No habrá piedad con los delincuentes
"Voy a hacer todo lo posible para identificar esas personas", remarcó Toma, en referencia a quienes cometieron hechos delictivos durante los saqueos que se registraron en el país y, para eso, anunció que solicitará "los videos" a canales de televisión.
En ese sentido, opinó que "muchas bandas de delincuentes, especialmente en Buenos Aires, iban a las villas y movilizaban a la gente que se llevaba la comida y todo lo que tenía valor para comercializarlo".
"No hay que confundir el legítimo reclamo con la acción de delincuentes e inadaptados. Con el cacerolazo la gente expresó un reclamo legítimo, pero cuando entran a un negocio a robar televisores, computadoras y electrodomésticos, ahí tenemos una acción de delincuencia, para eso no va a haber compasión".
En cuanto al restablecimiento de la seguridad, Toma explicó por Radio 10, que "después de la crisis es una tarea progresiva".
El ministro interino dijo que se dispusieron "más de 800 hombres de Gendarmería que recorren las calles de la ciudad de Buenos Aires en absoluta coordinación con la policía de la provincia".
En cuanto al estado de sitio que se implantó en Entre Ríos, Buenos Aires y San Juan, Toma explicó que sus "tres gobernadores solicitaron que en sus propias jurisdicciones se declarara el estado de sitio".
"Básicamente lo que está suspendido son las garantías constitucionales. Está la capacidad por parte de las fuerzas de seguridad de detener personas y ponerlas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional", explicó.
Consultado sobre el alcance del estado de sitio, precisó que "si existiera una reunión no habría objeción, siempre y cuando, en esa reunión o en ese conjunto de personas no se verificara la posibilidad de un hecho delictivo".
"Aquel que en lugar de usar las posibilidades que se tienen como ciudadano intentara, con eso (reunión de personas), un acto que afectara a otro, o los intereses de otro, como propiedades o bienes, la autoridad lo puede detener y lo remite al Poder Ejecutivo Nacional", dijo.
Piden prisión para De la Rúa
El fiscal federal Eduardo Freiler aseguró que el ex presidente De la Rúa y sus ex colaboradores en seguridad "no sólo deberían estar presos sino que tendrían que ser condenados a la pena máxima legal" que, según distintas doctrinas, podría ser de 25 ó 33 años de cárcel.
"De ninguna manera pueden irse huyendo a oscuras habiendo sido responsables de lesiones gravísimas y de muertes, y que esto no tenga ningún tipo de costo", aseguró.
Freiler y su par Federico Delgado denunciaron a De la Rúa, al ex ministro del Interior, Ramón Mestre; al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y al todavía jefe de la Federal, comisario general Rubén Santos, por "homicidios reiterados, privación ilegal de la libertad, lesiones graves y gravísimas, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público". (DyN)
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