Viernes 8 de febrero de 2002
		El modelo chileno
		Por Aleardo Fernando Laría
		El presidente Eduardo Duhalde se ha referido en reiteradas ocasiones a su preferencia por el "modelo chileno" de crecimiento. Esas declaraciones aumentan el interés en indagar acerca de las características de ese supuesto modelo, y determinar en qué medida las experiencias recogidas en Chile son trasladables a la Argentina. En la década de los "90, con una tasa de crecimiento cercana al 7%, Chile se convirtió en la economía más vigorosa de América Latina. En marzo de 1990, bajo la presidencia de Aylwin, se inició el proceso de transición democrática. El nuevo gobierno evitó romper con las políticas económicas diseñadas en la época de Pinochet, -caracterizadas por las privatizaciones y la liberalización indiscriminada de la economía-, pero se introdujeron importantes correcciones. Se implementó así lo que French-Davis denomina reformas a las reformas en las políticas macroeconómicas y sociales. El nuevo rumbo puso énfasis en una estrategia de desarrollo basada en la expansión de las exportaciones; en preservar los equilibrios macroeconómicos y reducir los elevados índices de pobreza. El correlato político de las nuevas medidas fue la prioridad en la búsqueda de consensos, por encima de las tradicionales políticas de confrontación entre los partidos políticos. Chile había experimentado en 1982 un verdadero colapso de su economía, con una caída del 16% del PBI y un aumento de la tasa de desempleo al 30%. Un tipo de cambio fijo y una apertura radical de la cuenta de capitales habían provocado un aumento insostenible de la deuda externa. Ya entonces, con Pinochet todavía en el poder, hubo que devaluar el peso, aumentar el arancel de las importaciones e implementar políticas macroeconómicas más pragmáticas. Sin embargo, si bien las cuentas públicas empezaron a mejorar, la situación social empeoró visiblemente y en 1987 un 45% de la población vivía bajo la línea de la pobreza. El nuevo gobierno democrático debía entonces dar respuesta a las demandas sociales más urgentes. Para enfrentar el conflicto entre el deseo de preservar la estabilidad macroeconómica y la necesidad de dar mayores recursos para los más desfavorecidos, se cambió la composición del gasto público, dando prioridad al gasto social. Al mismo tiempo se llevó a cabo una reforma fiscal, incrementando algunos impuestos y mejorando los niveles de recaudación, lo que permitió un aumento del 2% del PBI en la presión fiscal. Las políticas públicas se concentraron en elevar los niveles educacionales y mejorar el servicio de salud. Un acuerdo tripartito entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos permitió un aumento del salario mínimo del 24% y a partir de ese incremento se pactó que los futuros aumentos debían relacionarse con las ganancias de productividad. La expansión de la actividad económica permitió el aumento del gasto público sin alterar las cuentas fiscales, que alcanzaron un superávit promedio del 1,5% del PBI. A partir de allí ha habido un manejo altamente responsable de las políticas presupuestarias. La nueva dinámica económica dio lugar a una entrada masiva de capitales, con riesgos de producir efectos perversos. Con el propósito de desalentar los movimientos de capitales de corto plazo, en 1991 el Banco Central impuso un encaje no remunerado del 20% a todos los préstamos y depósitos en moneda extranjera, que luego se amplió a todos los ingresos para la compra de acciones en la bolsa. En 1992 se reemplazó el vínculo del tipo de cambio oficial con el dólar por una canasta de monedas (compuesta por el dólar, el marco y el yen). Estas políticas tuvieron éxito en la medida en que se redujo la entrada de capitales de corto plazo sin afectar la inversión directa, que aumentó significativamente. Señala French-Davis que Chile debió enfrentar las tentaciones del neopopulismo, es decir reducir la inflación con apreciaciones cambiarias y una apertura excesiva de la cuenta de capital a los flujos volátiles. Un serio riesgo de los países emergentes, afirma, es recibir más capitales externos que los que la economía puede absorber eficiente y sostenidamente. La integración a los mercados externos debe ser en el grado y la forma adecuados para que contribuyan al desarrollo y la estabilidad de los países. Las medidas económicas aplicadas por las administraciones democráticas en Chile, y el éxito alcanzado, señalan un camino que merece ser explorado con profundidad. Desde una perspectiva más política, las reformas de las reformas permitieron adoptar posiciones intermedias entre la liberalización indiscriminada de la época de Pinochet y el intervencionismo excesivo de la época de Allende. La fe extrema en la eficiencia del mercado y la desconfianza exagerada en las intervenciones del sector público, han dejado un saldo social y económico lamentable en América Latina. Han sido muchos años de reformas amigables con el mercado (market friendly), pero ha llegado la hora de considerar también la repercusión que las políticas económicas tienen en el bienestar de los ciudadanos. Se trata sencillamente de corregir lo que ha funcionado mal. De sustituir los credos ideológicos por un sano, pedestre y responsable pragmatismo.
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