Lunes 14 de enero de 2002
 

La Legislatura insinuó un debate de los gastos políticos

 

El veranismo pidió que ajusten los diputados.Mendioristas, en cambio, apuntan al Ejecutivo."La frazada no es corta, sino que no hay frazada".

  El debate legislativo para incrementar el envío de fondos a los municipios en tres millones de pesos anuales transparentó en el recinto algunos gastos del Ejecutivo y de la Legislatura.
Los diputados prometieron continuar bajando su presupuesto y, en contrapartida, anticiparon una profunda revisión general. No faltó la queja gremial porque los legisladores participan de una parte reducida del presupuesto de ese poder (entre el 7 y 17 por ciento, argumentan), por lo cual el mayor impacto será entre el personal.
Establecer de dónde saldrá el "plus" de coparticipación a los municipios -que fue el disparador de la pugna presupuestaria- quedó pendiente para un escenario mucho más reservado pero en 15 días se deberá formalizar en el tratamiento de la segunda vuelta.
Río Negro recibe unos 30 millones anuales por Fondo de Desequilibrios Fiscales, que se incorporan a Rentas Generales. La iniciativa aprobada destina un 10 por ciento de esa suma a los municipios, compensando "la caída de la coparticipación del 13 por ciento. Los municipios son los perjudicados de los acuerdos de la provincia con la Nación", explicó Eduardo Rosso, autor de la iniciativa. Resaltó que los fondos están y sólo se deben readecuar partidas para el nuevo destino.
Esa discusión registró una docena de oradores en la sesión del jueves. Algunos -como Sigifredo Ibañez y Miguel González del PJ- acompañaron esa asignación municipal sin muchos aportes. Luego, Silvia Jáñez recordó que tiempo atrás presentó un proyecto igual -que el oficialismo rechazó- y se manifestó entusiasmada porque se abandonaron "las disciplinas partidarias".
Ahora, nadie se oponía a coparticipar el Fondo de Desequilibrios a los municipios y, por eso, el debate apuntó a dónde saldrían los recursos ya que la partida está asignada a otras erogaciones del Ejecutivo. El diputado Walter Azcarate introdujo el elemento de discordia al plantear que salgan del Poder legislativo.
El veranismo resistió hasta último momento el tratamiento del proyecto, pero en el recinto se desplegó para incomodar al vicegobernador Bautista Mendioroz y los suyos, que alentaron esa iniciativa. Nadie desconoce que esta pulseada se concreta ahora por las diferencias del oficialismo.
Fue el veranista Osbaldo Giménez quien irrumpió: Si no hay asignación de los montos, el proyecto -agregó- sólo "será un parche, voluntarismo y oportunismo político".
Salió al cruce el mendiorista Iván Lázzeri, quien prometió una revisión "a fondo del presupuesto" general y comprometió otras reducciones de la Legislatura, pero proporcionales a la partida general y "a lo que hagan los otros poderes".
Alfredo Pega -un veranista histórico- pidió razonabilidad, apuró la nueva ley de distribución y resaltó que inicialmente hay que pagar las coparticipaciones que "es lo que piden los intendentes".
A su turno, Guillermo Grosvald del MPP reivindicó que los únicos en hacer ajustes fueron "los municipios y la Legislatura". Dijo que ese Poder bajó sus ejecuciones de 26 a 18 millones. Cuestionó las prioridades del Ejecutivo y sobre todo el aporte para instalar un cajero automático del Banco Patagonia.
Luego, el radical Alfredo Lassalle prometió un "debate a fondo del presupuesto" y cuestionó también los gastos del Ejecutivo, mencionando que cuatro ministerios por servicios y contratos sumaron 17 millones. (ver aparte).
Azcarate insistió en una reducción legislativa porque puede hacer una mayor baja, ya que sólo una parte menor corresponde a dietas y gastos de los diputados. Coincidió Edgardo Corvalán, quien afirmó que las dietas de los legisladores son representan sólo el 6,7 por ciento del presupuesto. (ver aparte)
Luego, Miguel Saiz afirmó que "la frazada ya no es corta sino que no hay frazada". El disidente Fernando Chironi entendió al proyecto como "correctivo" y reclamó decisión política para cambiar lo que en los hechos constituye la desaparición de la ley de Coparticipación ya que los envíos de Economía responden a las necesidades y son discrecionales. Ninguno de los dos hizo referencia directa al presupuesto legislativo y se coincidió en dejar pendiente la reasignación para un análisis más interno cuyo saldo se conocerá dentro de 15 días. (AV)

"No ir detrás de las cacerolas"

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Walter Azcárate fue quien advirtió y reclamó precisar el financiamiento de las asignaciones a los municipios. Su propuesta consistió en un aporte de la Legislatura.
Acompañó el proyecto de coparticipar el Fondo de Desequilibrios a los municipios pero aclaró que "el Tesoro provincial está en estado terminal". Así cuestionó que sus pares alentaran enviar recursos que no están, ya que han sido afectados en otras funciones del Estado.
Coincidió en políticas para incrementar los recursos pero dijo que "ahora hay que fijar de dónde se sacan los fondos para los municipios". Insistió en que salgan del Poder Legislativo ya que es bajo lo que se destina a diputados entre dietas y gastos. "Y tenemos vergüenza de decirlos, cuando en este Poder hay personas muy calificadas. Pero ahora no tengo que salir disparando para demostrarle a la sociedad que estoy con la sociedad porque están las cacerolas".
En otra parte, Azcárate expresó que "los municipios no piden más recursos sino que se cumpla con la coparticipación" entonces la cuestión no es generar más deuda. "Se debe tener mucha razonabilidad y responsabilidad porque no hay capacidad de financiamiento". (AV)

Diputados reciben una "pequeña parte"

El diputado Guillermo Wood del Frente Grande introdujo en el debate su visión recaudadora y sufrió luego una crítica irónica del veranista Edgardo Corvalán, quien además pidió más recursos para los legisladores, del presupuesto de ese poder.
Wood desestimó el argumento de que no hay fondos. "No hay voluntad de recaudar y existe una autocastración", dijo.
Insistió en proyectos propios para mejorar los ingresos y estimó -entre varios esquemas- un incremento de 91 millones de pesos anuales. "Si cambian esa actitud, no habrá necesidad de sacar fondos a ningún poder" y se opuso "a reducir las representaciones populares en la Legislatura o en los municipios".
Ya antes el radical disidente Iván Lázzeri calificó de "idea fascista" considerar "gasto político a los cuerpos legislativos" cuando esas erogaciones "tienen que ver con muchas otras manifestaciones".
Corvalán compartió revisar la partida legislativa pero pidió más aportes para los diputados porque sólo representan el 6,7 por ciento del presupuesto del Poder. Afirmó ya no soportar y estar harto de "asumir la culpabilidad de los recursos" que no maneja ni conoce. También, consideró que Verani -cuanto menos- fue un ingenuo porque permitió con sus votos llegar a la Legislatura a Wood, "cuando debería ser el recaudador pero igualmente -ironizó- hay que darle la oportunidad para lograr por lo menos el 20 por ciento de los 91 millones que afirma que se debe recaudar". (AV).

Los municipios o el Banco Patagonia

El sector no veranista contrarrestó a la planteada revisión de las erogaciones legislativas con la advertencia de un repaso "a fondo" del Presupuesto general y la exposición de excesos en gastos del Ejecutivo. Así, se habló de un aporte de 170 mil pesos para la temporada de Las Grutas que incluye la instalación de un cajero automático del Banco Patagonia SA. También se denunció que cuatro ministerios gastaron el año pasado unos 17 millones en servicios, alquileres, viáticos, pasajes y contratos.
El radical Alfredo Lasalle anticipó que habrá "un debate a fondo" en el futuro presupuesto para "tener todas las respuestas" de los gastos. Pero, adelantó que los ministerios de Coordinación, Economía, Gobierno y Acción Social por gastos del rubro 300 -contratos, consultoras, pasajes y servicios no tarifados- sumaron 17 millones de pesos, entonces dijo que "bajando sólo el 18 por ciento de esos gastos -muchos de los cuales no son esenciales- se estaría en los tres millones para los municipios".
En igual línea de revisión al Ejecutivo, Guillermo Grosvald del MPP resaltó que "la política es el arte de resolver los conflictos" y reclamó evaluar las prioridades, porque "fondos hay". Y añadió que "para muestra vale un botón": Mencionó que el decreto 1655 asigna al municipio de San Antonio Oeste un monto "no reintegrable" de 170 mil pesos para seguridad y limpieza de playas, promoción, cartelería y señalización de Las Grutas. La norma consigna varios argumentos del aporte pero sorprende, entre ellos, el financiamiento para "la instalación en conjunto con el Banco Patagonia del servicio de Cajero Automático, durante la temporada estival". Grosvald resaltó que la plata está, pero "hay que decidir entre el Banco o los municipios, o entre la insulina y la corporación". (AV)

   
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