Viernes 7 de diciembre de 2001
 

Casación le sacó a Urso la causa de las armas

  La Cámara consideró que es el juez Julio Speroni, quien lleva adelante las investigaciones por el contrabando de armas, quien debe asumir la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. También apartaron al fiscal Stornelli.
  BUENOS AIRES- Finalmente, y luego de más de seis años de investigaciones, el juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli fueron apartados ayer del proceso principal por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y tampoco podrán asumir la causa por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba.
En un fallo unánime, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió en favor del juez en lo Penal Económico Julio Speroni el conflicto de competencia que el magistrado mantenía con su colega Urso, que seis meses atrás estaba a punto de dejar preso al ex presidente Carlos Menem como presunto jefe de una organización ilegal que habría traficado armas a países en guerra.
Justamente hoy se cumplirá un semestre del día en que Urso arrestó a Menem, quien recuperó la libertad el 20 de noviembre último cuando la Corte Suprema de Justicia eliminó los cargos por asociación ilícita que pesaban contra el ex mandatario.
Pero el ex presidente se encuentra en libertad y Urso deberá ahora desprenderse del sumario por la venta ilegal de armas para remitir las actuaciones a su colega Speroni, quien ya sostuvo que, a su entender, no existe mérito para procesar a Menem ni a Emir Yoma por el contrabando de armas, por el que en cambio mantiene presos al ex ministro Antonio Erman González y al ex jefe del Ejército Martín Balza.
Ayer los jueces Pedro David, Raúl Madueño y Juan Fégoli, de la sala II de Casación, manifestaron en forma unánime que Urso y Speroni investigan idénticos hechos, por lo que "continuar con instrucciones paralelas" podría constituir una "violación a la prohibición del "ne bis in ídem"", que consiste en aplicar a un acusado múltiples sanciones por el mismo delito.
Los camaristas siguieron la línea de razonamiento del fiscal ante Casación, Raúl Pleé, y concluyeron: "Atento lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia respecto de la figura de asociación ilícita, el delito más grave investigado en estas causas es el contrabando agravado, por tratarse de armas, municiones o materiales considerados de guerra".
Y es Speroni y no Urso quien tramita las investigaciones por contrabando, un ilícito sancionado con penas de entre 4 y 14 años de cárcel y que ha obstaculizado hasta ahora todos los intentos de Erman y Balza por obtener la excarcelación.
Mientras Urso se anoticiaba de lo resuelto por Casación, el fiscal Pleé emitió otro dictamen contrario a las aspiraciones del juez que envió a prisión a Menem en base a evidencia que la Corte consideró irrelevante.
Sucede que Urso se arrogó meses atrás la competencia de la causa por las explosiones en la planta militar de Río Tercero, que provocaron siete muertes, pero la Justicia de Córdoba se rehusó a remitirle el expediente.
Ayer el fiscal Pleé compartió el criterio de los tribunales cordobeses y se expidió en favor de mantener esas investigaciones en el ámbito de la Justicia cordobesa.
Según el fiscal, "no existe conexidad procesal alguna" entre la investigación que se desarrolla en Córdoba y el expediente por el presunto tráfico de armas a Ecuador y Croacia.
En un dictamen de ocho carillas, Pleé destacó que Córdoba ya elevó a juicio oral la causa por el "estrago culposo" de Río Tercero y, además, explicó que el Tribunal Oral investiga las siete muertes que provocó la catástrofe en la planta militar, por lo que rige en su favor el principio del "delito más grave".
Por su parte el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, donde está radicada la causa por las explosiones en Río Tercero, hizo lugar al pedido del fiscal Miguel Rizzotti y decidió realizar una investigación suplementaria, en el marco del juicio por las trágicas detonaciones en la Fábrica Militar de esa ciudad. (DyN/AR)

Piden juicio para la Corte

BUENOS AIRES (DyN).- Dos abogados presentaron ante la Cámara de Diputados un nuevo pedido de juicio político contra los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a la que acusan de "mal desempeño de sus funciones y presunta comisión de delitos", en relación con el fallo del alto tribunal en la "causa armas". Además, pidieron que en esa causa "y todas aquellas en las que se encuentre involucrado el ex presidente no sean absorbidas por la actual Corte, de tal manera que actúen quienes resulten ministros sustitutos o conjueces".
Los abogados Osvaldo Acosta y Juan Carlos Iglesias argumentaron que los ministros Julio Nazareno y Adolfo Vázquez no se excusaron de intervenir en el caso, pese a sus presuntas amistades personales con el ex presidente Carlos Menem.
"Distintas presentaciones efectuadas por legisladores en funciones y electos, y de dos abogados de la matrícula, no resultaron convincentes para los interesados, quienes incumplieron de ese modo con los deberes a su cargo y mantienen vigentes dos causas penales porviolación al artículo 248 del Código Penal", sostiene el planteo.

     
     
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