Miércoles 6 de febrero de 2002
 

El corralito del poder y el juicio por jurados

 

Por Guillermo M. Fasano

  por los casos de corrupción que afecten los intereses de la Patria y el pueblo, los responsables no sólo rendirán cuentas ante la justicia divina, sino que deberán pagar por sus delitos en la Tierra. (Dr. Eduardo Duhalde, 31 de enero del 2002)
En la porción de tierra llamada República Argentina, nos encontramos con este cuadro de situación: tanto los políticos encargados de designar y enjuiciar a los jueces, como estos últimos encargados de procesar y condenar a los políticos, empresarios o sindicalistas corruptos han demostrado ser incapaces e ineficaces en su función. Ello pensando bien. Pero si Ud. me promete que tratará de que ningún joven argentino menor de 30 años, el futuro del país, lea este artículo, permítame suponer pensando mal: que los políticos y los jueces son capaces y eficientes, ya que por alguna razón llegaron hasta donde están y que los empresarios y los sindicalistas han demostrado habilidad para acumular el dinero y la representatividad necesaria para acceder al poder, pero que, algunos de ellos, han utilizado esta capacidad para pactar, por ejemplo: a) la renuncia del juez Liporace y el archivo de las actuaciones en los sobornos del Senado; b) la liberación de Menem por el caso de las armas; c) la parálisis de las actuaciones del Consejo de la Magistratura; d) la inexistencia de condenas por evasión impositiva o falta de pago de cánones al Estado de los empresarios que aportaron para las campañas de los políticos que son los encargados de elegir y juzgar a los jueces que deberían investigar a esos mismos empresarios evasores-aportantes; e) la inexistencia de causas de enriquecimiento ilícito de los sindicalistas ricos que apoyan a los políticos encargados de elegir y juzgar a los jueces que no investigaron a esos mismos sindicalistas apoyadores; f) la ausencia de investigaciones a los políticos que eligen y juzgan a los jueces que deben investigar a esos mismos políticos juzgadores. Ya sería una pesadilla pensar que se estaría gestando un nuevo pacto para el caso: gobierno nacional vs. Suprema Corte, corralito financiero o juicio político.
La suma de estos pactos y sus actores conforman lo que yo defino como el corralito del poder. Y en este esquema, ¿el pueblo dónde está? Formando la masa de excluidos espectadores que han pagado entradas muy caras (hiperinflación, desocupación, plan bónex, pérdida de soberanía, corralito, etc.). Hoy este pueblo espectador ha ganado las calles para decir basta y reclama a gritos el derecho de nuevos canales de representación. Mucho se ha escrito y se ha propuesto: reforma constitucional, reforma política, nuevas elecciones, etc. Pero no he escuchado a nadie hablar de instrumentar lo que hoy tenemos al alcance de la mano: los juicios por jurados.
El artículo 24 de la Constitución Nacional dice expresamente: "El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados". No soy un especialista, pero sí le puedo explicar que se refiere a los jurados integrados por ciudadanos comunes que se constituyen en jueces de un proceso judicial que dictamina sobre la culpabilidad o inocencia del acusado y que se lleva a cabo de acuerdo con normas de procedimiento legales que respetan absolutamente todas las garantías individuales. Es el sistema que se utiliza en EE. UU. Incorporado en la Constitución de 1853 y ratificado por la de 1994, nunca se instrumentó. ¿Por qué? ¿Puedo nuevamente pensar mal? Porque el corralito de poder se tendría que ampliar para 37 millones de argentinos y no quedarían espectadores para pagar entradas. Permítame terminar con un sueño. Que elijamos a nuestros representantes, pero que los podamos juzgar. Que aquellos que se hayan desempeñado mal en sus funciones no sean castigados sólo con el voto. Que aquellos jueces que desempeñen mal sus tareas no sean juzgados por quienes los eligieron. Que los evasores o los que se enriquecen ilícitamente con organizaciones sindicales no sean juzgados por los jueces elegidos por quienes ellos apoyan. Que los políticos, jueces, empresarios y sindicalistas honestos no queden atrapados en la sospecha generalizada. Que todos ellos admitan ser juzgados por el pueblo aplicando el art. 24 de la Constitución Nacional.
     
     
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