Las obras sociales y el PAMI jaquean a la salud pública neuquina
Gore estuvo ayer con los legisladores de la comisión de desarrollo humano y social de la Legislatura a quienes explicó que el presupuesto provincial en saludo aumentó a 126 millones de pesos en 2001, cuatro millones más que el ejercicio anterior, de acuerdo con las disposiciones del Ejecutivo al respecto. Dijo que la carga salarial sobre el sistema llega a 92 millones de pesos -algo más del 73%- e indicó que la crisis económica del país incidió de manera negativa en el sistema: obligó a postergar cirugías programadas por el aumento de los insumos importados que ahora se adquieren solamente al contado.
Dijo que en los últimos meses de 2001 se registraron pacientes en el Hospital Castro Rendón, con estudios complejos que "en un 25% habían cambiado de domicilio" en el bimestre inmediatamente anterior. Ese incremento -debido al colapso del sistema rionegrino, fundamentalmente- y al "quiebre" de la obra social previsional, que impide la absorción de la demanda en los sistemas provinciales también incide negativamente en la salud pública provincial.
El presupuesto en insumos y medicamentos es de 17 millones de pesos anuales y, a las dificultades en la cadena de abastecimiento se añade la injerencia de los programas nacionales -VIH-sida- que requiere unos tres millones de pesos por año y que en oportunidades se demora. Los aportes de Nación también disminuyeron en los recursos para programas materno-infantiles, que fueron suplidos con fondos de la provincia.
Hoy a las 18 la Cámara sesionará para ingresar los proyectos de ley de convocatoria a elecciones constituyentes para reformar la Constitución provincial; de enmienda de la Carta Magna; la creación de la agencia de turismo y la disolución del Iadep, todas iniciativas del Ejecutivo provincial.
Los temas que tratarán en la sesión de hoy
La oposición presentará el pedido de suspensión por 90 días del corte de servicios de gas y electricidad a los usuarios con problemas económico a y los procesos de ejecuciones hipotecarias y prendarias y la creación del defensor del pueblo -propuestas de la Alianza-. El PJ impulsa una declaración para que el Ejecutivo gestione el uso de Lecop en los bancos. La decisión de sesionar se adoptó ayer al mediodía en la reunión de la comisión de labor parlamentaria, de la que participaron Ricardo Villar, Julio Falleti, Raúl Radonich, Carlos Asaad y Carlos Moraña.
"Sólo poniéndoles un arma en la sien"
ZAPALA (AZ).-"En las actuales condiciones la única manera de forzar un retiro voluntario en los municipios neuquinos es colocar un arma en la sien de los empleados" aseguró el intendente zapalino Raúl Podestá en torno a la promocionada disminución de agentes que propone el gobernador Jorge Sobisch.
Podestá recordó que "con las nefastas experiencias que se vivieron en el pasado la gente no va aceptar de ningún modo cualquier salida compulsiva del Estado". Además advirtió que quienes ingresaron en esta modalidad "o están de vuelta en el Estado o reciben subsidios para sobrevivir".
En ese contexto Podestá propuso "la consolidación de una economía fuerte por fuera de los organismos públicos para luego pensar en quitar gente de la administración".
Al mismo tiempo consideró necesario "el fortalecimiento de los municipios para generar alternativas que promuevan el desarrollo de la región".
Luego de reconocer que se enteró por "Río Negro" del proyecto del gobierno provincial sostuvo que "las soluciones deben tener como eje la participación de los propios municipios" y calificó de "fuera de lugar" a la alternativa de gestar desde la capital neuquina recetas para podar los planteles de empleados municipales.
A poco de partir hacia Buenos Aires donde hoy se reunirá con el vice jefe de gabinete, Juan Pablo Cafiero, para gestionar la llegada de fondos del programa Redes y con el senador nacional justicialista Sergio Gallia, Podestá reiteró la invitación a "abrir el diálogo entre un grupo de intendentes y los técnicos de la provincia para avanzar en soluciones consensuadas".
En Zapala la relación entre habitantes y empleados municipales se ubica en un 2% doblando las recomendaciones que se impulsan en la materia desde los organismos internacionales de crédito.
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