Prohíben salir del país a Escasany, del Banco Galicia
Las diferencias entre bancos argentinos, norteamericanos y españoles amplían las demandas
Ayer a última hora, un rumor proveniente de fuentes judiciales aseguraba que la semana próxima María Servini de Cubría detendrá a un importante banquero argentino. La jueza federal ya encarceló a Carlos Rohm, titular del Banco General de Negocios. De acuerdo con la infidencia de un diputado, Servini de Cubría tiene los ojos puestos en Eduardo Escasany, titular del Galicia, a quien anoche la magistrada le prohibió la salida del país.
La semana pasada, Marisa Escasany, hermana del banquero y accionista de la entidad, había denunciado que el Banco Galicia sacó del país 400 millones de dólares, salteando ilegalmente el corralito a través de un sistema de empresas vinculadas. Ahora, los fiscales Patricia Evans y Luis Comparatore solicitaron la declaración indagatoria de Escasany; la jueza Servini de Cubría lo llamará entre el martes y el jueves, según fuentes judiciales.
El conflicto que generaría esta eventual detención podría ser enorme: Escasany es también Presidente de la Asociación de Bancos de Argentina.
Ayer, un gerente del área contable de BGN fue detenido en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, por orden de la jueza.Hasta aquí, el ministro Jorge Remes Lenicov tuvo una buena y una mala, en la espera del que podría ser un lunes negro. Por un lado, el Tesoro y el FMI rechazaron el proyecto del Presupuesto oficial y confirmaron que, por ahora, no enviarán ayuda monetaria. Por otro lado, la buena noticia llegó desde las cerealeras: los mayores exportadores argentinos se comprometieron a liquidar 500 millones de dólares para contener una eventual corrida.
El corralito, la pesificación y la devaluación afectaron de manera diferente en los bancos. Las condiciones para acordar con el Gobierno, entonces, son distintas. Los banqueros, aunque a grandes rasgos coinciden en defender el aquejado sistema financiero nacional, demostraron también -y más que nunca- que las internas entre ellos pueden ser salvajes. "Estas crisis tan grandes siempre dejan el tendal, hay muchos colegas que no tienen la solvencia suficiente para sobrevivir", reconoció un alto ejecutivo de una entidad de capitales norteamericanos.
Pueden distinguirse tres grupos. El primero lo forman los bancos nacionales, debilitados y siempre al borde de la liquidación, son encabezados por el Banco Galicia, el más importante de ellos pero el que tiene a su vez la situación más comprometida. El segundo es el de bancos europeos, de los cuales los españoles Río-Santander y Francés-Bilbao Vizcaya son los más representativos. El tercero está comprendido por los bancos anglosajones.
Según pudo saber "Río Negro", este último grupo ofreció informalmente al Gobierno traer de sus casas matrices el dinero suficiente como para devolver los depósitos a los ahorristas que quedaron encerrados en el corralito, siempre y cuando el Estado no salga a socorrer a las entidades insolventes que no pueden enfrentar este compromiso con sus clientes.
La tentación de dar una buena noticia generó disparidades en el gobierno. Según un informe oficial reservado, de implementar este plan -que habría capitaneado el BankBoston- entre seis o siete bancos deberían entrar en liquidación, con lo que perderían la autorización para funcionar. En dicho listado habría tres entidades estatales: el Nación, el Provincia y el banco de la Provincia de Córdoba. El ofrecimiento de los banqueros norteamericanos incluiría el salvataje, con ayuda financiera internacional, del banco Nación. En el palacio de Hacienda sospechaban que la intención de fondo es obligar al Gobierno a privatizar la institución, una de las últimas joyas que conserva el Estado argentino.¿Quién protegería a los propietarios de depósitos en esas entidades en peligro? Es una de las cuestiones a resolver.
Por su parte, las entidades financieras españolas mejoraron la relación con los hombres que planifican la economía gubernamental. A poco de comenzar la gestión Duhalde, los europeos se sintieron la "víctima elegida" para pagar los costos del nuevo plan. Pero ahora la tensión se ha aflojado y estos bancos están dispuestos a aceptar la pesificación si les permiten participar en nuevos negocios estatales. La intermediación de José María Aznar, primer ministro español, fue fundamental para el cambio de actitud mutuo.
Los banqueros locales, en cambio, están más complicados. La mayoría son acreedores de empresas nacionales en quiebra e incapaces de devolver los préstamos; y encima la pesificación terminó licuando las deudas empresariales.
La licuación y los grandes grupos
La pesificación de las deudas del sistema financiero fue festejada por los principales grupos económicos del país, acreedores millonarios de los bancos. Los más beneficiados por esta "licuación" serían Pecom (Perez Companc), Loma Negra, Arcor, Clarín y el Grupo Macri. Pero claro, las entidades bancarias saldrían perjudicadas: de acuerdo con especialistas, la licuación de deuda de las 50 empresas más importantes del país ronda los 6000 millones de dólares. Los bancos, por supuesto, no quieren hacerse cargo de eso. El Estado, entonces, terminará pagando esa diferencia.
La perspectiva para el 2002, así, pareciera augurar más recesión: en privado, el ministro Remes Lenicov reconoce que la caída de la actividad económica llegará al 8,4 por ciento; en tanto que el déficit fiscal superaría los 8.000 millones, empujado por la fuerte caída de la recaudación impositiva.
Santos declaró que cumplió órdenes y complicó a Mathov
BUENOS AIRES (DyN) - El detenido ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, dijo ayer ante la juez María Servini de Cubría que cumplió ordenes del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa para poner fin a las protestas de los manifestantes que el 20 de diciembre se congregaron en la Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos.
Santos, detenido en la noche del jueves por los asesinatos perpetrados en la represión a manifestantes, contó en la audiencia que recibió llamados telefónicos de Enrique Mathov -que encabezaba la Secretaría de Seguridad del Gobierno- y del secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, entre otros, para poner fin a las revueltas.
Las explicaciones de Santos no habrían conmovido a la juez y tampoco a los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, quienes insistirán ante Servini para que cite a declarar, en calidad de acusado, al propio ex presidente De la Rúa.
El abogado Carlos Zorraindo, defensor del comisario, dijo que Santos "jamás" dio la orden de "reprimir" y responsabilizó por los "exabruptos" a los oficiales que realizaron los operativos. "La gente estaba agrupándose y avanzando hacia la Casa de Gobierno. Se tenían informaciones, de que parte de los grupos que estaban actuando en esa ocasión pretendían ingresar" a la Casa Rosada, agregó.
Mathov fue indagado y contó que la Federal recibió instrucciones para impedir el ingreso de "grupos violentos" a la Casa de Gobierno. Incluso, remarcó que ese "objetivo político se cumplió" pero descargó culpas en Santos al aseverar que fue él quien decidió los procedimientos a implementar.
Jueces de la Corte no renuncian y denuncian amenazas
Buenos Aires (Télam).- El titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno y el vicepresidente de ese tribunal, Eduardo Moliné O"Connor negaron que los miembros de ese cuerpo estén pensando en renunciar y denunciaron que recibieron amenazas de muerte.
En declaraciones a la corresponsal en la Argentina de la cadena británica BBC, Nazareno señaló que "por el momento, no hay ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia que se plantee la posibilidad de renunciar".
En ese reportaje, el magistrado riojano agregó que los nueve integrantes del cuerpo están dispuestos a someterse al proceso que inició este jueves la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados. Por su parte, Moliné O"Connor denunció que él y dos miembros más de la Corte Suprema recibieron amenazas de muerte así como el ataque al domicilio de uno de ellos.
"Sentimos que no hubo protección del poder político a los miembros de la Corte", dijo el magistrado en la entrevista.
Consultado respecto a la reacción del gobierno de Eduardo Duhalde y la de la gente ante las últimas decisión del máximo Tribunal, Nazareno consideró "inexplicable" que el reciente fallo que permitía a un ahorrista saltar el corralito y retirar los fondos, haya acelerado la puesta en marcha del proceso de enjuiciamiento al máximo organismo del poder judicial.
Creo que el fallo tuvo una mala lectura por parte de los otros poderes del Estado", dijo Nazareno, quien agregó que "se interpreta que la Corte enfrentó al programa económico del Poder Ejecutivo y la resolución está lejos de eso".
Nazareno criticó al presidente Eduardo Duhalde por considerar que "posteriormente el gobierno enervó este fallo judicial con un decreto de necesidad y urgencia donde dice que por seis meses no hay reclamos posibles ante la justicia; esto todavía tenemos que analizarlo".
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