El gobierno puso un cepo a las demandas anticorralito
Paralizó por 180 días los amparos ante la Justicia. Recurrió a un decreto para eludir el fallo de la Corte. No alcanza a los que operan por fuera de bancos.
El gobierno de Eduardo Duhalde paralizó ayer por decreto -y por un plazo de 180 días- todas las demandas judiciales anticorralito, en una decisión adoptada horas antes de que el Congreso abra el trámite que daría luz verde al enjuiciamiento parlamentario de la Corte Suprema de Justicia.El vocero presidencial, Eduardo Amadeo, había anticipado el domingo que la administración Duhalde "acatará el fallo" mediante el cual la Corte declaró el viernes último la inconstitucionalidad del "corralito" bancario. Pero el gobierno reaccionó ayer con la sorpresiva colocación de un cepo a todas las acciones interpuestas ante la Justicia para dejar sin efecto las restricciones para el retiro de fondos que rigen desde inicios de diciembre.
El decreto del oficialismo podría provocarle dolores de cabeza a Duhalde, ya que ayer mismo fue promovida en la Justicia una acción en su contra. La causa penal es por presunta desobediencia judicial y por arrogarse "la suma del poder público".
En tanto, el abogado Ricardo Monner Sans dijo que el presidente cometió "un grave error político" con el nuevo decreto porque "no se puede dejar al país con la prohibición del derecho de acceder a la justicia".
La decisión de la Corte "beneficia únicamente a los que saltaron el corralito", se quejó ayer el presidente Duhalde, quien volvió a mostrar su descontento con el fallo.
"El fallo es beneficioso para la gente que se llevó la plata afuera, que es la que no tendría que estar tranquila, porque seguramente no podrá seguirse el juicio" contra ellos que sustancia la juez federal María Servini de Cubría por posible subversión económica.
Duhalde, que acusó a la Corte de haber incurrido en un "chantaje" por su delicada situación ante el Congreso, agregó que, a los ahorristas el fallo "no los beneficia para nada".
Mientras, la Justicia federal recibió ayer una serie de denuncias contra la Corte y el propio Duhalde, enmarcadas en el enfrentamiento planteado desde el viernes entre el gobierno y los 9 jueces supremos que conforman la cabeza del Poder Judicial.
"Se suspende por un plazo de 180 días la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados" por las medidas dispuestas por Economía desde que rige el "corralito", refiere textualmente el artículo 12 del decreto 214/2002, publicado ayer en el Boletín Oficial.
La paralización de las demandas judiciales anticorralito fue dispuesta en el marco del "reordenamiento del sistema financiero" que anunció en las últimas horas el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, quien sin embargo no mencionó la medida en su mensaje al país del domingo.
"Nosotros no hemos tenido una reacción histérica. Hemos actuado como debe actuar el Poder Ejecutivo ante una cuestión de esta naturaleza, nosotros respetamos absolutamente el funcionamiento de las instituciones republicanas", sostuvo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
A los que no alcanza el decreto
El Ministerio de Economía aclaró que la suspensión de los procesos judiciales por la pesificación forzosa de las deudas en el sistema financiero no alcanza a la relación que existe entre acreedores y deudores privados no bancarizados.
Así lo expresó el secretario de Legal y Administración del Palacio de Hacienda, Eduardo Ratti.
El funcionario consideró que lo dispuesto por el decreto 214/2000, que suspende por 180 días las medidas judiciales contra el corralito e impone la pesificación forzada de las deudas, "no tiene nada que ver en la relación entre particulares" y expresó que sólo es para las medidas "contra el corralito".
Al respecto, aseveró que "si soy acreedor hipotecario privado no bancario y consideró que el arreglo en pesos indexados (que realice) no está acorde con la prestación que brinde, me puedo presentar ante la Justicia".
Ratti dijo que "todo lo que está (en concepto de deuda) dolarizada se pesifica a 1 a 1, y se aplica el coeficiente de estabilización. Si las partes consideran que esa fórmula no ha protegido el valor del bien" en ese caso, "puede requerir de la otra parte el reajuste correspondiente", dijo. "Si la otra parte no está de acuerdo, es el Juez quien decidirá, a través de la designación de un perito, si es pertinente o no el reajuste solicitado". (DYN y AR)
Se paralizan las causas sobre personas que sacaron plata al exterior
La juez federal Maria Servini de Cubria suspendió ayer las audiencias destinadas a indagar, bajo cargos de posible "contrabando de divisas", a ahorristas que violaron el "corralito" bancario y giraron fondos al exterior a través del Banco General de Negocios (BGN) y sacar su dinero al exterior, se informó en los tribunales.
Sorpresivamente, la magistrada canceló las 12 indagatorias previstas para ayer, tras haber recibido un escrito de los abogados del BGN, Enrique Munilla y Ezequiel Altinier, y se abocó al análisis del mismo para luego darle vista a la fiscalía y a los querellantes.
Ambos letrados argumentaron que la juez no podía imputar a los clientes del BGN haber violado el corralito bancario, luego que esa congelación parcial de los depósitos en los bancos había sido declarado inconstitucional el viernes pasado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. "Aspiramos a que su señoría deje sin efecto la caza de brujas lanzada contra quienes lícitamente poseen ahorros en el exterior", proclamaron los letrados.
En un tono de inusual dureza contra la magistrada, los abogados sostuvieron que como "no hubo requerimiento" de la fiscalía para el inicio de la investigación en consecuencia, señalaron, "la jueza viene actuando al respecto en violación a la ley".
La investigación que lleva adelante Servini de Cubria por presunto "contrabando de divisas" y violación al decreto 1570/01 (corralito) pretende determinar el destino de unos 70 millones de dólares que habrían salido al exterior a través del BGN.
Entre los que comparecieron ante Servini de Cubría estuvo la empresaria María Teresa Blaquier, que tiene un plazo fijo de cerca de 70 mil dólares, quien habría argumentado que el dinero está depositado en Uruguay desde hace años y que renovó el certificado a fines del 2001.
Además acudieron a declarar otras personas, alguna de ellas asesoradas por abogados del BGN, y también negaron haber violado la normativa vigente.
En esta causa está detenido el vicepresidente del BGN, Carlos Rohm, quien junto con su hermano José -que se encuentra en Estados Unidos- está imputado por subversión económica agravada y asociación ilícita.
Para el 19 de febrero próximo está citado a declarar el ex presidente del Banco Central Roque Maccarone para dar explicaciones sobre el rol de esa entidad durante estas supuestas operaciones. Trascendió que en las presuntas maniobras del BGN habrían involucrados redescuentos de la autoridad monetaria por más de 30 millones de dólares. (DYN)
Denuncian al presidente ante un juez
Una causa penal por presunta "desobediencia" judicial y por arrogarse "la suma del poder público" fue promovida ayer ante los tribunales federales contra el presidente Duhalde, mientras la fiscalía analiza si formula una acusación por "coacción agravada" contra los jueces de la Corte que fallaron contra el "corralito" bancario.
Duhalde y los ministros que rubricaron el decreto 214/2002, mediante el cual el Gobierno dispuso ayer el "reordenamiento del sistema financiero", fueron denunciados por los abogados Eduardo Barcesat y Roberto Boico, quienes consideraron que las nuevas medidas "profundizan el cerco financiero y la confiscación de los ahorros de los particulares".
La denuncia contra Duhalde y los miembros del Gabinete recayó en el tribunal a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Paralelamente, y por vías separadas, el abogado Carlos José Díaz y el vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, Mario de Almeida, pidieron a la Justicia federal que investigue si la Corte incurrió en el delito de "coacción agravada" al fallar el viernes contra el "corralito".
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