Declararon la emergencia sanitaria por 90 días

Rivoire decidirá la distribución de las partidas.

VIEDMA (AV).- El gobierno rionegrino planteará hoy a los prestadores y sectores involucrados, un nuevo programa de salud a partir de reformular el reparto de los fondos estatales.
En tanto, la Legislatura declaró ayer la emergencia sanitaria por 90 días, otorgándole facultades especiales al secretario de Salud, Mario Rivoire, en la distribución de partidas y la contratación de los insumos.
Mientras se aprobaba la ley, se advirtió la presión de la asistencia de los titulares y los médicos de los centros privados de Viedma, que llegaron a la Legislatura con el personal para copar la sede con permanente bullicio de golpes de cacerolas y al grito de "queremos cobrar".
Así, el último borrador planteado por el sector de la Agenda -que priorizaba los fondos para los hospitales- sufrió notables cambios, por lo cual, el Estado ahora deberá asumir la normalización del "funcionamiento de los servicios en los nosocomios y los establecimientos privados". Se incluyó la obligación de regularizar la situación con los prestadores en un plazo de 90 días. También se mantuvo la facultad de Rivoire para reasignar partidas y contratar en forma directa para proveer a los hospitales.
Por su parte, Verani recibirá hoy en Casa de Gobierno a los prestadores y otros sectores involucrados en el sistema de salud, entre ellos, UPCN.
Por lo pronto, el gobernador tendría una propuesta intermedia que complementaría el pago de la deuda a prestadores y la reducción de los costos del Ipross, contemplando reducir de 4 a 5 pesos la cápita total de 24,7 pesos por afiliado. Por eso, habrá reducción en el valor a las federaciones principales (de algo más de un pesos de los 14 que recibe médicos y clínicas, pero que no sería suficiente para las pretensiones de Rivoire), las emergencias, las farmacias y, también, el costo de administración de la obra social.

Legislatura

En la Legislatura no hubo discurso disonante a los médicos prestadores y agentes de las clínicas presentes.
El radical Iván Lázzari explicó los cambios introducidos al proyecto original de declaración sanitaria del bloque justicialista y del Frente Grande. En esas reformas ya poco quedaba de las intenciones del sector no veranista de favorecer a los hospitales en la escasez de fondos. Pero, en cambio, Lázzari insistió en el proyecto de Verani de la complementación del sector público y privado mientras insinuó una defensa de Rivoire -sin mencionarlo- que no se lo puede responsabilizar de todas las carencias del sector privado.
Por su parte, el médico y diputado Rubén Giménez -que convaleciente concurrió a la sesión sólo para participar del análisis de ese proyecto- entendió que la situación de la salud provincial fue porque no existió consenso de las dos últimas gestiones -en referencia de Claudio Di Tella y Rivoire- y se extendió en el significado de bien social y derecho humano del acceso a la salud.
Habló del Pami y del Ipross con elogiosas referencias al informe de la Defensora del Pueblo, Nilda Belloso (que Río Negro publicó el miércoles). Advirtió del riesgo de los prestadores privados y el riesgo laboral de los 1.400 empleados del sector.
Luego, habló Eduardo Chironi del Frente Grande quien dijo que con esa declaración no resolverá "los problemas absolutos que sufre el sector de la salud" mientras resaltó que "los efectos del colapso son reales".

Los municipios recibirán tres millones de pesos más que el año pasado

VIEDMA (AV).- Los municipios recibirán cerca de tres millones anuales más de coparticipación provincial aunque no quedó definida la readecuación de los fondos estatales a partir del nuevo traspaso a las comunas.
Esta iniciativa -que elevó el bloque justicialista- derivó en un debate de más de tres horas, que alcanzó el presupuesto legislativo, los gastos del Ejecutivo y originó interesantes cruces, especialmente en el oficialismo.
Asimismo, el cuerpo legislativo resolvió -en forma unánime- convocar para la sesión del 25 de enero al ministro de Economía, José Luis Rodríguez para que "informe sobre la situación provincial".
Además de la asunción de Fernando Grandoso y Regina Kluz como diputados de la Alianza, la sesión de ayer suspendió los cortes de los servicios públicos a todos los usuarios y se prohibió igual medida contra los distintos organismos provinciales.
Los cortes de suministros domiciliarios de gas, electricidad y agua potable a los usuarios, serán suspendidos por el término de 60 días. Además, la norma dispone reestablecer "en forma inmediata y sin costos de reconexión" si se hubiese suspendido el suministro de agua potable que "se haya cortado por falta de pago a todos los usuarios que se encuentren en situación socioeconómica de carencia".
La coparticipación a los municipios del Fondo de Desequilibrio Fiscal -que rondan los 30 millones anuales-, se aprobó por unanimidad pero derivó en un intenso debate legislativo.
Esa circunstancia se generó cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto, Wálter Azcárate, recomendó que el monto que ahora se enviará a los municipios -de 2,8 a 3 millones por año- debería ahorrarse del presupuesto legislativo al considerar la necesidad de compensar las partidas ya asignadas.
La discusión comprendió discursos de una docena de diputados, contemplando diferencias de criterios entre los no veranistas y aquellos del grupo Agenda (radicales mendioristas y del Frente Grande).
El debate se centró en la transferencia real de fondos para lo cual se debería suspender algún otro gasto estatal, pues ya están asignados los tres millones que se pretenden enviar a los municipios. Los mismos corresponden a la partida de 30 millones que Nación remite a Río Negro. Quedó pendiente para la segunda vuelta cómo la Legislatura resolverá este dilema.

Foto: Los dueños de centros privados de salud, los médicos y los empleados del sector hicieron una ruidosa protesta frente a la Legislatura.