De la Rúa rechaza responsabilidad
La información fue suministrada por fuentes judiciales que dijeron que De la Rúa rechazó toda responsabilidad en los ocho asesinatos cometidos en los operativos que se sucedieron en la jornada en que presentó la renuncia a la Presidencia de la Nación.
En realidad, el radical se limitó a repetir las palabras que pronunció el viernes antes de dejar la Casa Rosada, cuando dijo a la prensa que no fue responsable de los crímenes que enlutaron sus últimas horas como jefe de Estado.
Por orden de la juez Servini, ayer fueron allanadas dependencias del servicio de emergencias SAME, donde fueron secuestrados los registros de los traslados de pacientes a la red de hospitales porteños, efectuados el jueves.
Además, hubo procedimientos en la sede de la Policía Montada, donde los investigadores buscaron sin éxito los "látigos" y otros elementos con los que varios testigos dijeron haber sido castigados mientras efectivos reprimían, a caballo, a las personas que se habían congregado frente a Casa de Gobierno.
También el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov presentó un escrito ante Servini para deslindar responsabilidades.Sin embargo, los fiscales Comparatore y Evers preparan una batería de medidas de prueba que en las próximas horas reclamarán a la juez y que incluiría las primeras indagatorias a los ex funcionarios.
El ex presidente De la Rúa tiene prohibido abandonar el país en virtud de los cargos que afronta en la causa que instruye Servini: homicidio, lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad. También se investiga si fue ilícito el decreto por el cual el entonces mandatario declaró el estado de sitio en el país, poco antes de dimitir en medio de una revuelta social.
Hasta ayer se desconocía el paradero del ex mandatario, defendido de las críticas en los medios, ayer por su esposa, Inés Pertiné.
Durante la jornada, Servini y los fiscales interrogaron a decenas de testigos. víctimas de los incidentes, periodistas y manifestantes. Pero los investigadores todavía ignoran quién comandó los operativos. El abogado y ex camarista federal Jorge Valerga Aráoz, que patrocina a Mathov, habría dicho frente a la juez que fue el propio De la Rúa quien dio instrucciones para desalojar la plaza. (Télam, DyN)
Decreto para liberar a detenidos
El secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, Alberto Zuppi, está preparando un proyecto de decreto para la liberación de los detenidos en los incidentes registrados entre el 19 y el 22 de diciembre en Plaza de Mayo, el Congreso y el Obelisco, durante el estado de sitio decretado por el ex presidente Fernando de la Rúa.
Fuentes de la secretaría de Justicia indicaron que el decreto está siendo preparado tras la reunión que Zuppi mantuvo con la jueza María Romilda Servini de Cubría, con quien analizó la situación de los detenidos durante las revueltas que se produjeron en los horas previas a la renuncia de De la Rúa.
Tras la represión que costó la vida de siete personas en la Capital Federal, Servini de Cubría ordenó la prohibición de salir del país del ex presidente; del ex ministro del Interior, Ramón Mestre; del ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov; y del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
Por otra parte, las fuentes indicaron también que "se está revisando" el decreto firmado por De la Rúa que rechazaba las extradiciones por hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 por crímenes de lesa humanidad.
El bloque de diputados del PJ, por su parte, procurará sancionar un proyecto de ley de amnistía a los presos por saqueos. (Télam)
La Justicia no autoriza a Cavallo salir del país
Domingo Cavallo pidió ayer a varios jueces que le permitan abandonar el país durante el mes de enero, solicitud que fue desestimada por varios fiscales que investigan al ex ministro en diferentes causas en las que está involucrado y que sería rechazada por los magistrados.
La intención de Cavallo es viajar a Estados Unidos o a algún país de Europa, y fundamentó su pedido en la necesidad de "descansar" y porque "teme por su seguridad" y la de su familia, "a la espera de que mejore la situación" del país.
A través de su abogado Eduardo Oderigo, Cavallo efectuó las presentaciones ante los jueces Julio Speroni, a cargo de la investigación de la venta ilegal de armas, y Jorge Ballestero, quien tiene a su cargo la causa del nominado "megacanje".
También pidió permiso para abandonar el país al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de una vieja causa iniciada en 1995, en la que se investiga el otorgamiento de fondos reservados a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Por lo pronto, los jueces requirieron la opinión de los fiscales intervinientes en las causas, los que esta tarde se pronunciaron en contra de la solicitud, ante el "riesgo" que significaría que Cavallo abandone el país.
Cavallo, que se encuentra en una estancia cordillerana, pretende que los jueces le permitan ausentarse en "forma temporal" hasta "fines de enero venidero", ya que "desea poder viajar junto a sus familiares a un ámbito que le permita descansar y en el que no tema por su seguridad y la de los suyos", según reza en escritos presentados por su abogado.
El letrado recordó los sucesos vividos "frente al domicilio" del ex ministro, que "no sólo lo afectan a él, sino a su mujer e hijos, quienes para acompañarlo deben estar prácticamente recluídos en su domicilio". Según los escritos, el ex ministro estará a disposición de los magistrados "a más tardar, el primer día hábil de febrero próximo", o en caso de que los jueces requieran su comparecencia, regresará de "inmediato" para declarar. (Infosic)
Destino incierto de Educación
Mientras continuaba sin definirse el destino y la estructura que tendrá Educación, se confirmó que hoy el presidente Rodríguez Saá recibirá a los rectores de las 37 universidades públicas y a los profesores universitarios de CONADU.
En medio de la lluvia de críticas por la supresión de la cartera educativa, la posibilidad de que se provincialicen las universidades nacionales y la suerte del incentivo salarial, la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) pidieron por separado "en forma urgente" sendas audiencias con Rodríguez Sáa. Los rectores pedirán al Presidente respuestas a sus preocupaciones por la supresión del ministerio. (DyN)
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