Domingo 3 de febrero de 2002

 

Revelador informe sobre la crisis en Bariloche
 

Advirtió sobre los fuertes gastos en la municipalidad. Tiene los sueldos más altos de Río Negro.
  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un informe reservado concluido a fines del 2001 advirtió sobre "la imposibilidad" de sostener la "gobernabilidad del municipio" si no se realizaban urgentes correcciones al marcado desfasaje fiscal que sufría -y continúa sufriendo- la comuna, atribuido en primer lugar al excesivo gasto salarial.
El informe, elevado al ministerio de Economía de la provincia, ubicó el "déficit primario mensual" del municipio en 250.000 pesos y estimó el "déficit mensual global", incluyendo capital e intereses de la deuda pública comunal, en 727.000 pesos. Al mismo tiempo señala que "el stock de deuda" asciende a 15 millones de pesos "sin incluir las obligaciones contingentes en trámite judicial".
La consultora -que pidió mantener en estricta reserva su identidad- calificó el estudio de "preliminar" debido a que se basó en el promedio presupuestario enero-mayo de 2001 por la carencia de "información referida a la ejecución del segundo semestre" del año pasado. En los hechos los asientos contables de ingresos y egresos correspondientes al período fiscal 2001 llegan hasta el mes de junio.
La primera, y quizás principal conclusión es que "la municipalidad de Bariloche enfrenta una situación inédita; tiene que tomar urgentes decisiones orientadas al objetivo de equilibrar sus cuentas pues ya no le quedan opciones para financiar un déficit crónico que impide su gobernabilidad"
El escrito afirma que "los gastos en personal son los que explican el brutal incremento de las erogaciones totales" registrado desde 1993 hasta la fecha.
El análisis de la evolución presupuestaria de los últimos ocho años puntualiza que "en 1993 Bariloche tuvo un superávit primario de 3,8 millones de pesos, en 1994 se redujo a 1,8 millones y ya en 1995 pasó a un déficit de 2,8 millones de pesos" explica.
La sostenida curva deficitaria, que oscila en la franja de los tres millones de pesos hasta 1998 y luego se dispara por encima de los cuatro millones, es atribuida a un aumento de un 54 por ciento en los gastos entre 1993 y 2000.
El estudio que desestima la necesidad de una mayor presión fiscal en el convencimiento de que "el nivel de recursos municipales alcanzado no es para despreciar" orienta las posibles soluciones a la reducción del gasto en personal y la optimización de los servicios.
En tal sentido asegura que "los costos salariales de la jurisdicción -totales- son los más altos entre todos los municipios de la provincia, superando al promedio en un 26 por ciento".
La diferencia comparativa trepa al 49 por ciento respecto del sector público rionegrino y al 82 por ciento respecto de "los salarios que paga el promedio del sector privado nacional".
Sobre esta base la consultora sugiere operar una reducción del gasto global en personal del 25 por ciento para "cerrar un déficit operativo mensual de 320.000 pesos que permita mantener el stock de deuda actual".
Los ministros rionegrinos que brindaron su apoyo a la intendenta interina Graciela Di Biase, exhibieron una singular sintonía con el informe al reclamarle "urgentes reformas fiscales" en el Estado de Bariloche y "reorientar el trabajo de los agentes y optimizar el municipio".

Gran desfasaje entre salarios y servicios

La reforma del estatuto de los trabajadores municipales fue y es el mayor desafío para cualquier gobernante de esta ciudad. La extemporánea normativa que regula los derechos y obligaciones del personal -ordenanza 137 de 1988- carece de un escalafón legalmente aprobado que dé sustento a las 17 categorías administrativas en que se divide la diversidad de tareas desempeñadas por los trabajadores del municipio.
Dos de los conceptos más anacrónicos del estatuto local, sustentados por la ley provincial 811 de 1977 -de estatutos municipales en Río Negro- son el ascenso automático de categorías y el aumento de sueldos por antigüedad.
Desde el año 1988 hasta la fecha la asignación de remuneraciones adicionales y la correspondiente liquidación salarial se hace en base a usos y costumbres, debido a que ningún gobierno municipal priorizó el tratamiento del escalafón.
Sobre una planta superior a los 600 agentes, el 73 por ciento de los salarios se ubica en la franja de 1.000 a 1.500 pesos mensuales. Solo un 14 % de los trabajadores percibe remuneraciones inferiores a los 1.000 pesos mensuales, pero en ningún caso menor a 500 pesos.
Los mayores sueldos se distribuyen entre el 13 % restante del personal, del que sólo un dos por ciento recibe haberes superiores a los 2.500 pesos mensuales.
En lo que hace a la prestación de servicios, la observación formulada por los integrantes del gabinete provincial al flamante gobierno de transición sostiene que "hay 30 empleados que sirven café y solo 14 agentes que cuidan las plazas". El municipio dispone de unos 75 peones en planta, pero merced al proceso de ascenso automático de categorías la mayoría trabaja en oficinas y sólo unos pocos prestan servicios en las calles. También hay una treintena de choferes de camiones, que prácticamente duplican la cantidad de rodados del parque automotor.
"Un municipio del Primer Mundo, similar al gabinete político que armó en su momento el ex intendente Atilio Feudal", concluyen.
   
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