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Miércoles 16de enero de 2002 | |
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Verani creó por decreto un fondo para viviendas |
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Sumaría en 4 años 50 millones de recursos federales. |
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| VIEDMA (AV).- El gobernador Pablo Verani creó por decreto un Fondo Fiduciario para construir viviendas. Ese instrumento concentrará más de 50 millones por aportes federales y, además, se prevé ingresos por recupero judicial de los créditos habitacionales. Aún así, esta proyección está lejos de las perspectivas del Poder Ejecutivo ya que el proyecto original establecía crear -sin limitaciones de recursos que dispone actualmente el IPPV- un fondo de inversión y establecía un objetivo mucho más ambicioso", comentó el interventor del instituto y Casa Rionegrina, Jorge Ferreyra. El funcionario confesó que aquella disponibilidad sólo permitirá pequeños planes de viviendas además de garantizar y completar el Plan 2000. Este esquema tiene pendiente 36 millones, por lo cual, quedarían unos 14 millones para medio millar de unidades. (ver recuadro) Esta normativa se preveía a través de un proyecto en análisis en la Legislatura. Su tratamiento se demoró por observaciones de diputados no veranistas y de la oposición. Frente a la celeridad reclamada de la UOCRA, Verani firmó el decreto/ley después de acordar cambios con el vicegobernador Bautista Mendioroz, que esencialmente consiste en limitaciones en la utilización de los fondos federales y la concentración de su manejo en el IPPV cuando esa función se asignaba a Casa Rionegrina. El fondo administrará bienes y derechos que se le transmitirá. Este instrumento -que manejará el IPPV- servirá para pagar y garantizar obligaciones que la provincia "asuma con la finalidad de promover la participación privada en la construcción, mantenimiento, operación y financiamiento de obras de vivienda e infraestructura comunitaria". Los beneficiarios -las constructoras- que cobrarán el Fondo Fiduciario serán designados por el IPPV. Entre otras facultades, ese instituto definirá "los criterios indicativos en la selección de adjudicatarios de soluciones habitacionales y obras". El Fondo se integrará con el 50 por ciento durante cuatro años de los recursos del FONAVI. Esta asignación es lo más importante y representó el año pasado 35 millones pero incluye de 8 a 10 millones cuyo aporte y continuidad es más que dudosa. Por eso, se prevé una disponibilidad del Fondo en los 4 años de 50 a 54 millones. Otras previsiones exigirán mayores esfuerzos para la obtención de recursos. Así, el decreto transfiere al Fondo los montos que surjan de acuerdos por los reclamos judiciales de las carteras de créditos del IPPV. El decreto también contempla otros recursos como "fondos que se asignen en el presupuesto provincial, créditos, subsidios, donaciones legados y / o aportes de cualquier naturaleza". Se destina al Fondo además cualquier contribución, impuesto o tasa que se creen para financiar la ejecución de viviendas, como también, los bienes que se cedan para la construcción y su venta directa. Recursos para deudas y "pequeños planes" El Fondo permitirá concluir con el Plan 2000 que mantiene pendiente 1.500 unidades, de las cuales, 1.200 se están construyendo. El mayor financiamiento corresponderá a completar este programa y sólo posibilitará hacer otros planes pequeños de 20 a 30 unidades, comentó a "Río Negro" el titular del IPPV y Casa Rionegrina, Jorge Ferreyra. El funcionario admitió que existieron muchos cambios al proyecto original que envió el Ejecutivo. Se preveía un "fondo de inversión que pretendía nuevas formas de financiamiento" y planteaba un objetivo mucho "más ambicioso" a lo que establece la normativa definitiva. También reconoció que aquel fondo de inversión a lo mejor no se adaptaba a los actuales momentos financieros. Aclaró que el decreto/ley constituye un fondo de garantía con "una gran limitación de 4 años" de recursos del Fonavi entonces "servirá especialmente para la reprogramación de las obras del Plan 2000". Confirmó que ese programa tiene pendiente de financiamiento 36 millones entre deuda y construcciones pendientes. Los restantes recursos del Fondo permitiría la realizar unas 500 viviendas con planes pequeños de 20 a 30 casas, previéndose la reconversión de las unidades actuales en diseños menores y más económicos como lo que prevé el plan Patagonía. (AV) UPCN insistió en que el Ipross vuelva a cobrar los coseguros VIEDMA (AV).- UPCN resaltó que se debe revisar la demanda prestacional que tienen los afiliados del Ipross por encima de los gastos y recursos sanitarios. Además, el gremio estatal reiteró que se devuelva a la obra social el cobro de coseguros, que representa unos 120.000 pesos mensuales. El secretario general, Juan Carlos Scalesi, pidió ayer a su par de la Unter, Aurelio Vázquez, que se sume a la comisión técnica que deberá elaborar un Plan de Salud Provincial tendiente a recuperar la obra social y el sector hospitalario. Esa comisión se conformará por tres miembros del gobierno e igual cantidad de los prestadores y de los representantes gremiales. La insistencia de Scalesi apunta a que el Estado retome bajo la administración directa de los empleados del Ipross las actividades de las bocas de expendio, en la que ingresan mensualmente unos 120 mil pesos por anticipo de prestaciones que en la actualidad está en manos de la Federación Médica. El asesor en seguridad social de la UPCN, Gerardo Esbry, consideró que así como el gobierno provincial trasladó a los médicos privados el sistema capitado y las bocas de expendio "hoy el secretario de Salud, Mario Rivoire, tiene las suficientes atribuciones como para recuperar las bocas de expendio". Esbry aclaró que la cuestión de los recursos "es un tema más de la agenda" a seguir discutiendo con el gobierno y los prestadores, pues "aquí hay que dar respuestas desde lo político viendo primero qué es lo que necesita la gente" removiendo estructuras y luego "analizaremos que gastos tendremos". UPCN había plasmado estas posibilidades mediante un documento denominado Lineamientos Políticos para una estrategia de reconstrucción del Sistema de Salud provincial, que presentó a la mesa de negociaciones. Posiblemente seguiría deliberando durante esta jornada. En ese trabajo, se postuló la necesidad del cumplimiento de los deberes del Estado como empleador, depositando en tiempo y forma los fondos constituídos por aportes y contribuciones. En la actualidad, la deuda acumulada alcanza a 59 millones de pesos. |
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