuerdo básico, las firmas del sector siguieron pujando individualmente todo el fin de semana |
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| BUENOS AIRES (ABA).- Acorde con una política de mantener el bajo perfil sobre el tema, el gobierno decidió postergar para hoy a la tarde el reinicio de las reuniones con las empresas petroleras para definir de una vez por todas el modo en que éstas aportarán fondos para salir de la crisis. El encuentro estaba convocado en un principio para ayer a la mañana en la quinta de Olivos, pero en sintonía con la dinámica de marchas y contramarchas en que se desenvuelven las negociaciones, fue postergado por un día más. Fuentes de la Casa Rosada explicaron que la administración del presidente Eduardo Duhalde busca bajar el tono al acuerdo que está por sellar con las compañías del sector por el que se les requeriría un desembolso anual cercano a los 350.000.000 de dólares, que provendría de un gravamen de entre un 4 y un 8% sobre la producción de hidrocarburos. ¿Los motivos? -El tenor de los intereses que están en juego tanto para las empresas como para el propio gobierno, necesitado de obtener recursos pero sin perjudicar a los capitales y, por transición, a las inversiones previstas y a las fuentes de trabajo. A pesar de que las partes ya habrían alcanzado un acuerdo básico sobre el modo en que se contribuirá, el nivel de cohesión no es total entre las empresas. Justamente por eso, ayer y todo el fin de semana, cada una dialogó por las suyas con los interlocutores de Duhalde para que se consideren los casos particulares. "No hay anuncios porque la relación está en la etapa del puro tironeo y del gran lobby", aseguró en este sentido una fuente del sector. Lo que divide las aguas entre las empresas es la variable que se utilizará para que se apliquen las retenciones en boca de pozo. Las compañías pujan por definir una tributación diferencial entre la producción petrolífera de buena calidad, la estándar y la regular -medidas en términos de densidad del mineral y del costo del transporte, que gravitan sobre el valor final del barril de crudo-. Es decir que si un pozo produce un petróleo de una densidad baja y tiene además altos costos de transporte, su barril de crudo tendrá menos valor que el de uno que funcione con las características opuestas. Y, según los empresarios, debe ser gravado por lo tanto con un tributo menor que el que se está barajando. En caso contrario, aquellos pozos que produzcan este tipo de mineral corren en riesgo de ser cerrados, ya que el margen de utilidades que se obtendría no justificaría su funcionamiento. A esto se suma la metodología consensuada en principio con el Gobierno, que establece recién se cobraría el 8% si el valor del crudo a nivel internacional cotiza de 20 dólares en adelante. Si este fluctuara entre los 14 y los 16 dólares, el impuesto sería del 4%; y si fuera entre 16 y 18 dólares, sería del 6,5%. Al tener que acordar que los montos que pudiera recaudar el Gobierno serían variables de acuerdo a los factores de la producción y del precio del barril de crudo, los tiempos se estiran. Y la falta de una definición formal sobre el tema no resulta precisamente beneficiosa para las empresas. Altas fuentes de Repsol aseguraron ayer que el valor de las acciones de la empresa cayeron en un 10% debido a la incertidumbre que generan las marchas y contramarchas en las negociaciones por el tributo a las compañías del sector hidrocarburífero. |
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