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La nueva pesificación de las deudas de la economía argentina comienza a mostrar fuertes iniquidades dentro del sistema.
El gobierno en su afán de aplicar medidas de neto corte dirigista intervino los acuerdos privados, rompiendo un principio elemental para toda economía: el contrato entre las partes.
Esta situación no sólo genera inseguridad jurídica sobre las futuras inversiones que proyectaban llegar a territorio nacional, sino también incertidumbre sobre todas aquellas que ya fueron ejecutadas sobre la base de acuerdos preestablecidos que contemplaban ciertas variables macroeconómicas y sustentos legales que hoy ya no existen.
Pero independientemente de cualquier análisis que se pueda efectuar, las medidas dividen a la sociedad en ganadores y perdedores.
Entre los primeros están todas aquellas personas y empresas que tomaron en su momento créditos en los bancos y hoy ven licuada una parte importante de sus deudas.
Créditos hipotecarios, prendarios y personales, entre otros, son beneficiados con la pesificación, la que establece que por cada dólar adeudado se debe pagar un peso.
En este grupo también se encuentran los inquilinos que en su momento habían pactado su contrato de locación en dólares. La modificación de la paridad cambiaria no altera sustancialmente las condiciones de pago ya que los mismos quedan ahora pesificados, actualizándose el monto, mensualmente, a través de un coeficiente que tiene en cuenta la inflación del mes anterior.
Por esta pesificación de las deudas los bancos estarían en condiciones de perder 18.000 millones de dólares, que es el valor nominal que analistas toman a la hora de definir la licuación de los créditos. Pero esta importante cifra será compensada por el Estado, es decir por toda la sociedad argentina, a través de un bono que emitirá el gobierno.
El otro gran perdedor, a parte del Estado Nacional, es el ahorrista que tenía sus depósitos en dólares, que cede al sistema financiero alrededor de 15.000 millones por la pesificación de todos sus billetes norteaméricanos en el sistema a 1,40 pesos.
Otro de los sectores que transfieren recursos con esta pesificación son aquellas empresas que tomaron créditos del exterior (que no están contemplados en las nuevas medidas y deben ser devueltos en dólares) y dirigen toda su oferta hacia el mercado interno (sus ingresos están en pesos). Este es el caso de algunas de las empresas de servicios privatizadas y/o firmas productoras que no tienen posibilidades de exportar.
También están afectadas aquellas personas que vendieron sus propiedades (campos, casas u otros inmuebles) previamente a las medidas del corralito, en cuotas y en dólares. Estas personas hoy pierden una parte importante de su capital, ya que el valor de venta de la propiedad pactado oportunamente no es el mismo que hoy establece el Estado con las nuevas medidas económicas.
Todas estas alteraciones sobre las reglas de juego en donde se licua una significativa parte del capital de muchos ciudadanos, deja abierta la posibilidad a una avalancha de juicios contra el Estado.
Muchos serán lo que optarán por esta decisión, teniendo en cuenta que hoy la Corte Suprema no está avalando varias de las decisiones que quiere imponer el Poder Ejecutivo en materia económica.
Javier Lojo
jlojo@rionegro.com.ar
Las grandes iniquidades
Toda medida de este tipo, que es generalizada y de corte intervencionista, genera desigualdades en la sociedad.
Uno puede llegar a entender que una familia de ingresos medios/bajos que tiene una vivienda única y que tomó un crédito de 20.000 dólares para poder adquirirla, necesita el auxilio del Estado a través de la pesificación de su deuda una vez producida la devaluación de la moneda.
Pero por qué el Estado y los ahorristas -los patos de esta boda- deben subsidiar a aquella persona que tomó un préstamo por 150.000 dólares en un banco para construirse su segunda casa a un valor estimado de 250.000 dólares en un country. Este tipo de ayuda es totalmente regresiva y poco racional.
Un nuevo ejemplo que muestra claramente la iniquidad de las medidas es la pesificación de ciertas deudas empresarias. Es el caso de las firmas exportadoras, que tiene un doble beneficio frente a las medidas recientemente anunciadas: por un lado, licuan sus deudas a través de la pesificación y, por el otro, duplican sus ganancias porque comienzan a exportar con un dólar a dos pesos. ¿No sería sensato pensar para este caso en especial que los importantes beneficios que da la flotación de la moneda a este sector empresario sea compensado con menores transferencias del Estado/ahorristas para cubrir la licuación de las deudas que le genera la pesificación?
También existe el caso de aquellas empresas que transfirieron importantes fondos al exterior. Hay que recordar en este sentido que desde marzo a noviembre del año pasado cerca de 19.500 millones de dólares salieron del sistema financiero nacional y la mayor parte de estos fondos pertenece a empresas que fueron colocados en el exterior. Pingüe negocio: las deudas que hoy tienen estas firmas cayeron por la pesificación a la mitad y el capital en dólares que mantienen en el exterior se multiplicó en pesos por dos. (J. L.)
Trapitos al sol para dirigentes de pymes
Dirigentes de entidades que nuclean a las pymes expusieron ayer sus antiguas diferencias en público, durante una conferencia de prensa convocada para explicar los resultados de una reunión que habían mantenido momentos antes con el ministro de la Producción, José de Mendiguren, y con el presidente del Banco Nación, Enrique Olivera.
La conferencia se desarrolló en el despacho del ministro, que se ubicó junto a Olivera en el centro de una larga mesa, rodeado de los dirigentes, luego de haber mantenido una hora de reunión en un despacho contiguo. Después de saludar a los periodistas e introducir el tema de conversación, el ministro fue interrumpido por el titular de la Confederación General Económica, Raúl Vivas, quien le pidió expresar antes unas palabras.
Inmediatamente, el presidente de la sociedad de garantías recíprocas Garantizar, César Tortorella, ex titular de la CGE y encarnado adversario de Vivas en la interna de esta entidad, dijo que a los presentes les "interesa lo que el ministro diga sobre las cosas que tengan que ver con las pymes y su reactivación".
"Perdón, estoy en uso de la palabra señor ingeniero Tortorella, me la ha concedido el ministro. Yo soy el presidente de la CGE y quiero decir cuál es la posición de la entidad, que para evitar confusiones se expresa institucionalmente a través del presidente que soy yo", se le cruzó Vivas. A esto le siguió un breve discurso de Vivas, quien se levantó de su silla mientras dejaba en claro sus discrepancias con las medidas.
Mientras tanto, De Mendiguren negaba con la cabeza y fijaba la mirada en un punto de la mesa con sutil sonrisa; Olivera se mantenía impertérrito; Osvaldo Cornide, de la CAME, murmuraba por lo bajo con grandes ojos de sorpresa, y Tortorella optaba por una sonrisa parecida a la del ministro. La conferencia se desarrolló en un ambiente tenso, hasta que Cornide intervino para aumentar la temperatura ambiente. "No compartimos las opiniones que se han dado acá por parte de otras personas. Vamos a analizar esto y vamos a dar a conocer nuestra opinión. Somos una entidad seria que queremos analizar a fondo las medidas", dijo el titular de la CAME, tras lo cual, raudo, se retiró. Lo mismo y casi con idénticas palabras hizo el titular de la Unión de Empresarios Comerciales, Jorge Sabate, que dejó la puerta abierta para que el resto se levantara.
Atónitos, De Mendiguren y Olivera seguían sentados, mirando a los periodistas. El presidente del BNA alcanzó a excusarse de que tenía que ir al Congreso a hablar sobre los Lecop, y el ministro se limitó a agradecer la presencia de todos.
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