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Lunes 24 de diciembre de 2001 | |
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Legislativos reclaman por salarios |
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El gremio fue a la Justicia para que les paguen los sueldos de octubre y noviembre. |
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| VIEDMA (AV)- Los empleados de la Legislatura rionegrina recurrieron a la justicia para tratar de conseguir que se les paguen los salarios adeudados. El secretario General de la Asociación Personal Empleados Legislativos de Río Negro (APEL), Alejandro Gatica, presentó un mandamus ante la justicia por el cual reclama al presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, y al ministro de Economía, José Luis Rodríguez, el pago de los sueldos de octubre y noviembre de este año. En la presentación judicial el gremio de los empleados legislativos solicitó a los jueces intervinientes que se expidan en un plazo de 48 horas "con habilitación de días y horas inhábiles" y se dejó constancia que a la fecha se encuentran "vencidos todos los plazos legales razonables que son dables pensar, sin que exista siquiera un cronograma de pago de cumplimiento posible" o que "se haya comunicado la forma (día y hora) en que se cancelarán nuestros haberes". En los fundamentos de la acción judicial el gremio sostuvo la necesidad de "ser tratados igualitariamente a los demás empleados públicos rionegrinos" y se hizo expresa mención al hecho de que "los empleados de la administración central (Poder Ejecutivo) ya han percibido los haberes" que reclaman los legislativos. Desde el gremio legislativo se destacó además que el ministro de Economía de la provincia "no sólo nos ha excluido del cronograma salarial sino que además no da cumplimiento a la Ley de Administración Financiera por cuanto sin haber saldado la masa salarial de los empleados legislativos tiene pago octubre y anticipo de noviembre al personal del Ejecutivo" rionegrino. En este sentido en la presentación se puntualizó que "queda al descubierto la marcada arbitrariedad que sufrimos" respecto de los empleados públicos del Ejecutivo y se añadió que "estamos frente a una verdadera política administrativa de discriminación porque pareciera ser que el Ejecutivo sólo administra a favor de su poder y no como administrador general de las rentas públicas provinciales". El gremio interpretó además que está alterada la división de Poderes y que esa es la gravedad institucional que "el tribunal tiene que advertir y dar solución ". |
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