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Asesor de Bush dijo que la ayuda será de entre 15 y 20.000 millones
Impulsan cese de privilegios a jueces y políticos
La reforma política prevé eliminar las jubilaciones de privilegio.
El vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, adelantó por su parte que la reforma permitirá un ahorro de 1.000 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos formulados recientemente en el marco de la mesa de diálogo auspiciada por la Iglesia.
Duhalde, por su parte, dijo que la reforma, que posiblemente la anunciará el sábado, junto al paquete de medidas económicas, buscará restablecer "la confianza del hombre en los gobiernos y en sus instituciones".
El proyecto que el Ejecutivo enviará al Parlamento fue presentado por el diputado frepasista Darío Alessandro al llamado Diálogo Argentino, aunque atribuyó su impulso a "una decisión del presidente" Duhalde.
Adelantó que funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del ministerio del Interior trabajarán en las próximas 48 horas para que la reforma política pueda ser incorporada al conjunto de los anuncios.
Cafiero dijo que el proyecto contempla también "la reducción de gastos por parte del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales, municipales y de las campañas electorales" y destacó que los recursos que se ahorrarán serán destinados a "reforzar los programas sociales que se van a llevar adelante" para "paliar la situación de millones de desposeídos".
La iniciativa contempla también poner tope a los gastos de la política, que hoy insumen aproximadamente 2.600 millones de pesos entre los presupuestos del Congreso, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes, además de las campañas electorales.
"Esto se va a llevar a cabo mediante convenios con las provincias y municipios" y va a significar "una expresión donde funcione la democracia, se respeten los derechos de las minorías que tienen representación", explicó Cafiero y agregó que "la reforma no va a ser un achicamiento de la democracia, sino una ubicación del papel de la política como servidor en la función pública".
No obstante la idea de sacar la reforma por ley del Congreso, el funcionario volvió a apelar a la presión del decreto, si el Legislativo incurriera en "demoras".
En cuanto al contenido de la reforma en sí, Cafiero explicó que impulsa "la abolición total y en términos retroactivos de las jubilaciones de privilegio que significan -según dijo- un ahorro importante para el sistema previsional".
Dijo que los políticos y funcionarios, que constituyen la mayor parte de sus beneficiarios, "se quedarán con la jubilación ordinaria, como cualquier otro jubilado".
En cuanto a la obligación de los jueces a pagar el Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, sostuvo que el gobierno va a "hacer caso omiso a una vieja interpretación de la Corte" Suprema de Justicia, que permite que los magistrados eludan el pago de esos gravámenes.
"Consideramos que no tiene que haber ningún tipo de privilegios en la sociedad argentina y que los jueces querrán participar de este proyecto de transparencia y de igualdad", estimó.
En tanto, el vocero Eduardo Amadeo explicó que "hay algunos" elementos de la reforma política que requieren de una modificación de la Constitución Nacional, otros "se pueden hacer por decreto" y "otros con leyes".
Tras señalar que se trata de "un proceso en el tiempo" que incluiría algo de todos estos procedimientos, Amadeo indicó que "el gran tema son aquellas cosas que vienen por reforma constitucional", que se dejará para más adelante, pese a admitir que "hay gente que le tiene mucho miedo" a ese mecanismo.
Finalmente, el senador Antonio Cafiero indicó que la conclusión de la mesa del diálogo fue reducir el número de diputados y senadores provinciales, unificando las cámaras legislativas, y que los concejales sean rentados sólo en ciudades con más de 50.000 habitantes, mientras que el resto trabaje "ad honorem".
En cuanto a los que tienen dinero en el exterior, Cafiero sostuvo que si fuera presidente exigiría a sus ministros que informen dónde tienen sus ahorros: "el nivel de ética pública que debemos implantar entre los argentinos, a veces tiene que llegar a algo que es un exceso, pero de cualquier manera necesario", advirtió.
Prisión perpetua a corruptos
El presidente Eduardo Duhalde se pronunció ayer por la aplicación de penas de "prisión perpetua para casos de corrupción que afecten los intereses de la patria y del pueblo" y afirmó que quienes resulten culpables "deben pagar no en la justicia divina, sino en la Tierra".
"No es exagerado pedir prisión perpetua para casos de corrupción que afectan los intereses de la patria y del pueblo", dijo Duhalde en su microprograma que se emite por radio Nacional los martes, jueves y sábados por la mañana.
"Además del castigo que merecen los que han cometido actos de corrupción, tenemos que evitar que sea tan fácil robarle al Estado", dijo el Presidente y comprometió la acción de su gobierno para "garantizar control y castigo" a hechos que puedan afectar los intereses nacionales.
Reafirmó su promesa de "no ser candidato a nada".
Duhalde no quiere elecciones anticipadas
BUENOS AIRES (DyN) - Con el caos económico y social como telón de fondo, el presidente Eduardo Duhalde rechazó ayer la demanda de varias asambleas populares de llamar a elecciones anticipadas, y afirmó que el proceso institucional deberá darse de "manera ordenada", algo que no se logra, dijo, "con tanques, bayonetas ni bombas molotov".
El Presidente aclaró que no son los canales democráticos los que están agotados sino "muchos políticos, empresarios y sindicalistas", y, a través de aquellos canales, dijo, "de manera ordenada, evitando el caos, los sobresaltos, la efusión de sangre" se podrá avanzar en otro gobierno de transición.
Duhalde reiteró su "simpatía" con los "cacerolazos", destacó las "asambleas en la calles de los vecinos" que aluden a que en el país "se está expresando una idea de cambio" y dijo estar "totalmente convencido" de esa necesidad de renovación.
El jefe del Estado es, sin embrago, el promotor de una marcha hacia Plaza de Mayo en apoyo a su gestión, con la movilización del poderoso aparato partidario del PJ bonaerense, un estilo tradicional de hacer política que nada tiene que ver con el cambio que reclama la gente y al que Duhalde dijo adherir.
El primer mandatario aclaró -en su programa habitual de Radio Nacional- que tiene la "responsabilidad de impulsar los cambios deseados por todos", pero advirtió que "no van, de ninguna manera, a sentirse todos contentos y felices".
"Los que más deben pagar son los que se beneficiaron con el modelo anterior -continuó-, que fue enriqueciendo a pocos y empobreciendo a muchos".
Advirtió, no obstante, que ese camino "no es fácil, requiere decisiones concretas que empezamos a tomar ahora, respetando la institucionalidad. Los que creen que un presidente puede reforzar las cosas no respetando las instituciones, se equivocan", enfatizó.
Consideró entonces que con las movilizaciones que se están dando en todo el país "pueden nacer nuevos liderazgos, pero es necesario saber que esos liderazgos que pueden estar creciendo tienen que tener un tiempo de maduración, y ese tiempo es la etapa de transición que a mí me toca gobernar".
"A quienes creen que la solución es buscar otro gobierno de transición y llamar a elecciones para que haya otro gobierno de transición en 60 ó 90 días, deben crecer, organizarse", advirtió Duhalde, quien tiene mandato otorgado por una asamblea legislativa hasta diciembre del 2003.
Dijo tener "conciencia" de que su "primera obligación" como presidente es "no descender un escalón más. Por eso quiero que esta transición sea ordenada, y el orden no es el que se logra con tanques ni bayonetas, ni bombas molotov. El orden es darnos cuenta de que tenemos un destino común, trabajar tesoneramente, ya que ningún país salió de una crisis como la que estamos viviendo sin esfuerzos y el trabajo de su gente", abundó.
Destacó entonces los esfuerzos de la Iglesia en el marco del llamado Diálogo Argentino y advirtió al mismo tiempo contra los intereses que "desgarran" al país con demandas sectoriales.
Seineldín pondría "orden"
El ex militar carapintada Mohamed Alí Seineldín, preso por el alzamiento del 3 de diciembre de 1990, aseguró ayer que "si hay que establecer un orden, yo lo puedo hacer, pero siempre a las órdenes de un poder político".
Al ser consultado por la radio Metro sobre "si va a ser presidente", respondió: "No, no estoy preparado ni estoy en capacidad". Y cuando se le preguntó "si tuviera diez años menos, tendría más protagonismo en la política argentina", contestó: "Para lo que sirvo es para lo que he estudiado, que es ser soldado. Si a mí me dicen que acá hay un desorden y que hay que establecer un orden, yo lo puedo hacer, pero siempre a las órdenes de un poder político". (DyN)
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