Jueves 20 de diciembre de 2001

 

La Legislatura derogó las jubilaciones de privilegio

 

Hubo unanimidad entre todos los bloques para la decisión.

  NEUQUEN (AN).- Los diputados provinciales derogaron anoche, por unanimidad, los regímenes de jubilaciones especiales o de privilegio, cuyo tratamiento concluirá hoy por la mañana si la Cámara vuelve a sesionar.
El contexto convulsionado de ayer por la tarde sirvió para homogeneizar a los legisladores en torno de la defensa de las instituciones, fundamentalmente de los cuerpos deliberativos y en contra del "pensamiento único y la exclusión social" que generó los conflictos reflejados en la crónica periodística.
De común acuerdo, los tres bloques -y el monobloque de Carlos Moraña- decidieron imponer un final cuarto intermedio a la sesión cuando terminaron de aprobar en general el proyecto consensuado para terminar con las jubilaciones excepcionales, que, según dijo el oficialista Osvaldo Ferreyra, "estaban esperando unos 130 posibles beneficiarios" entre magistrados y funcionarios judiciales.
Agregó que muchos casos corresponden a personas "con apenas cinco años de aportes a la caja jubilatoria, que estaría así en serio riesgo de quebrar".
En cambio, el texto que se discutirá hoy en particular, establece un mínimo de diez a quince años de aportes al Instituto de seguridad Social para poder acceder al beneficio previsional.
El recinto se conmovía continuamente a medida que llegaban noticias del exterior: las escaramuzas entre policías y grupos de jóvenes y desocupados frente a supermercados en la ciudad motivaron un pedido del presidente de la Cámara, Jorge Sapag, para que se apuraran las consideraciones de los proyectos.
Finalmente, un cuarto intermedio con los presidentes de bloque logró acordar la constitución de una comisión observadora permanente que mantendrá en contacto la Legislatura "abierta y en alerta constante", una moción que fue votada por mayoría a excepción de la diputada Iris Laurín (PJ) que "lejos de ser indiferente", pidió "no alterar el orden de las instituciones" porque ése era el mandato popular.

Juicios contra el Estado

El segundo proyecto en importancia tratado en la víspera fue expuesto por Moraña, que analizó los juicios contra organismos del Estado y el costo que implican al presupuesto provincial, muchas veces por falta de mecanismos idóneos de control y de respuesta.
Mencionó a manera de ejemplo que entre el 26 de octubre de 2000 y la misma fecha de este año se contabilizaron 7.3 millones de pesos en estos juicios -multas, sanciones por falta de controles y seguros laborales, entre otros renglones-, que significan la mitad de las asignaciones para la ley 2128 por año y, según agregó el diputado aliancista Eduardo Fuentes, el 40 por ciento de los recursos para medicamentos.
Ese proyecto también fue aprobado en general y hoy se volverá a tratar en particular.
Al finalizar la sesión extraordinaria y la ordinaria prorrogada, el vicegobernador Sapag convocó a los diputados a reencontrarse a partir de hoy a las diez "si los acontecimientos no evolucionan de otra manera".
   
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