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Martes 4 de diciembre de 2001 | |
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Investigan la contratación directa de una clínica |
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| CIPOLLETTI (AC) - El contralor municipal de Cipolletti, Rubén Romero, no consiguió aún que la intendencia le explique por qué contrató directamente los servicios de un sanatorio privado de la ciudad y con qué argumentos fueron atendidos allí, a cuenta de la comuna, funcionarios y concejales oficialistas. Romero está investigando el tema a raíz de una denuncia presentada por los concejales de la oposición, que acusan al intendente Julio Arriaga de contratar los servicios de un sanatorio de cuya sociedad dicen que es accionista. Peronistas, movimientistas y el ala disidente del Frente Grande sostuvieron en su denuncia que, además de ser incompatible con el cargo del intendente, las contrataciones directas del sanatorio Río Negro exceden los límites para este mecanismo de compra. Tras la denuncia, el municipio de Cipolletti difundió que atiende accidentes de trabajo y lesiones deportivas de escuelas municipales, y responde a pedidos de ayuda social mediante la contratación de esta clínica. El contralor detectó que mediante este mecanismo fueron atendidos el secretario de Gobierno, Alberto Weretilneck; los concejales oficialistas Jorge Badillo y Tomás del Ciotto (suplente); y el empleado municipal Jacinto di Lauro, entre otros. Los honorarios fueron pagados por el municipio. Romero le preguntó a Weretilneck "si la contratación con el sanatorio Río Negro (...) se realizó a través de una licitación". En caso contrario, quiso saber las razones de una compra directa de servicios. "¿Con qué criterio se atendió a las personas detalladas, que poseen cobertura social o presunta capacidad contributiva para pagar los servicios de salud requeridos?", requirió el contralor, sin obtener respuestas. También pidió saber si existieron observaciones de facturas presentadas por el sanatorio. Ello, debido a que "se habrían detectado facturas que incluyen conceptos y valores distintos de los contemplados en los convenios". Puso como ejemplo de esas situaciones el pago de medicamentos, exámenes complementarios, honorarios especiales y de anestesista. Además, el contralor halló que se pagó la cama de una internación a 65,55 pesos, "cuando lo establecido era de 51". La oposición, en su denuncia, había sostenido que, sobre la base de la explicación oficial, se trata de gastos previsibles que podrían ser licitados o resueltos mediante un concurso de precios. "Un solo hecho puede ser imprevisible y de urgente pago, pero no varios y en la cantidad que las resoluciones indican", habían opinado los opositores en la nota enviada a Romero. |
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