Río Negro apura las reformas constitucionales
Martínez pide opiniones y evalúa los mecanismos. En la Legislatura, Verani avanzará en los cambios.
El ministro de Coordinación, Gustavo Martínez admitió ayer a "Río Negro" que el discurso tendrá adelantos en relación a la reforma constitucional. No quiso dar mayores precisiones, salvo transmitir sus objetivos de cambios.
En el mensaje, el mandatario insinuaría líneas generales de la reforma mientras insistiría en un mecanismo de consenso inicial para después avanzar en los esquemas institucionales.
Martínez bien define la cuestión cuando reivindica avanzar en "la discusión e información pública para legitimar los cambios. Ese beneplácito de la ciudadanía será el mejor mecanismo para contrarrestar y defender a la reforma de los eventuales reclamos que aparecerán por los intereses afectados".
Por eso, Verani avanzará en un llamado a la concertación política y sectorial, incluyendo -como objetivo- que las reformas pretendidas se aceleren con la revisión de los gastos políticos. Así, el gobernador remitió a la Legislatura el acuerdo firmado con el presidente Eduardo Duhalde que contempla una reducción del 25 por ciento en los diputados y, entre otros, la suspensión en las dietas a concejales de municipios con menos de 10 mil habitantes.
"Verani tiene reparos en esos lineamientos pero servirá de escenario en la revisión política", confió una fuente gubernamental.
Cuánto avanzará el gobernador en el mensaje es toda una incógnita y, también dependerá del desenlace de las negociaciones por la deuda y la coparticipación, que retomará hoy con la Nación.
Igualmente, Martínez recopila opiniones y documentaciones. El último viernes, el ex diputado Oscar Machado le acercó un diseño que el vicegobernador Bautista Mendioroz acordó un grupo técnico, que además integran el diputado Fernando Grandoso, el secretario legislativo, Alberto Carosio y el asesor Roberto Rulli.
Ese esquema pivotea en un urgente lanzamiento cambios constitucionales a través de varias enmiendas. El artículo 119 establece que "la enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes puede ser sancionada" por los dos tercios de la Legislatura aunque debe ser ratificado por un referéndum. "Se puede realizar tres o cuatro enmiendas urgentes", dice Machado.
Las mismas contemplaría reducciones de "estructuras estatales y de los gastos políticos". Machado explica que la enmienda permitirá aplicar rápidamente cambios, como reducir el número de diputados en el 2003 sino habrá que esperar para la próxima elección.
La enmienda y sus alcances genera incertidumbre. Machado confía que no existen limitaciones, siempre que se ratifiquen en un referéndum que bien puede incluir varios artículos. "Es un mecanismo para explorar", manifestó otro técnico, consciente que puede lograr el objetivo esperado pero antes se debe consensuar con los distintos sectores y evaluarlo con los jueces.
El escenario mediato plantea para después la reforma constitucional en sí que -según Machado- se debe programar a partir de una elección de convencionales que coincida con la elección general de 2003.
La Legislatura avanzará en la nueva coparticipación municipal
JACOBACCI (AJ).- La Legislatura comenzará a evaluar el proyecto de la nueva coparticipación municipal. El actual régimen -la ley 1946- tiene más de 15 años .
El proyecto, cuyo autor es el radical Alfredo Pega, pretende "reflejar la situación de los municipios en relación a la crisis y la distribución de los recursos coparticipables".
En este contexto, sólo "los cuatro municipios grandes se ven favorecidos con la actual ley de Coparticipación mientras que el resto se hunden cada día más por la falta de recursos". "Sabemos que este proyecto va a tener el rechazo de los municipios grandes, pero si no modificamos esta realidad la mayoría de los municipios se mueren. Por eso queremos debatir a fondo el rol que juegan los municipio, especialmente los medianos y chicos" sostuvo Pega.
La vigente ley 1946 contempla una distribución primaria de los recursos entre los 38 municipios que genera fuertes discusiones porque luego se fijó -por ley 2475- un piso de 2,4 millones por mes que, si no salen de la recaudación de impuestos, la provincia debe afrontarlos. En enero de 2002 la recaudación no llegó al piso. Sin embargo cuando la recaudación es superior a los 2,4 millones sólo se coparticipa el 10% de superávit.
El proyecto de Pega pondría en debate una política de distribución a suerte y verdad (si a la provincia le va bien a los municipios también) con una distribución por todo concepto de alrededor del 15% de los recursos que recibe y recauda la provincia.
La coparticipación primaria se genera por los ingresos de los impuestos nacionales, como también, sobre ingresos brutos, inmobiliarios, al automotor, loterías y regalías. La distribución entre los municipios se aplicará en base a la población, recaudación de la jurisdicción municipal y una suma fija para todos los municipios.
La iniciativa de Pega incluye a otros ítems como el NBI y la eficiencia, analizando el gasto de personal en función a las erogaciones y los recursos en función de los recursos totales del municipio. "Este esquema apunta a que los municipios con mayores problemas sociales tengan una mejor coparticipación y un premio aquellos que tengan mayor eficiencia". El proyecto adjunta un estudio de los municipios, los sistemas de coparticipación de todas las provincias y distintas variantes de distribución, tanto primarias como secundarias.
Por otro lado, se rescata la automatización de envíos de coparticipación (que es un proyecto de Guillermo Wood) con lo cual se intenta dar previsibilidad a los ingresos de los municipios.
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