Cavallo dijo que "nunca" instigó a los bancos a desobedecer fallos
El ex ministro de Economía declaró cuatro horas antes.
Aunque había sido convocado para las 11, Cavallo ingresó a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro minutos antes de las 7 y pasadas las 8 se retiró del despacho de Ballestero, quien había accedido al pedido del abogado Eduardo Oderigo para anticipar la audiencia y evitar posibles manifestaciones de repudio al padre del "corralito". Fuentes judiciales dijeron que, para no incurrir en "errores técnicos", Cavallo entregó al juez y al fiscal Gerardo Di Masi un escrito en el que subrayó que "jamás pensé que la resolución 850 podía interpretarse como una instigación a los bancos para que desobedecieran a los jueces".
El 17 de diciembre último, mientras decenas de jueces de todo el país dictaban fallos que obligaban a los banqueros a devolver el dinero de los ahorristas, Economía emitió la resolución 850 mediante la cual instruyó a los banqueros a "no aceptar bajo ningún concepto las mandas judiciales" contra el corralito, porque el "cumplimiento" de las medidas estaba "condicionado a la previa intervención del Estado nacional".
La poco feliz resolución de Economía determinó que algunos gerentes de entidades bancarias fueran sancionados por la Justicia por incumplir las órdenes impartidas desde los tribunales. Además, la circular 850 se convirtió en la primera batalla judicial que debe librar Cavallo desde el abrupto fin del Gobierno de Fernando de la Rúa.
En el escrito que -asesorado por el abogado Oderigo- entregó al juez, Cavallo explicó que ante la "interpretación" dada a la resolución 850, desde el Palacio de Hacienda emitió una circular que aclaró que los banqueros debían cumplir las mandas judiciales pero reportar de inmediato la situación a Economía. "La idea era ganar tiempo, saber con precisión cuál era la situación ante la Justicia y presentar las apelaciones correspondientes", manifestó Cavallo al juez, según allegados a la investigación.
El ex ministro hizo constar en la presentación a Ballestero que su intención "era poner al Estado en conocimiento de todas las medidas cautelares" dispuestas por la Justicia contra el corralito.
En la audiencia, el juez y los fiscales formularon preguntas a Cavallo luego de leer el escrito con su descargo. Y hoy los investigadores indagarán a una funcionaria del Ministerio de Economía que brindó el asesoramiento jurídico para el dictado de la resolución 850.
Diputados aceleran el juicio político a la Corte
BUENOS AIRES, (DyN) - La comisión de Juicio Político de la Cámara baja estableció esta tarde un plazo instructorio de 10 días de acumulación de pruebas que fundará la acusación contra miembros de la Corte Suprema por presunto "mal desempeño", según varios de los expedientes considerados.
Así se calcula que entre fines de febrero y la primera semana de marzo la acusación de los magistrados se podría estar tratando en el recinto.
Luego de casi cuatro horas de reunión a puertas cerradas, el presidente de la Comisión, el justicialista Sergio Acevedo, precisó que las causas que se considerarán en primero lugar son las de "puro derecho", que sólo necesitan pruebas documentales. Esto significa que a la comisión le basta contar con los fallos y acordadas de la Corte para probar su desempeño en determinadas causas.
Estas causas son las que refieren a las decisiones de la Corte sobre el rebalanceo telefónico, la no jubilación de Carlos Fayt, el corralito bancario, la habilitación de Raúl Romero Feris para presentarse como candidato a gobernador en Corrientes y el no cumplimiento de la ley de ética pública.
Acevedo informó que ayer , dentro del plazo estipulado, la Corte remitió los fallos y acordadas que la comisión le solicitó por oficio el viernes pasado.
La diputada Nilda Garré calculó que, una vez que se formule la acusación, los jueces tendrán unos cinco días para hacer su descargo (oral u escrito) ante la comisión, tras lo cual el trámite estará en condiciones de tratarse en la Cámara de Diputados.Más adelante podría ampliarse la acusación en base a otros expedientes que seguirán abiertos a prueba..
Dos jueces contra suspensión de demandas
BUENOS AIRES (DyN) - Un fiscal cordobés reclamó ayer que se declare inconstitucional el decreto del presidente Eduardo Duhalde que suspende por seis meses los recursos judiciales sobre el corralito bancario y dos jueces marplatenses se pronunciaron contra esa medida y ordenaron devolver sus ahorros a un matrimonio y a un jubilado, mientras la Corte Suprema espera analizar en las próximas jornadas la viabilidad de la norma oficial.
Los jueces federales marplatenses Mario Arturo Robbio y Daniel Vázquez ordenaron ayer a distintos bancos privados la restitución del dinero de esas personas en la moneda original, y declararon inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que suspende por 180 días la tramitación de los procesos judiciales contra el corralito.
Vázquez dispuso que los bancos Río, BBVA Francés y HSBC restituyan los depósitos en dólares a un matrimonio que había presentado el amparo contra las restricciones al retiro de dinero de cuentas bancarias.En su resolución, Vázquez consideró que "la situación de emergencia económica declarada por el gobierno nacional no puede ser fundamento alguno que justifique la suspensión de las garantías constitucionales".
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia no se abocó aún al análisis del decreto que suspendió por seis meses las acciones judiciales contra el corralito financiero. El tema no estuvo en el acuerdo de ayer, pese a cierta expectativa sobre un eventual pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 12 del decreto.
Analizan objeción al mandato de Duhalde
BUENOS AIRES (DyN) - Un expediente que cuestiona el mandato como presidente de Eduardo Duhalde otorgado por la Asamblea Legislativa del 1 de enero pasado, quedará esta semana a estudio de la Corte Suprema de Justicia, que -no obstante- eludiría pronunciarse sobre la cuestión.
Así lo confirmaron cuatro fuentes judiciales, que aseguraron que la Corte "no se meterá", en un potencial nuevo factor de tensión con el gobierno. La objeción sobre la legitimidad del mandato de Duhalde llegará al alto tribunal por la vía del "per saltum", al amparo del artículo 18 de la ley de Emergencia Pública, sancionada el 7 de enero pasado -ya durante la gestión Duhalde-, explicaron las fuentes. Se trata de una objeción constitucional de los términos de la designación de Duhalde planteada por el abogado Pedro Prada Errecart, quien sostuvo que la Asamblea se excedió en el alcance de sus facultades.
Ese expediente está actualmente a estudio de la jueza en lo contencioso administrativo de primera instancia Susana Córdoba, quien resolvería en las próximas horas y, así, podría dejar expedita la vía para que sea la Corte, en última instancia, la que analice la legitimidad del mandato de Duhalde hasta diciembre de 2003.
El artículo 18 de la ley de Emergencia Pública establece que "cuando se dicten medidas cautelares" que afecten el "desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado" nacional, provinciales, municipales o reparticiones centralizadas o descentralizadas "podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte".
Pero el máximo tribunal ya habría encontrado, dentro del mismo texto del artículo 18, el argumento para evitar abocarse al estudio de la cuestión de fondo: la norma legal establece que el per saltum estará habilitado "cuando se dicten medidas cautelares", y según todo parece indicar, la jueza Córdoba no haría lugar al planteo.
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