Lunes 24 de diciembre de 2001

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Negó una devaluación y da curso a una tercera moneda

 

Los pesados números de la deuda

 
  Al cierre del primer semestre de este año, los datos oficiales del Gobierno de De la Rúa indicaban que Argentina tenía una deuda pública bruta de 132.143 millones de pesos (o dólares).
La última información disponible de la Secretaría de Finanzas sobre el endeudamiento público de Argentina incluye los siguientes datos:
• De los 132.143 millones de dólares de dólares de deuda pública, el Gobierno considera que 79.300 millones corresponden a deuda externa y 52.800 millones a deuda interna.
• Al cierre de diciembre pasado, la deuda pública representaba el 44,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y sólo la deuda publica externa representaba el 278 por ciento de las exportaciones.
El pago de los compromisos del servicio de la deuda pública externa representó el año pasado el 22,6 por ciento de las exportaciones.
• Del total de la deuda pública hasta junio pasado, 128.383 millones están contratados a mediano y largo plazo (97,2 por ciento) y 3.759 millones a corto plazo (Letras del Tesoro), equivalente al 2,8 por ciento.
• La mayor parte de la deuda está el títulos públicos a mediano y largo plazo (94.642 millones). De esta cantidad, 92.356 millones están en moneda extranjera, y el resto en pesos argentinos.
• En préstamos contratados, Argentina le debe 8.913 millones al Banco Mundial, 8.250 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y 7.649 millones al BID.
• De toda la deuda pública bruta argentina, el 72 por ciento está contratada en dólares estadounidenses, el 18,5 por ciento en euros, el 4,7 por ciento en yenes, el 2,9 por ciento en pesos argentinos y el resto en otras monedas.
• Los datos al cierre de junio pasado indican que el 67,5 por ciento de la deuda pública argentina está contratada a tasa fija, y el 32,5 por ciento a tasa flotante.

Perú y Ecuador, dos antecedentes

LIMA Y QUITO.- La moratoria de la deuda externa declarada ayer por el flamante gobierno de Argentina tiene dos antecedentes en América latina.
Perú decidió en 1985, en el mandato del presidente Alan García Pérez, suspender el pago de su deuda externa en momentos que el país vivía una grave crisis económica de recesión y parálisis del aparato productivo nacional.
La decisión de García Pérez fue comunicada el mismo día que asumió el poder, el 28 de julio de 1985, en medio del respaldo de un importante sector de la opinión pública nacional y de sectores políticos. En ese entonces la deuda externa peruana ascendía a cerca de 23.000 millones de dólares y sus obligaciones anuales de reembolso superaba los 1.500 millones de dólares.
La decisión de García Pérez fue criticada por los acreedores internacionales y por aquellos que consideraban que una moratoria unilateral graficaba el grado de incumplimiento en el que estaba cayendo el flamante gobierno peruano. No obstante las críticas, García se erigió como el abanderado del no pago de la deuda externa en un país como el Perú con altos índices de pobreza, desempleo y creciente grado de corrupción y desajuste fiscal.
A Alan García se le cerraron los créditos internacionales y el gobierno cayó en hiperinflación en medio de una severa crisis económica y un desajuste fiscal muy severo. Al cabo de su gobierno y ya en el destierro, García admitió que tal decisión fue buena en su momento pero que no lo volvería a repetir, salvo previa negociación con los acreedores.
En tanto, Ecuador declaró en 1999 la moratoria parcial del pago de 98 millones de dólares de los bonos Brady de la deuda externa, tomada por el derrocado ex presidente Jamil Mahuad. La decisión fue la de no pagar los bonos que no tenían garantía y cancelar el monto de los que sí las poseían por un total de 6.000 millones que Ecuador tenía en bonos Brady, títulos que fueron emitidos para consolidar préstamos vencidos de bancos comerciales.
En esa fecha, la deuda externa de Ecuador ascendía a 16.400 millones de dólares y la decisión de no pago causó la reacción inmediata de todos los actores económicos, entre ellos el FMI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que instaron al Ecuador a adoptar inmediatamente un "programa económico creíble". (ANSA)

     
     
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