Condenan al IPVU a reparar viviendas mal hechas

Un fallo exige al organismo arreglar casas defectuosas. El costo para el Estado podría llegar a los 400.000 pesos.

NEUQUEN (AN).- El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) perdió una batalla legal que le puede costar más de 400.000 pesos. Un total de 18 adjudicatarios de un plan de esta ciudad obtuvo un fallo favorable que condena al Estado a hacerse cargo del daño moral producido por casas mal construidas y a repararlas en un plazo de 90 días.
La demanda fue iniciada por los vecinos del barrio 256 viviendas, ubicado en proximidades del hospital Heller, en el oeste e la capital donde además, hay problemas de suelos.
La operatoria se realizó bajo la denominación "ahorro solidario", se implementó a principios de 1989 y se canalizó a través del IPVU, en buena parte con fondos públicos.
Los vecinos comenzaron con reclamos, primero porque se retrasó el inicio de las obras, y luego por vicios constructivos y mala calidad de los materiales.
Los primeros síntomas de deterioro en las casas aparecieron en 1993, poco tiempo después de entradas las unidades habitacionales. El plan se entregó en forma parcial a partir de junio de 1991.
Las pericias agregadas a la causa señala que las viviendas de los denunciantes tienen defectos comunes: humedad y fisuras ligadas a problemas de estructura.
Los suelos, según los peritos, no son suficientemente resistentes para construir. "La baja cuantía en el hierro detectado en todos los casos nos demuestran que, la baja flexibilidad de estas superficies frente a cargas diferenciales y ante un suelo blando por falta de tratamiento, implica que se fisuren, se rompan y cedan, incluso frente a su propio peso", agrega el informe pericial que forma parte de los argumentos del fallo del juzgado Civil 3 de esta capital.
La justicia sostiene que las deficiencias "graves" señaladas por el perito debieron haber sido detectadas por el IPVU durante la construcción. Aclara que el IPVU ha sido creado "justamente para programar y ejecutar planes de viviendas" y cuenta con técnicos y "mecanismos de control que en teoría deberían resultar suficientes".

Antecedente judicial

Este pronunciamiento que beneficia a estos 18 adjudicatarios tiene un antecedente jurídico similar por otra demanda, la iniciada por Alberto Papini, del mismo barrio. Papini, que fue precusor y también ganó el juicio.
Tanto en este caso como en el de Papini, la justicia pone el acento en la falta de controles de organismos oficiales, en este caso del IPVU. Las casas tienen un valor estimado de 23.000 pesos pero su reparación, según los peritos, necesitan de una inversión del orden de los 18.000 pesos.
La justicia ordena solucionar en tres meses las deficiencias estructurales indicadas por la pericia. Si el IPVU no soluciona los problemas el fallo contempla la posibilidad de contratar a un tercero, con gastos a cargo de la demandada. Además fija una suma de 5.000 pesos por cada uno de los vecinos de indemnización en concepto de daño moral. De esto se deduce que el monto que debe pagar el organismo de vivienda, entre daño moral y reparaciones, supera los 400.000 pesos.
La causa está caratulada "Arnao, Raúl Humberto y otros contra el IPVU" y Mariano Mansilla y Guillermo Corre Skiba fueron los abogados de los adjudicatarios.

Más quejas por el descuento de cuotas

CHOS MALAL (ACHM).- El descuento automático del sueldo de la cuota de las viviendas generó descontento en esta ciudad. Los vecinos no se niegan a pagar pero consideran que antes debería hacerse un revalúo de las casas, dado que el valor de las cuotas es considerado caro para el estado en que fueron entregadas las soluciones habitacionales.
Más de un centenar de vecinos de distintos puntos de la ciudad se autoconvocaron ayer en el playón del Barrio Uriburu donde estuvieron también el presidente del Concejo Deliberante, Luis Villagra, el concejal Sócrates Reyes y el diputado aliancista por la zona norte Osvaldo Forsetti.
Andrea Carrasco vive en el Plan 102 viviendas del Barrio Uriburu y si bien no se le ha descontado la cuota porque no tiene trabajo, aclaró que es imposible hacer frente a una cuota de 300 pesos. Indicó que en la cuota consta de 149 pesos en concepto de amortización, otro tanto por prima de seguro contra incendio y 2 pesos por gastos administrativos.
Clemente Troncoso, otro adjudicatario, vive también en el barrio Uriburu pero en el plan Federalismo, gana 400 pesos y su esposa dice que le descontaron del sueldo 100 pesos. Son siete de familia y asegura que cuando le entregaron la vivienda "venía sin piso, sin pozo ciego y sin ventanas".

Foto: Las pericias demostraron que las viviendas tienen defectos como humedad y fisuras.