Lunes 24 de diciembre de 2001

 

Neuquén tiene su propia industria del juicio
 

El 80% de las demandas contra la provincia llega a una sentencia favorable, con lo cual litigar contra el Estado resulta un buen negocio, porque generalmente incumple la ley. El Consejo Provincial de Educación concentra un alto porcentaje de litigios. Las finanzas públicas deberán disponer de 8,7 millones de pesos este año para estas cuestiones por los períodos 2000 y 2001. Los honorarios de los abogados litigantes rondan los 900.000 pesos.

  NEUQUEN (AN).- En este año a punto de finalizar, día por medio se presentó una demanda contra el Estado neuquino, y el pronóstico, de acuerdo con los datos disponibles, es que en un alto porcentaje, los tribunales le darán la razón al demandante. En consecuencia, el erario público sufrirá una sangría de 6.300.000 pesos que reclaman los abogados, sólo por los litigios iniciados entre enero y diciembre: a los profesionales les corresponderán 891.000 pesos por honorarios.
Nada en más ventajoso que litigar contra el Estado, porque de antemano está casi asegurado el éxito del reclamo y más tarde o más temprano, una porción de fondos públicos irá a parar a empresas privadas, particulares y empleados públicos que, bien asesorados, le hicieron juicio al gobierno.
"En estos casos, siempre el Estado es el gran perdedor", dijo un funcionario de la justicia provincial. Añadió que el 80% de sentencias tienen fallos condenatorios.
Se trata de una faceta de lo que desde hace muchos años se define como la "industria del juicio", que tiene como víctima a empresas y organismos públicos en los que los "malos de la película" no son los abogados patrocinantes sino la ineficiencia -de ahí a la corrupción hay un paso-, de los funcionarios y sus asesores legales (ver aparte).
Según el miembro del Poder Judicial consultado -cuyo nombre se mantiene en reserva-, lo que abre todas las puertas a las demandas es la irresponsable forma de actuar de los políticos.
"El Poder Ejecutivo es un "botín de guerra" y así lo usan los que acceden a él. Legislan, dictan normas, firman contratos y deciden sin importarles las consecuencias de sus decisiones. Y en todo caso, como conocen los tiempos de la Justicia, especulan que no serán ellos los que tendrán que responder, sino quien los suceda", comentó.
Una evidencia de este proceder de los gobernantes es que los fallos condenatorios conocidos ahora corresponden a juicios iniciados en anteriores gestiones de gobierno.
"Otro ejemplo es el incremento de demandas que se registra cuando cambia el gobierno, esto porque cuando ingresa un nuevo funcionario decide nombramientos y ascensos que a la vez significan postergaciones y desplazamientos de otros empleados que, al verse perjudicados, litigan", explicó la fuente.
En los dos años últimos se registraron 403 demandas contra el Estado neuquino por 8.700.000 pesos, como se dijo, 6.300.000 de pesos corresponden al 2001. Los demandados son Vialidad Provincial -con 35 casos tiene el mayor monto de demandas: 2.100.000 pesos-; el CPE -el organismo que registra 60 juicios, el número más alto, por 63.000 pesos; los municipios -66 hechos, por 1.000.000 pesos-, la lista la encabeza el capitalino con 23 casos.
Englobados en un genérico rubro "provincia del Neuquén" además hay 167 demandas presentadas contra el EPEN, Acción Social, ISSN, Salud Pública, IPVU.
Los datos fueron obtenidos de los oficios que la Justicia envía a la Legislatura para que se incluya la reserva de fondos en el presupuesto anual, a fin de garantizar el cumplimento de estas obligaciones. La previsión responde a un mandato constitucional que apunta resguardar bienes o fondos públicos de un potencial embargo.
"En Argentina es muy barato litigar. En otros países llegar a la Justicia tiene un costo muy alto, a veces casi inaccesible. Si agregamos que culturalmente somos "litigiosos" tal vez se explica el por qué de tantas demandas contra el Estado", comentó.
Añadió que lo ideal es que la Justicia sea el último escalón para defender un derecho que se cree ha sido vulnerado y que antes debiera apelarse a otras alternativas administrativas para resolver el conflicto.
"Pero no puede desconocerse que el Estado "invita" a ser demandado. Aunque en general la sociedad es ineficiente, sólo que en lo público parece acentuarse. Nadie consulta antes de hacer un trámite, un ejemplo son los juicios por incumplimiento de contrato. Nadie se asesora, cuando hacerlo siempre tendrá un costo significativamente menor al del juicio al que se expone", señaló el entrevistado.
El Estado está mal asesorado, pero que si bien son responsables los abogados oficiales, debe contemplarse que muchas veces éstos hacen lo que los funcionarios les piden. El vocero consideró que hay consecuencias que pueden evitarse, pero no ocurre así cuando una norma o una ley tiene falencias graves.
"Cuando se redacta un contrato, por ejemplo, el abogado sabe las derivaciones que puede generar su incumplimiento, por lo tanto debe "afinar el ojo", no puede comprometer alegremente al Estado a futuras demandas", dijo el funcionario.
La mayoría de las demandas que registra el período contemplado son acciones de amparo -124- (ver aparte). "El amparo es una acción muy efectiva en el marco de una Justicia que tiene plazos muy largos, porque es muy ágil y exige respuestas rápidas. Se plantea cuando está debidamente fundada, cuando existe flagrante violación de un derecho y en la mayoría de los casos el pedido prospera", comentó la fuente.

El IPVU, entre los preferidos

NEUQUEN (AN).- Entre los demandantes más habituales contra el Estado provincial, las empresas constructoras ocupan un lugar preferencial por la importancia de los montos que reclaman.
En el informe surgido de la Legislatura, de las 403 demandas computadas la más elevada la presentó Epiro S. A. y Neuquén fue condenada a pagarle 1.733.650 pesos. La cifra no incluye los honorarios de los abogados, que están pendiente de regulación por el TSJ.
El juicio lleva más de diez años de tramitación y se origina en un monto de 130.688 pesos. La vinculación de la constructora con el Estado surgió a raíz de la construcción del hospital de Tricao Malal.
"Las empresas constructoras se han llevado "carradas" de dinero por juicios a la provincia. ¿Cómo explicarlo? Los contratos estaban mal hechos. Las demandas se hicieron por cláusulas de mayores costos, de prórroga, por falta de pagos en términos y una variedad de causas más", dijo un funcionario de la Justicia.
Esta semana "Río Negro" publicó una resolución judicial por la cual el IPVU fue condenado a pagar un monto que llegaría a los 400.000 pesos, por casas deficientemente construídas.
La demanda la presentaron 18 adjudicatarios y el organismo tiene que hacer las reparaciones correspondiente en un plazo relativamente breve.
"Hay causas que tienen un tufillo de corrupción indisimulable, que responden a maniobras bien organizadas, cuidadosamente estudiadas. Pero la raíz de todo es que fallaron los funcionarios", dijo sin más vueltas la fuente.

La Fiscalía de Estado "no cumple su rol"

NEUQUEN (AN).- "La gran responsable de los juicios que pierde la Provincia es la Fiscalía de Estado, porque no cumple sus funciones como corresponde", dijo el abogado y ex diputado nacional y provincial, Oscar Parrilli. Especializado en Derecho Civil y Comercial, el profesional dijo que hay una "industria del juicio" contra los organismos oficiales, pero que no debe cuestionarse a los demandantes, sino a los funcionarios por su pésimo manejo de la cosa pública.
Parrilli dijo que la provincia cuenta con una ley que contempla con claridad el papel que debe desempeñar la fiscalía de Estado para controlar el accionar de los funcionarios y evitar demandas judiciales. "Debe ser un órgano independiente, profesional, técnico, con un alto grado de responsabilidad, absolutamente al margen del gobierno. Pero en la práctica funciona como una mera oficina administrativa y burocrática".
Añadió que el TSJ advirtió en varias ocasiones a la fiscalía de Estado porque su inacción deriva en la indefensión de los organismos oficiales, y lo atribuyó a que termina siendo un apéndice del gobierno de turno.
Los juicios contra el Estado, según Parrilli, podrían ser abortados en un alto porcentaje si los asesores oficiales actuaran con responsabilidad, "porque ante un proceso que tiene posibilidades de un fallo adverso, debe negociarse, buscar alternativas de solución y no dejar correr los tiempos que, al final, lo único que hacen es incrementar costos".
Comentó que en Neuquén hubo juicios en los que el Estado fue muy mal defendido y dieron margen a pensar deshonestidad de los funcionarios y asesores, porque la desidia fue manifiesta.
Las acciones de amparo son uno de los recursos más comunes que debe afrontar la provincia (ver nota central).
Al respecto Parrilli dijo que "no hay que pensar de que el demandante especula, sino el derecho que tiene a litigar cuando el Estado no respeta sus derechos. Un amparo se presenta cuando hay violaciones legales manifiestas y argumentaciones debidamente sustentadas, deben darse las condiciones".
Sostuvo, por otra parte, que el amparo es un mecanismo que exige una respuesta rápida del juez, "en la medida que se presenta cuando se llega al límite de la falta de respuesta a un requerimiento. Si la administración pública es lenta, si los funcionarios no responden en tiempo y forma y no se responsabilizan de sus decisiones, la víctima no tiene otra alternativa que acusar".
   
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