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Lunes 17 de diciembre de 2001 | |
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Presentan la demanda civil contra gremios |
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| NEUQUEN (AN)- El Gobierno provincial presentará entre hoy y mañana una denuncia penal y una demanda civil contra varios dirigentes sindicales y las organizaciones que representan, acusándolos de ser responsables de los destrozos ocurridos el jueves durante el paro nacional. Se sumará así a acciones similares que ya emprendieron el Banco Provincia, la Municipalidad y varias empresas privadas. La intención es que los gremios paguen lo que fue roto. La denuncia del Gobierno será presentada a través de la Fiscalía de Estado. Como anticipó "Río Negro", entregará videos que fueron tomados por la Policía durante los graves incidentes que duraron cinco horas. En las filmaciones, que ya fueron exhibidas en propagandas televisivas oficiales, se observa a varios dirigentes sindicales en medio de la marcha, hablando por teléfono celular y dirigiéndose a algunos manifestantes encapuchados. La justicia deberá evaluar si resulta prueba suficiente de que estaban dirigiendo los incidentes, como plantea la hipótesis del Gobierno. Como saben que la responsabilidad penal no es sencilla de demostrar, la estrategia de la Fiscalía de Estado -y de otros denunciantes- es accionar civilmente contra los sindicatos. Quieren que se hagan responsables por los destrozos producidos durante la marcha a la que convocaron y los paguen de su bolsillo. Aspiran a que les traben embargo sobre sus bienes. Como adelantó este diario, en la Argentina no hay precedentes de una sentencia de esa naturaleza. Por eso la demanda de la Fiscalía que defiende los intereses del Estado recogerá jurisprudencia internacional. La denuncia será presentada en la fiscalía de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, de Alejandro Cabral, quien ya se reunió con abogados del gobierno para analizar el tema. Además ordenó algunas medidas de investigación a la Policía. Durante la protesta se cometieron varios delitos: daños calificados, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad, instigación a cometer delitos, coacción e incendio. Este último es el que tiene la pena más grave, de 3 a 10 años de prisión. |
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