Martes 4 de diciembre de 2001

 

Embargan casa a ex jefe de la cárcel de Bariloche

 

El juez halló pruebas de que los bloques utilizados en la vivienda particular de Gabriel Capsi fueron hechos en la alcaidía

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las comprobaciones que realizó el juez Juan Manuel García Berro respecto de las conductas que le imputan al comisario Gabriel Capsi y sobre los materiales utilizados para construir su casa, motivaron que el magistrado trabara embargo sobre el 75 por ciento de la construcción, hasta cubrir la suma de 80 mil pesos. También resolvió dar intervención al fiscal de Estado porque entiende que el procesado defraudó a la provincia al efectuar compras y gastos a cuenta de la alcaidía y en provecho propio.
Al ex jefe de la alcaidía local lo acusan de cuatro casos de reducción a la servidumbre, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con fraude al Estado, y a dos de sus subordinados José Sobarzo y Desiderio Vázquez, como presuntos partícipes necesarios en los delitos que le atribuyen al principal acusado.
En su extensa y fundamentada redacción, el magistrado expuso que desde agosto de 2000 a setiembre de 2001, Capsi dispuso que cuatro internos de la alcaidía salieran a trabajar, todos los días, incluso sábado y domingo, por la mañana y por la tarde, a la casa que construía en en Primera Junta y Los Alamos, en el barrio Belgrano. Afirma que Sobarzo los llevó en auto los primeros 10 meses y se quedaba con ellos, y que Vázquez lo hizo durante los últimos dos meses, primero engañados, creyendo que construían una escuela, y después coaccionados para seguir trabajando gratis en exclusivo beneficio de Capsi, contra lo establecido en la ley de Extramuros y la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad.
El juez entendió que se habían ejercido "sutiles y eficaces presiones" consistentes en retirarles las llaves de la carpintería -donde trabajaban para ayudar a sus familiares-, bajarles las calificaciones, pasarlos a un pabellón con mayores restricciones, no favorecerlos con la calificaciones que les permitirían un egreso anticipado, o restringirles las visitas y otros beneficios. Agrega que a los cuatro, y a otros internos del pabellón de autodisciplina, los obligaba a confeccionar bloques para la construcción de su vivienda y para comercializar, quedándose con el producto de la venta, y que dispuso, por intermedio de Sobarzo, que el interno Julio Torres le diseñara y construyera decenas de columnas de hierro de su futura casa, sin pagar y con presiones sutiles.
Una acusación puntual, que habría sido reconocida por Capsi, refiere que éste adquirió una hormigonera especial por 300 pesos para utilizarla en su casa, tirantes de madera por otros 300 pesos, que tuvieron el mismo destino, chapas por 1.800 y vidrios por 2.000, siempre con dinero del erario provincial.
La hormigonera fue secuestrada en su domicilio y las chapas y los vidrios estaban desde hacía varios meses en los respectivos comercios sin que se conociera qué destino iban a tener y cuál era la necesidad funcional de su compra, dado que fueron considerados excesivos para las necesidades de la alcaidía.
A Sobarzo le imputan haber colaborado con Capsi, trasladando a los internos, dirigiendo la obra y la elaboración de los materiales, transportando los bloques elaborados por los internos, y distrayendo para sí y para Capsi los importes de las ventas. A Vázquez, lo acusan haber colaborado con Capsi trasladando a los internos que construían su casa, pero tanto Sobarzo como Vázquez se disculparon asegurando que cumplían órdenes.
   
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