Batalla legal y presión en la calle en favor de Fuentes

Los abogados apelan y los dirigentes se movilizan. Hoy habrá marchas en Neuquén y Buenos Aires. De Gennaro llevará el tema ante Eduardo Duhalde.

Nuevo detenido, pero por otras razones

NEUQUEN (AN ) - La Policía detuvo ayer a otro dirigente gremial, pero no está ligado al proceso que se le sigue a Julio Fuentes y otros sindicalistas. Se trata de Ariel Aguilera, quien pertenece a la Federación de Tierra y Vivienda (FETYVI), un sector de la Central de Trabajadores Argentinos local que canaliza los reclamos de los vecinos por a soluciones habitacionales.
Aguilera fue interceptado minutos antes de las 20 de ayer a un par de cuadras de la sede gremial, cuando se movilizaba en un automóvil VW Gacel. El jefe de la comisaría Primera, a donde fue trasladado, informó que tenía un pedido de captura librado tiempo atrás por el juzgado penal 1, a cargo de Eduardo Badano.
"Paralelamente se detectó que la documentación del vehículo presentaba una serie de irregularidades. Entre normas incumplidas está la falta de patente y de cédula verde", informó el comisario Ramón Vallejos.
El jefe policial anticipó que Aguilera debería permanecer arrestado por lo menos hasta hoy, cuando se comunique su situación al juez. Se estima que el dirigente sería llevado a prestar declaración a la mañana.
Aguilera fue detenido momentos antes de que el movimiento de la CTA Barrios, que desde varios días realiza un protesta frente a Casa de Gobierno, realizara una olla popular frente a la catedral en repudio a las detenciones de los otros gremialistas. A la manifestación se adhirieron militantes de ATE, partidos de izquierda y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Los dirigentes del gremio estatal admitieron que la situación de Aguilera responde a otras causas, pero estimaron que "forma parte de una misma avanzada en contra de los dirigentes gremiales. Nos van a acosar desde todos los frentes, pero mantendremos nuestros reclamos", dijo una fuente del sindicato estatal.

El mismo delito que fue aplicado en el caso Panario

NEUQUEN (AN)- El delito de "coacción agravada" que se le imputa a Julio Fuentes y a los otros tres sindicalistas detenidos ya fue aplicado una vez en la provincia: contra Horacio Panario, el dirigente del Movimiento al Socialismo que el 2 de octubre del 95 irrumpió, a la cabeza de una manifestación, en la Casa de Gobierno.
Panario estuvo preso, fue enjuiciado y lo absolvieron porque la víctima del presunto delito, Jorge Sapag (en ese entonces ministro de Gobierno), dijo en el juicio oral que no se había sentido amenazado.
Según la CTA, aproximadamente 2.800 activistas fueron acusados en los últimos años de cometer ese delito y otros vinculados con protestas sociales: corte de ruta y extorsión son los más comunes.
"Coacción agravada" es la acusación más grave porque implica la pérdida de la libertad de quien lo cometió, ya que al castigarse con 5 a 10 años de prisión no es excarcelable.
Según el Código Penal, consiste en amenazar a un funcionario público para que deje de hacer algo o para que lo haga contra su voluntad, y cita en especial "abandonar los lugares de su residencia o de trabajo".
A Fuentes y los otros gremialistas los acusan de amenazar a Gerardo Hettinger, titular del ISSN, para que renuncie a su puesto. Fue durante los incidentes del jueves pasado, cuando el funcionario sufrió golpes y, según denunció, intentaron matarlo al pretender arrojarlo por la escalera.
El delito de coacción agravada está en el Código Penal desde la dictadura de Juan Carlos Onganía (1968), aunque en ese entonces se lo castigaba con una pena más leve: 2 meses a 2 años de prisión. Durante el último gobierno de Juan Perón, en 1974, se aumentó la escala de 5 a 15 años.