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Sábado 9 de febrero de 2002 | |
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Otro no a los tragamonedas |
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El juez Bustamante revocó lo resuelto por la jueza de feria Liliana Piccinini y ordenó otra vez la inhabilitación y el secuestro de las máquinas tragamonedas del casino de Viedma. Sostuvo que la decisión anterior que él había tomado puede ser revocada por un superior, no por un par. |
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| VIEDMA (AV)- La Justicia ordenó nuevamente la inhabilitación y el secuestro de las máquinas tragamonedas del Casino "Golden Walley" de Viedma. Jorge Bustamante como juez natural de la causa revocó lo resuelto por la jueza de feria Liliana Piccinini y dispuso el allanamiento de la sala de juegos, ubicada en Cardenal Cagliero y Vallese de esta capital, para colocar las fajas de seguridad en esas máquinas e impedir su utilización. En la resolución el magistrado cuestionó la actitud de la jueza Piccinini, quien previo habilitar la feria judicial "sin citar fundamentos jurídicos" ordenó a Hugo Arbanás que acreditara su calidad de gerente para designarlo depositario judicial de los tragamonedas y habilitar su utilización. Además dispuso que Lotería remitiera documentación relativa a la recaudación diaria. Bustamante opinó que este caso no requiere de una urgente definición judicial "como otros e inclusive algunos que no tuvieron igual tratamiento" y añadió que la resolución por él firmada puede ser revisada por un superior pero "nunca por un par". Interpretó que las consideraciones de la jueza de feria "no se fundan en hechos ocurridos en forma posterior al dictado de esa resolución que podrían haber modificado el criterio de la misma". Piccinini vinculó el perjuicio económico por la inutilización de las tragamonedas con la recaudación que se destina en un porcentaje a la Lotería de Río Negro señalando que "se trata de fondos propios del erario público en la parte que corresponde" y fundamentó la necesidad del Tesoro provincial de ingresar fondos a sus arcas, especialmente aquellos destinados a la asistencia social. Este análisis fue considerado "intrascendente" por Bustamante aunque admitió que "pudo haber sido cierto en otro momento pero desconoce la jueza la unificación de los fondos provinciales y, por lo tanto, los correspondientes a la recaudación de las máquinas pueden o no estar destinados a la asistencia social. Además no hay prueba alguna que acredite tal extremo". El juez aclaró en la reciente resolución que las medidas adoptadas son de carácter instructorio no necesitando para ello la previa declaración de probabilidad (auto de procesamiento) y menos aún la declaración de certeza (sentencia definitiva). Agregó que para el secuestro de bienes es el juez el que evalúa si existen motivos suficientes para adoptar esta determinación y que esto no modifica la presunción de inocencia de la que gozan los imputados pero "a esta altura del proceso lo que interesa es el secuestro de los bienes objeto de la investigación. El magistrado concluyó en que "la afirmación de la señora jueza de feria no encuentra asidero jurídico más que en su propia afirmación". |
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