Jueves 14 de febrero de 2002

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Se suspendió el debate del presupuesto por protestas

 

Los esfuerzos del gobierno para que legisladores voten el presupuesto se suspendieron imprevistamente, cuando la policía advirtió que carecía de personal suficiente para garantizar su seguridad frente a un posible desborde de los manifestantes. El debate sigue hoy.

  Los esfuerzos del secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, por convencer a los diputados del PJ para que voten el presupuesto se suspendieron ayer imprevistamente, cuando la policía advirtió que carecía de personal suficiente para garantizar su seguridad frente a un posible desborde de los manifestantes que protestaban en las inmediaciones del Congreso.
Hasta entonces, Lamberto había lanzado un encendido alegato destinado a conquistar adhesiones y luego había soportado uno tras otro los reclamos, tras asegurar que se iría del gobierno si alguien se propusiera "cometer el desatino de emitir (moneda) sin control"
Fuera del Congreso confluían las filas del CTA, en una concentración convocada para rechazar el presupuesto, y grupos de piqueteros, acorralados y manifestantes del Frenapo.
Mientras tanto, en el interior, el secretario de Hacienda levantaba el tono para afirmar que "sólo el peronismo" podía "sacar al país de la quiebra", reclamar unidad a su partido y advertir sobre la falta de recursos para flexibilizar los números, en vista a la resistencia dentro de las filas del PJ, para aprobar la ley de leyes.
Llamativamente, Lamberto informó siempre sobre un déficit "inferior a los cinco mil millones de pesos", según revelaron los diputados, cuando en el proyecto la cifra oficial es de 2.868 millones. En la estimación de déficit puede descubrirse la decisión del gobierno de aceptar dar marcha atrás con los recortes a la promoción industrial y agropecuaria de las provincias. Entre los principales cuestionamientos que escuchó Lamberto figuraron:
* Que el presupuesto otorgue prioridad a las provincias en la distribución de partidas.
* Eliminar el esquema distributivo que deja los fondos universitarios bajo la órbita del Ministerio de Educación.
* Acordar un cronograma de devolución de las deudas provinciales.
La crisis de financiación del PAMI ocupó un lugar especial (ver pág. 6). Graciela Camaño reclamó por los trabajadores de la obra social, mientras que el mendocino Arturo Lafalla propuso regionalizar sus servicios. El interventor del PAMI, José Manuel Corchuelo Blasco, esperó en vano su oportunidad para participar de la discusión, ya que la interrupción dejó su discurso para hoy. Por último, los diputados Britos, Ubaldini y Quintela pidieron devolver parte del recorte del 13 % a las jubilaciones.
Por su parte, el bloque de la UCR buscará acordar con el PJ modificaciones al Presupuesto, para garantizar que los bonos que reciban las provincias por las deudas pendiente con la Nación tengan "mayor liquidez", y que se fije un monto de 300 millones para el Fondo de Incentivo Docente. Además los radicales, que acordaron su postura con los gobernadores de esa fuerza política, quieren también la pesificación 1 a 1 de las deudas que tienen las provincias y que están contempladas en el megacanje y una prórroga del goteo que aplica el Banco Nación.
Por otra parte, el Senado dio un paso adelante en la decisión de bajar el costo de la política pero auguraron resistencias dentro del cuerpo. (DyN)

La otra pulseada

El debate sobre la promoción regional, que el primer presupuesto suspendía y que ahora el gobierno aceptó mantener, ocultó un conflicto aún más laberíntico, que tiene a los gobernadores y la Nación en una negociación pantanosa: la millonaria deuda externa de las provincias.
Cuando en tiempos de Cavallo los gobernadores aceptaron reducir el 13% de su coparticipación, la moneda de cambio fue una disminución de la tasa de su deuda en el denominado tramo uno del canje. La devaluación modificó como la fuerza de un terremoto el escenario de aquel acuerdo.
Cuando las provincias advirtieron que el presupuesto eludía una salida concreta, gobernadores alertaron a sus legisladores y el conflicto quedó abierto. Santa Fe, por caso, tienen la orden de rechazar la aprobación. El enfrentamiento atraviesa los partidos mayoritarios. Las provincias rechazan la pesificación a 1,40 de sus deudas, ya que las consideran impagables si además se suma el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y una tasa de interés todavía incierta. (DyN)

     
     
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