Domingo 17 de febrero de 2002
		El flanco más flojo
		La privatización de YPF vino a ponerle un moño a una situación de hecho. La empresa más importante de la Argentina fue vaciada por los sucesivos gobiernos militares, los civiles que se prestaron y las empresas que se beneficiaron de hecho. En este contexto histórico el mayor problema, entonces como hoy, no parece ser el dilema entre empresas públicas o privadas, sino el de la corrupción. Ningún país latinoamericano con el que podamos compararnos privatizó su empresa de petróleo, no sólo por no privarse del control de un recurso estratégico, sino porque éste es un negocio donde se mueven fuertes intereses internacionales y las presiones suelen ser enormes, como enorme es la rentabilidad. No lo hizo México, ni Venezuela, ni Brasil. Y tampoco lo hizo Chile, presentado como un modelo exitoso. El petróleo es un recurso no renovable que la Argentina tiene en cantidades limitadas. La actividad deja ganancias enormes pero no ocupa demasiada mano de obra y la exportación de crudo, a diferencia de lo que representaría la de combustibles o petroquímica, no deja mayor valor agregado. Es curioso, pero los que se desgarran las vestiduras por el gravamen impuesto por el gobierno nacional, borran con el codo lo que han sostenido durante décadas. ¿Dónde quedó la milonga de la industrialización en origen? El concepto de "federalización de hidrocarburos", y los más de 700 millones de dólares de las joyas de la abuela, fueron el "peaje" que los populistas tornados privatistas de la década pasada, responsables en mayor medida del actual estado de cosas en el país, introdujeron para lubricar la digestión de un bocadillo de granito llamado privatización de YPF. El hecho de que el gobernador, un funcionario puesto para guardar los intereses colectivos, se presente sin pudor como un "aliado estratégico" de una empresa multinacional con poderosos intereses en la provincia, y la circunstancia de que funcionarios de alto nivel se reclamen "lobbistas" de las petroleras, es algo que exime de mayores comentarios. La decisión del gobierno nacional de gravar con un 20% las exportaciones petroleras responde a una situación de emergencia y es una medida convalidada por el Congreso. Luego de vacilar durante un mes y medio, Duhalde adoptó la decisión tras acordarla con Alfonsín, el ARI y el Frepaso. A raíz de la devaluación, las petroleras se beneficiarán de la licuación de sus deudas internas y de una fuerte reducción en sus costos, para empezar en salarios. Un informe publicado en este diario la semana pasada, dio cuenta de que a raíz de esa situación Neuquén recibirá este año ingresos extra por regalías del orden de los 300 millones y Río Negro de 40 millones. El acuerdo alternativo que el gobierno descartó, elaborado por las empresas con el concurso del gremio petrolero y las provincias que se reconocen "lobbistas" o "aliadas" de esas empresas, era una forma de zafar del brete aportando muy poco a la resolución de la grave crisis nacional, además de introducir condiciones que sólo beneficiaban a las propias petroleras, como la garantía de libre disponibilidad. Se agita la posibilidad de que las petroleras recorten sus inversiones y licencien mano de obra. Pero no parece realmente que vayan a experimentar quebrantos sino probablemente lo contrario. Con todo, los planes de inversión, como ocurre en el caso de Loma de la Lata con Repsol, constituyen compromisos contractuales a cambio de otros beneficios cuyo incumplimiento es susceptible de ser demandado ante los tribunales. Si como pretende el gobierno local, hasta ahora sin demostrarlo, la provincia recibiera 100 millones menos al año como consecuencia de la decisión de la Nación, corresponderá exigir una reparación equivalente. De cualquier manera, el saldo de la aplicación del gravamen seguiría siendo fuertemente favorable para el país. Lo que no resulta admisible es que se intente subordinar a los intereses políticos de un grupo los de la provincia y el país. Cierta vehemencia, sumada a las confesiones públicas referidas más arriba, deja lugar para pensar que hay algo más que un cándido localismo. Con la renovación del contrato de Loma de la Lata, ocurrió otro tanto. Se pasó por encima de la Constitución y de la Legislatura. Y se eximió a Repsol de pagar 112 millones de dólares en impuestos, en secreto y sin consultar a nadie. Ciertos políticos parecen vivir en estado de necesidad agudo y el círculo vicioso de la crisis parece volverlos cada vez más vulnerables ante eventuales "aliados estratégicos". Desde que se privatizó YPF no se ha podido sacar una ley de hidrocarburos; ni siquiera lograr que sean las autoridades las que midan las regalías y no quienes deben ser controlados. La increíble falta de marco jurídico y de contralor acentúan la fragilidad de ciertos políticos de segundo o tercer nivel, sin visión de conjunto sobre los intereses del país, que se constituyen por imperio de las circunstancias en interlocutores de poderosas multinacionales. El único perjudicado es el país. La propiedad del subsuelo por parte de las provincias no debería impedir que la Nación concentre el poder de decisión en materia de hidrocarburos. Esto le daría mayor consistencia en un tema de vital importancia para la sociedad. Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar
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