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Si bien fue comprensible la reacción airada tanto del presidente Eduardo Duhalde como de casi todos los demás "dirigentes" políticos del país frente a la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el corralito, dictamen que de acatarse hubiera provocado el colapso del sistema financiero nacional y con él la destrucción de los ahorros de millones de personas, su voluntad de aprovechar la oportunidad así planteada para desalojar a todos los integrantes del tribunal no necesariamente contribuirá a afianzar las instituciones del país. Por cierto, sería difícil concebir un peor momento que el actual, en el que emprender un operativo tan delicado como el deseado por los que se han propuesto eliminar la Corte existente para entonces reemplazarla por otra muy distinta, ateniéndose en todo momento a los mecanismos institucionales correspondientes.
Aunque se dan muchos motivos para cuestionar la idoneidad profesional e incluso personal de la mayoría de los ministros de la Corte, la acusación principal en su contra no es que haya producido un fallo absurdo por sus implicancias lógicas, sino que sea menemista. En efecto, no faltan aquellos que creen haber visto la mano del ex presidente Carlos Menem detrás de una sentencia que, a su entender, so pretexto de defender el derecho de los ciudadanos a disfrutar de lo que nadie niega es su propiedad, estaba destinada a impulsar la dolarización de la economía nacional, además, es de suponer, de dar un impulso a la carrera política de quien sigue siendo el jefe titular del Partido Justicialista. Otros, acaso más realistas, la han atribuido al temor que habrán sentido los miembros de la Corte por las manifestaciones públicas en su contra: de estar en lo cierto los que piensan así, los ministros merecerían ser juzgados por haberse permitido intimidar, pero sorprendería que populistas optaran por basar un juicio político en la negativa a solidarizarse con una medida nada popular.
De todos modos, es evidente que la ofensiva que se ha desatado contra la Corte es de origen netamente político, lo cual, obvio es decirlo, permitirá a sus miembros afirmarse víctimas de una campaña persecutoria claramente incompatible con el respeto por la Constitución. Además, podrían señalar que de culminar con su destitución el movimiento que está en marcha, ello significaría que una vez más el poder de turno se las habría arreglado para expulsar a los presuntos representantes de una época anterior dominada por principios supuestamente desactualizados, perpetuando de este modo una tradición reñida con la "seguridad jurídica" que todos dicen querer respetar. Asimismo, si los reemplazantes eventuales de los nueve ministros son a su vez nombrados por motivos políticos, para no decir partidarios, no podría sino consolidarse la convicción tanto local como internacional de que en la Argentina la Corte Suprema es siempre oficialista por antonomasia. Aunque es factible que una Corte hecha a la medida de Duhalde y de Raúl Alfonsín sea mejor que la creada por Menem, a nadie se le ocurriría calificarla de independiente. Por lo tanto, el remozamiento de la Corte debería formar parte de una reforma institucional mucho más ambiciosa que la pretendida por Duhalde y los legisladores.
A través de los años, distintos legisladores y abogados han acumulado una lista que a primera vista parece impresionante de pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha prosperado debido en parte a la costumbre de radicales y peronistas de proteger a "sus" jueces incluso cuando han sido acusados de delitos muy graves, pero también a que en muchos casos se han inspirado en fallos meramente opinables como los vinculados con el rebalanceo de las tarifas telefónicas y el recorte de los sueldos de los empleados estatales. Los pedidos de juicio más serios han tenido que ver con la investigación a todas luces inútil del atentado terrorista contra la embajada de Israel que se produjo hace casi diez años, pero parecería que pocos políticos consideraron tan escandalosa la desidia de la que hizo gala en aquella ocasión la Corte Suprema, que constituye de por sí un motivo que es más que suficiente como para justificar el juicio político de sus integrantes. |
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