Viernes 7 de diciembre de 2001

 

Prohíben salir del país a Ovidio Zúñiga y Wálter Cortés

 

La Justicia dispuso la quiebra del Policlínico Arbos y dictó la medida contra los diputados nacional y provincial

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Después de atender los reclamos de varios acreedores, la jueza Silvia Baquero Lazcano decretó la quiebra del Policlínico Arbos y, entre otras medidas, dispuso prohibir la salida del país de sus administradores, sin autorización judicial.
La medida era en cierta forma previsible, en atención al errático desenvolvimiento de la empresa fallida durante los últimos años, pero alguna de sus consecuencias afectan de manera directa al diputado nacional Ovidio Zúñiga y al legislador Wálter Cortés, por haber formado parte del consejo directivo del Arbos.
La quiebra, con la correspondiente incautación e inhibición de bienes, de correspondencia y prohibición de salida del país de los administradores, fue decretada hace un mes por la magistrada, pero recién el 3 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial y un día después comenzaron a distribuirse los oficios a los organismos públicos.
El directorio del Arbos (Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales) estaba formado por los secretarios generales de varios gremios, entre ellos Ovidio Zúñiga por UTGRA, Wálter Cortés por la AEC, Fernando Vargas por la Asociación Bancaria, Jorge Lagos por Luz y Fuerza y Víctor Carcar por la UOCRA, pero en el informe preliminar la síndico Ana María Bessone dejó establecido que "no se encontraban al frente del Arbos ni al comando del giro comercial".
En realidad, ni Zúñiga ni Cortés tuvieron participación en el llamado a concurso de acreedores, que se inició el 13 de diciembre de 1998, y recién ingresaron al directorio dos meses después, según confesaron, con la esperanza de conseguir los fondos que permitieran reactivar un sanatorio que había llegado a ser modelo por la calidad de sus prestaciones. Sin embargo, el Arbos ya estaba herido de muerte desde mucho antes, cuando sus directivos decidieron prestar los servicios deficitarios y tercerizar los rentables, generando pasivos que lo llevaron a rematar valiosos instrumentos por los que obtuvieron menos del 5 por ciento de su valor de mercado.
En el concurso de acreedores se reclamaron cerca de 14 millones de pesos, pero tras la reducción que operó la verificación judicial se negoció un acuerdo de pago que redujo las acreencias totales a 6,3 millones, a saldar en 10 años, porque muchos de los presuntos créditos fueron rechazados por espúreos. En la última etapa recurrieron al sistema de gerenciamiento privado.
   
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