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Sábado 9 de febrero de 2002 | |
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Embargo de Cliba complicó a Bariloche |
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Afecta el 10% de los ingresos coparticipables del municipio. El juicio es por 1,7 millones |
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| SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Justicia resolvió embargar el 10% de todos los ingresos por coparticipación que recibe el municipio de Bariloche, a fin de cubrir una deuda acumulada durante varios años con la empresa encargada de recolectar los residuos domiciliarios. La novedad cayó como un baldazo helado sobre el Ejecutivo, que enfrenta un crudo cuadro económico y no consigue definir la forma en que afrontará todos los requerimientos, en especial el pago de haberes atrasados que ya llega a dos masas salariales. La intendenta Graciela Di Biase dijo que el juicio de Cliba que origina el embargo es por 1,7 millones de pesos, pero la deuda con la empresa ya supera largamente los dos millones. La intención del gobierno es renegociar ya el contrato con la firma, que le cuesta 130 mil pesos por mes, aceptando una prestación más acotada por un desembolso que no supere los 72 mil pesos. Días atrás, desde el Ejecutivo aseguraron que no pasaría esta semana sin que haya definiciones por este tema, pero hasta ayer no había novedades. La salida más posible es que Cliba se retire definitivamente y la recolección quede a cargo de otra empresa, o también que el municipio participe de las tareas con personal propio. El embargo recaerá en principio sobre los 250 mil pesos en Lecop que la provincia está a punto de remitir. Ayer había caras largas en los pasillos del Centro Cívico porque la imposición judicial desbarata el compromiso firmado por Di Biase para asignar el 70% de todos los ingresos al pago de salarios, el 20% para amortización de deuda y pago a proveedores y el 10% para infraestructura y servicios. Sobre esa distribución se asienta en buena medida la "paz social" con el Soyem, que la intendenta considera esencial para su supervivencia. Además del sofocón causado por el acoso de Cliba, ayer Di Biase enfrentó una mañana agitada, en la que debió atender reclamos del más variado origen. Se reunió, por ejemplo, con beneficiarios del plan Solidaridad, que dejaron de recibir la ayuda comprometida; con dirigentes vecinales de los barrios del Oeste; con trabajadores de la Salud Privada y con líderes comunitarios del barrio Dos de Abril. Todos con quejas sectoriales por el abandono del Estado de sus obligaciones elementales. El secretario de Gobierno, Alejandro Soraires, dijo que "la situación de Bariloche es muy especial y muy grave" y que "hay algunos en el Concejo y en el gobierno provincial que parecen no entenderlo". A su juicio, la provincia y la Nación no están brindando la ayuda necesaria. "Todos apoyan de palabra -se quejó-, pero aquí hace falta ligar la palabra a la acción". Defendió lo actuado hasta aquí por el gobierno de transición y cuestionó las presiones que llegan desde Viedma "porque están pidiendo medidas que no pudieron conseguir con Feudal, y éso que era de su mismo partido". |
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