Las jubilaciones de privilegio llegaron al TSJ

El ex juez neuquino Acosta llegó con su reclamo a la máxima instancia judicial. La postura que adopte el TSJ sentará precedente para varios casos similares que esperan una resolución.

NEUQUEN (AN)- El Tribunal Superior de Justicia tendrá que pronunciarse sobre las jubilaciones de privilegio. Un ex magistrado laboral, Claudio Acosta, llegó hasta la máxima instancia judicial de la provincia con su reclamo para que le paguen una jubilación que la ley llama "especial", y que pueden reclamar aquellos que acrediten apenas 15 años de aportes sin importar su edad.
La decisión que tome el TSJ sentará jurisprudencia. Hay por lo menos diez funcionarios judiciales que esperan obtener una jubilación de privilegio, uno de ellos el presidente del Tribunal Superior, Fernando Macome.
Como reveló este diario, Macome confía en una promesa del Poder Ejecutivo: le concederían la jubilación "especial" en abril de 2002, dos años antes de que cumpla los 60 de edad.
Cuando "Río Negro" lo publicó surgieron voces críticas hacia la ley que permite las jubilaciones de privilegio y también hacia la situación de Macome, quien se defendió asegurando que su independencia no está en tela de juicio a pesar de que su jubilación depende de una firma del Poder Ejecutivo.
En medio de la polémica, aterrizó en el TSJ una demanda del ex juez laboral Acosta quien reclama el beneficio de una jubilación de privilegio. La semana pasada, el máximo organismo judicial declaró admisible el planteo mediante la interlocutoria 3.131. Macome no participó de la decisión; fue reemplazado por el fiscal Alberto Tribug.
El reclamo de Acosta recorrió un largo camino antes de llegar al Tribunal.
Fue juez laboral hasta 1998 (en 1992 había sido sometido a un juri de enjuiciamiento del que resultó absuelto), dejó el cargo, asumió como secretario de Trabajo de Felipe Sapag hasta que renunció en abril de 1999, envuelto en un escándalo: el gremio ATE denunció que desde la secretaría favorecía a su propio estudio jurídico. La causa penal que se inició en ese entonces en su contra aún sigue abierta.
En abril de 1998, Acosta inició el reclamo por su jubilación de privilegio, pero el ISSN se lo rechazó.
El 9 de febrero de 1999 interpuso un reclamo administrativo ante el gobierno provincial, y nunca recibió respuesta. Inició una acción por mora, y el 20 de febrero de 2001 el gobierno fue condenado a dar una respuesta o pagar una multa por su silencio.
El 25 de abril de este año, Acosta llevó su demanda al TSJ. Y el 30 de mayo siguiente, el Poder Ejecutivo emitió por fin lo que se puede interpretar como una respuesta: dijo que al presentarse ante la justicia, Acosta daba por descartada la vía administrativa. Y no se pronunció sobre el fondo de la cuestión.
No deja de ser curioso que Macome inició su reclamo para cobrar una jubilación de privilegio antes que Acosta, y sin embargo, se mostró mucho más paciente. Aunque espera una respuesta del Ejecutivo desde hace más tiempo, no eligió la vía procesal para acelerar los tiempos.
"No fui yo quien puso en manos del titular de otro poder del Estado la posibilidad de decidir si continúo o ceso en el cargo del vocal del TSJ, sino que es el trámite legal establecido en la ley de procedimiento administrativo y es la forma correcta de agotar la instancia administrativa para dejar expedita la vía del contencioso", es el argumento de Macome según una nota que publicó en este diario el mes pasado.
Es que el presidente del TSJ está seguro de que en abril le concederán el beneficio. Hasta les habría confiado a sus pares del Tribunal que el decreto ya está redactado y sólo falta la firma de Jorge Sobisch.

Los jueces quieren opinar

NEUQUEN (AN)- El bloque legislativo de la Alianza presentó un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio en la justicia y la política. Hasta ahora no fue debatido en el recinto, y la Asociación de Magistrados pidió que la inviten a opinar cuando traten el tema.
"Sólo eso: queremos que nos inviten a opinar sobre el tema porque creemos que tenemos derecho a hacerlo", explicó a "Río Negro" el presidente de la Asociación, Eduardo Badano.
La ley cuestionada es la 859, tiene casi 30 años y fue promulgada durante el período democrático 1973/76 para atender algunos casos particulares de jueces destituidos durante la dictadura de Onganía. Sin embargo, sobrevivió en el tiempo y aún tiene vigencia.
Fernando Macome fue el primero en invocarla para su jubilación. El presidente del TSJ tiene 32 años de aportes pero le faltan 3 para llegar a los 60 de edad que le permitirían obtener una jubilación ordinaria. Y él quiere irse antes.
"Deseo obtener la jubilación porque considero que he cumplido una etapa de mi vida", dijo en una nota publicada en este diario.
Detrás de su pedido se encolumnaron una docena de magistrados y ex magistrados de menos de 60 años que aspiran al mismo beneficio. Uno de ellos, Claudio Acosta, ya llegó hasta la máxima instancia. Ahora el TSJ tiene la palabra.

Foto: Acosta (con barba), el día que juró como subsecretario de Trabajo. Ahora reclama una jubilación especial.