Viernes 28 de diciembre de 2001

 

Verani adelantó más fondos del Ipross a los hospitales

 

Sólo las complejidades serán atendidas por privados. Se traduciría en un aporte importante a los nosocomios.

  VIEDMA (AV).- Una importante parte del presupuesto del Ipross que actualmente se destinan a los prestadores privados se derivarán a los hospitales.
El monto superará los 10 millones y la revisión gubernamental se fundamenta que los nosocomios concentrarán casi la totalidad de la atención y sólo se dejarán los servicios de complejidad para los privados.
La reconsideración prestacional se iniciará en enero con las negociaciones que encabezará el secretario de Salud, Mario Rivoire con las federaciones que agrupan a médicos y clínicas de Río Negro.
La obra social provincial destina más de 2,7 millones por mes o 33 millones a los prestadores privados, a partir de una capita global superior a 24 pesos por afiliado. Una fuente gubernamental estimó que se prevé bajar ese monto en 10 a 12 pesos -que equivale de 11 a 14 millones de pesos anuales- pero aceptó que la revisión exigirá también el sinceramiento de los aportes de Economía al Ipross, pues durante el ejercicio 2001 sólo se remitió el 50 por ciento de lo inicialmente previsto.
Fue el propio gobernador Pablo Verani quien anticipó esa "profunda reforma en salud" en un escenario heterogéneo como el que ofreció la reciente reunión de gabinete con diputados del oficialismo y de la oposición.
"El Ipross destinará más fondos para los hospitales porque los privados sólo atenderán las complejidades porque las atenciones de primer y segundo grado se realizarán en los hospitales", sintetizó Verani.
Rivoire -también presente en la reunión- aportó datos del actual diagnostico pero no demasiadas precisiones de los cambios. Insistió que en 1994 sólo un 40 por ciento de los afiliados eran atendidos en los hospitales pero ahora se supera el 80 por ciento. Destacó que esa demanda se intenta absorber con igual presupuesto. Un análisis especial planteó de la partida sanitaria, pues la asignación anual es de 16 millones -con el traslado de una deuda de 2 millones del 2000- pero ya se acumuló un pasivo adicional de 9 millones por otras obligaciones pendientes. Por eso, Rivoire reiteró su insistente pedido de duplicar el presupuesto para el año próximo.
La contundencia en "la decisión política" de Verani y la ampliación de Rivoire sólo permitió una observación del médico y diputado justicialista, Rubén Gimenez, que además integra la Comisión de Seguimiento del Ipross. El legislador advirtió que esa "esa decisión significaría un quiebre del subsector privado". Rivoire respondió que la obra social tiene facultad para establecer cómo destinan los fondos entre sus prestadores públicos o privados. Gimenez admitió que había quedado en incomoda posición entonces sólo agregó que "es un tema para hablar en otro ámbito".
En el futuro debate, la obra social establecerá con los privados cual será el menú y el valor prestacional, a partir de "la disponibilidad y complejidad de cada hospital". Obviamente, se prevé una fuerte presión de los prestadores frente a esta revisión gubernamental mientras se mantienen deudas importantes con las federaciones por los servicios de este año.

Juez ordenó atender a los diabéticos

VIEDMA (AV)- La Justicia ordenó al Ipross que asegure la atención de los diabéticos de esta capital.
Así lo dispuso el juez Jorge Bustamante al hacer lugar a un amparo presentado por Mariela Martínez y Abel Abraham, presidenta y secretario técnico y de coordinación, respectivamente de la Asociación Viedmense Amigos del Diabético. Pidieron que sea preservado e integramente resguardado el derecho a la salud con la provisión de medicamentos e insumos de acuerdo a la implementación del Plan Diabetes por parte del Ipross en el marco de la Ley provincial de protección al diabético que establece la cobertura del 100% para ese tipo de enfermos afiliados al Ipross.
En respuesta a esta presentación el juez Bustamante ordenó a la obra social provincial que prevea los mecanismos necesarios para la provisión de medicamentos e insumos a los enfermos de diabetes afiliados al Ipross y que forman parte de aquella asociación. Fundamentó que el diabético es un paciente inmuno deficiente, por lo que no se puede predecir el proceso de complicaciones ante la falta de la medicación adecuada y que se deben evitar complicaciones en el tratamiento, ya que una vez iniciadas no se pueden predecir sus perjuicios.
Consideró que no le es imputable a los afiliados y menos aún, enfermos, el corte de la cadena de pagos aludido que en definitiva es responsabilidad del Estado y cuando al afiliado se le ha descontado la cuota de sus haberes.
"La obra social debe arbitrar los medios para el suministro de medicamentos e insumos para la atención de los diabéticos, tanto los requeridos al presente momento, como así también los del futuro ya que el imperio constitucional no puede subordinarse a reiterados pedidos, todos de igual caracter, ante los sucesivos incumplimientos de la obra social que perjudican a sus afiliados enfermos", sostuvo el juez.

Cuotas alimentarias en Lecop

VIEDMA (AV)- Lecops y tickets para cuotas alimentarias y embargos. El Ejecutivo dictó un decreto-ley en el que estableció que la Justicia deberá contemplar la inclusión de vales alimentarios, Lecop y otros títulos nacionales como modalidad de pago en la determinación o fijación de las cuotas alimentarias y embargos de cualquier causa.
La norma modificó los decretos cinco que estableció que en todos los regímenes de empleo público provincial las prestaciones a cargo del Estado podrán ser parcialmente satisfechas con vales alimentarios, y el 17 que habilitó la cancelación parcial con Lecop en las obligaciones remuneratorias del sector público provincial devengadas o a devengarse.
En el decreto 5 se estipuló con un sentido netamente de protección, que quedaban excluídos de la aplicación del regimen los estatales de que 60 o más años que no contaran con beneficios previsionales o de retiro y sin condiciones de acceder a ellos. Como efecto no querido de esa previsión surge que, atento a la edad diferenciada de las mujeres para jubilarse resultan excluídas de la posibilidad de encuadrarse en el beneficio del pago del salario en dinero.
Por esta razón se excluyeron de este regimen lo estatales que no esten jubilados o retirados ni con posibilidades de estarlo y que tuvieren 60 años o más los varones, o 55 años o más las mujeres.
Además se rectificó del decreto 17-01 en lo referido al regimen sancionatorio, previendo que la negativa de recepción por parte del acreedor de los Lecop exime al deudor de todos los efectos de la mora, sin perjuicio de otras sanciones.

   
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