Presos podrían cumplir las sentencias en sus casas

Lo anunciaron los jueces de la Cámara Segunda, y sería para algunos de los condenados que están detenidos en Roca. La medida busca aliviar las condiciones de hacinamiento en la cárcel.

ROCA (AC).- Si para el 1 de febrero no mejoran las condiciones de alojamiento en la alcaidía de Roca, los detenidos que estén a disposición de la Cámara Segunda del Crimen, "que no representen un peligro demasiado ostensible para la comunidad", podrán gozar del beneficio de prisión domiciliaria.
Así lo informaronlos jueces César López Meyer, María Evelina García y Juan Máximo Rotter. Con esta resolución, los magistrados pretenden presionar de algún modo al gobierno provincial para que se adopten las medidas necesarias que permitan evitar el actual hacinamiento en el que se encuentran las personas privadas de su libertad.
Más de 400 internos -más del doble de la capacidad edilicia de la unidad- están alojados en este momento en la cárcel de encausados de Roca.
Esta medida surgió por mayoría, con el voto de López Meyer y García. Los jueces coincidieron en señalar que la alcaidía local soporta desde hace mucho tiempo una situación crítica con motivo de la superpoblación carcelaria, "particularmente agravada porque permanecen en la misma muchos condenados, pese a que el lugar es una cárcel de encausados, inadecuado para brindar tratamiento penitenciario a los internos".
"Reiteradamente, cada vez que realizamos visitas de inspección, elevamos el reclamo al Superior Tribunal de Justicia para que, a su vez, gestione ante las autoridades provinciales y nacionales pertinentes la solución al problema", dijeron.
Estas circunstancias hicieron que se adoptaran varias disposiciones judiciales. El 11 de diciembre de 2000 -recordaron- dictaron una resolución que también elevaron al STJ, subrayando "la urgencia" en adoptar medidas que revirtieran la grave situación, que implica el sometimiento de las personas "a un encierro degradante e inhumano".
El Tribunal de Superintendencia del Fuero Penal efectuó un planteo similar el 30 de mayo de este año. El 21 de junio, el STJ resolvió una acción de mandamus interpuesta por el Colegio de Abogados de Roca, en el entendimiento de que se trataba de un hábeas corpus previsto en el artículo 43 de la Constitución Provincial, "ordenando al Poder Ejecutivo que arbitrara urgentes medidas para mejorar las condiciones de detención de los internos". En esta oportunidad se dio un plazo de 180 días para que comenzara el acondicionamiento.
El 25 de julio, a raíz de una nueva inspección y del reclamo formulado por la jefatura de la alcaidía, se hizo saber al STJ el agravamiento de la situación.
"Llegamos así a fin de año, vencido el plazo de 180 días que concediera la sentencia del STJ al Poder Ejecutivo provincial, sin que se haya revertido el grave problema de superpoblación y hacinamiento", expresaron López Meyer y García.
Los magistrados entendieron que ya ha transcurrido un tiempo "más que prudencial" y que no es posible seguir aguardando indefinidamente una solución adecuada, más allá de que puedan haber tenido inicio de ejecución algunas medidas dispuestas". Es por ello que manifestaron que no cabe otra solución, hasta que se revierta la situación, que "resolver la externación de las personas detenidas exclusivamente a disposición de esa Cámara, ya sea procesados o condenados".
De todos modos, los jueces esperan que el poder administrador pueda completar las obras en este mes para que no los obliguen a tomar esta medida extrema. López Meyer reconoció que de adoptarse esta disposición "también será un paliativo" porque sólo será ese Tribunal. "Serán seguramente muchos los que no van a poder gozar de este beneficio pero de momento no vemos otra solución", explicó.
El juez Juan Máximo Rotter dijo que no estaba en contra de la decisión de sus colegas, pero consideró que antes de tomar una decisión como la que se propicia, se deberían agotar otras medidas, como "proponer que se implementen las obras que nos parecen indispensables y posibles de pronta ejecución, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias del momento".

Dudas por cómo se harán los controles

ROCA (AR y AC).- En caso de concretarse la medida anunciada por los integrantes de la Cámara Segunda, la forma en que se implementarán los controles aparece en teoría como algo muy difícil de llevar a cabo.
Los jueces manifestaron ayer que la Policía y el departamento de Servicio Social realizarán "visitas periódicas y sorpresivas". Pero teniendo en cuenta la carencia de personal, no será muy sencillo poner en práctica un control efectivo.
Además, varios de los detenidos por sentencias de la Cámara Segunda, podrían fijar domicilio en barrios considerados como "conflictivos" de distintas ciudades valletanas. Y se sabe que en esos lugares, la sola presencia de uniformados puede generar un enfrentamiento.
"Mandar un policía o un patrullero a controlar si algún beneficiado con esta medida está en su domicilio, es prácticamente lo mismo que ponerlo para que hagan tiro al blanco... le van a volar hasta la gorra", dijo ayer una alta fuente policial con algo de ironía.
También reconocieron que sería poco menos que imposible mantener una custodia en cada vivienda, debido a la falta de personal.
Sin embargo, entre los mismos uniformados se barajaban posibles alternativas para que el control tenga efecto y evitar algunos riesgos.
Una de las posturas era que el beneficiado con el régimen de detención domiciliaria concurra a notificarse a la unidad policial más cercana. Pero para ello debe abandonar la vivienda fijada para cumplir la pena, situación que no está contemplada entre los requisitos a cumplir dictados por los integrantes de la Cámara Segunda.
De todos modos, hasta anoche, tanto en la Regional Segunda como en la Cárcel de Encausados de Roca, no habían recibido ninguna notificación por parte de los camaristas.
Las noticias sobre lo resuelto la habían obtenido a través de los distintos medios de prensa de la zona. "Los jueces estuvieron en la alcaidía ayer a la mañana y vieron las condiciones en que conviven los detenidos", señaló una fuente policial.
Sin embargo, las visitas de los integrantes de la Cámara Segunda a la alcaidía, no han sido aisladas.
Con respecto a los internos condenados por los camaristas mencionados, en la alcaidía roquense suman alrededor de 90. De todos modos, y siempre que la medida se cristalice, la lista de los cerca de 90 se tendrá que depurar para establecer quienes pueden acceder al beneficio.
La noticia fue recibida con beneplácito por parte de los internos. Algunos por que saben que cuentan con posibilidades de volver a sus domicilios, y otros porque quedará más espacio en la cárcel y el hacinamiento, al menos por unos meses, no será tan profundo.

Hay 400 internos en una cárcel para 180

ROCA (AR).- La superpoblación en las cárceles rionegrinas se agudiza semana tras semana. La situación no es nueva y el tema fue tratado en reiteradas oportunidades por "Río Negro".
Sin embargo, y a pesar de que la problemática es añeja, desde el gobierno provincial no se le dio ninguna solución al tema.
En la alcaidía de Roca hay actualmente alrededor de 400 detenidos. Sin embargo, la cárcel fue construida para alojar a 180 detenidos.
Si a esto se le suma que el mantenimiento en la cárcel es prácticamente nulo, las condiciones de habitabilidad no pueden ser menos que deplorables e inhumanas.
Desde hace tiempo los pabellones están desbordados. En una celda de dos metros por tres, conviven tres detenidos. Y para ello, a la hora de dormir, uno de los colchones queda dentro del baño.
Los cables con electricidad están colgados en forma precaria de las paredes, y los días de lluvia "llueve más adentro que afuera", como graficó un interno.
Ante la falta de espacio, hay internos alojados en la cocina, la biblioteca, el gimnasio, el sector de enfermería, donde están las viejas calderas de la unidad, y hasta en la sala que tenían los abogados para entrevistarse con sus clientes.
Hay un pabellón para 25 personas que está listo. Sin embargo, no se puede inaugurar. La causa es que todavía no fue habilitado el gas. Mientras tanto, los internos siguen esperando.

Dependerá del tipo de delito cometido

ROCA (AC).- El beneficio de externación podrán tenerlo quienes no resulten imputados por delitos cometidos con armas en los que se haya visto afectada la integridad física de las víctimas.
"Vamos a tratar de hacerlo contemplando cada caso en particular con respecto a los internos que resulten menos peligrosos", le adelantó a la prensa López Meyer.
El magistrado no quiso anticipar cuántas personas podrían ser beneficiadas.
La externación -según plantearon los magistrados en la resolución- se llevará a cabo con la modalidad de la "prisión domiciliaria". Para que se pueda cumplir, se deberá contar con el consentimiento de la persona que en el momento resulte tenedora de la vivienda y será bajo apercibimiento de revocación en caso de incumplimiento de las condiciones que se fijan.
"Los internos beneficiados deberán permanecer en los domicilios durante los lapsos en los que debieran estar en la alcaidía, vale decir, no se afectarán las salidas con fines laborales que pudieran corresponderles, debiendo abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes".
Los jueces dijeron que la medida comenzará a regir a partir del 1 de febrero previa suscripción de las actas de compromiso respectivas, "salvo que en el interín se revierta la situación".
El control de quienes gocen de este beneficio seguramente generará conflictos

Foto: Con la superpoblación, la cárcel de Roca no puede brindar la posibilidad de una reinserción de los internos en la sociedad.