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Martes 4 de diciembre de 2001 | |
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Jouliá deslinda su accionar y culpa a Srur |
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El contrato original de compra de energía a la Turbine Power de 1993, renegociado en 1996 por Jouliá, sigue generando polémica y sembrando más dudas sobre el precio de la energía. |
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| El ex ministro Horacio Jouliá defendió la renegociación del contrato de compra de energía que él pactó con la Turbine Power en 1996 y responsabilizó en cambio a Miguel Srur y su ex gerente Carlos Celeste de haber comprometido en forma abusiva a la provincia con el convenio inicial que habían firmado con esa empresa en 1993 para la construcción de la usina a gas Termo Roca. Jouliá dijo que la cláusula 18.04 del contrato original protegía a ambas partes de "rentabilidad extrema" y que esa fue invocada por TPC para evitar seguir perdiendo dinero como consecuencia de la baja del precio que se había estimado que subiría. "Hoy habría que apelar a esa misma cláusula, porque la evolución de los precios hizo que el contrato fuera extremadamente rentable para la Turbine Power", afirmó Jouliá, quien ayer dialogó con "Río Negro" y entregó una larga explicación sobre su participación y la de sus antecesores, en las negociaciones. En principio, Srur aclaró que nunca asesoró ni cobró salarios de las empresas privadas involucradas en el tema, señalando que tanto Celeste como Srur "tuvieron relaciones de asesoramiento o gestión con Edersa y/o sus grupos controlantes". Se explayó en lo que, a su juicio, son los defectos originales del contrato con la Turbine al señalar que se basó en que esa empesa obtuviera financiamiento descontando como garantía el compromiso de compra de energía por 15 años por parte de la ERSE y también de la central a construir, lo que le permitió obtener recursos bancarios "sin generar un electrón", lo que implicaría un "autocrédito". "Lo que se mostró como una inversión productiva, encubre un programa de financiamiento ideado por ERSE". Citó como otro punto en contra que sería la Turbine la que decidiría qué porción de la empresa cedía a la provincia al término del contrato, deslizando que bien podía transferirse el pasivo, si es que la empresa lo generaba durante su funcionamiento. "Se encubre en realidad un resguardo financiero por pérdidas eventuales". En cuanto al precio de la energía, dijo que el pactado por Srur en diciembre de 1993 fue de 31,72 dólares el MW/h pero el fijado por él para el 1 de noviembre de 2000 y hasta la finalización del contrato fue de 31,50 dólares. Jouliá deslizó numerosos interrogantes en su nota respecto de la decisión inicial de firmar contrato con la Turbine, que atribuyó a Srur y Celeste. "¿Nadie pensó que si sobraba energía hidráulica y barata para siempre, esa era la que debíamos comprar? ¿Nadie sabía que la energía térmica es más costosa que la hidráulica? ¿Por qué ubicarla en un lugar inconveniente, desde el punto de vista energético y del suministro del gas?" son algunas de esas preguntas que deja planteadas. A modo de respuesta, señaló: "Con energía barata en Comahue, sabiendo que la entrada de Salto Grande y Yaciretá sostendría la componente hidráulica en el Mercado Mayorista, con ERSE comprando a bien en el MEM, con ERSE impulsando proyectos de generación hidráulica en la región, ¿de pronto lo mejor es comprar "térmica propia costosa" a pérdida del inversor, para quedarse con deudas al final de un seudo-leasing? Puede ser legal, pero vale al menor preguntarse ¿por qué? ¿qué ganaban ellos?" Añadió que "¿alguien financiaría sabiendo que se vendería energía producida con gas, más barata que la que producen las centrales hidráulicas del país? No, quien financiaba conocía los precios pactados y la cláusula 18.04 donde se protegen los "extremos de rentabilidad" que pudieran beneficiar indistintamente a ERSE o a TPC". Según Jouliá, "todos sabían" que la facturación de TPC no sería la estimada, pero "persistían, el emprendedor para no perder con su proyecto, el financista (Banco Galicia) para recuperar su crédito, ERSE para... desconozco por qué no se rescindió este contrato" puesto que desde su primera facturación "TPC reclamó por el quiebre de su rentabilidad". Ese reclamo derivó en 1995 -todavía gestión de Srur- en un convenio adicional que Jouliá calificó de "más gravoso y arbitrario que el propio contrato base pues disimula el intento de mejora de precios bajo el discurso de "ampliar la capacidad de producción de TPC con un ciclo combinado". Se agranda el negocio para eliminar las pérdidas, pero siempre paga ERSE", agregó. Ese adicional pactó la compra anticipada de energía, con lo cual Jouliá estima que "ERSE-Srur" pasa de contratista a financista. Añade que Srur lo hizo como interventor, sin directorio, y sin fijar precios, ad referendum del Ejecutivo provincial, que lo avaló por decreto 1399/95" firmado por el ex gobernador Massaccesi. "La prueba irrefutable, y luego incuestionable judicialmente por haber intervenido los organismos de Contralor y Fiscalía de Estado, del juicio que siempre perderíamos los rionegrinos está en el artículo 2 de ese decreto, que transcribo para que la verdad se siente a la mesa: "Procédase a la confección de la banda tarifaria referida en la cláusula 16 del citado convenio a fin de adecuar la ecuación económico-financiera del contrato de abastecimiento". Fue sincero y contundente el gobernador Massaccesi, la ecuación del contrato se había quebrado, así quedó probado para siempre. A confesión de parte, relevo de pruebas", señaló Jouliá. En cambio, dijo que Srur "no fue sincero" al disfrazar una presunta ampliación de la inversión cuando "sólo estaba dibujando fórmulas y generando derechos frente a terceros para disimular obstinadamente "su error". El interventor trató de pasarle el problema que él había generado al Ejecutivo provincial". Ese decreto fijó un plazo de diez días para fijar la nueva banda tarifaria, lapso en el que se produjo el cambio de gobierno a Pablo Verani. Jouliá manifestó que si "ERSE-Srur-ERSA querían lo mejor para los rionegrinos, hubieran rescindido el contrato. Si nos defendían de "los malos" habrían interpuesto al menos un recurso para impedir que se decrete el quiebre de la ecuación, pero estaban de acuerdo, siempre supieron que el inversor no había venido a perder dinero, lo habían convocado por concurso para que lo gane, no para que lo pierda". Abonando esta tesis, añadió que "si pensó en comprar a precios del MEM o por debajo de esos precios, si fueron genios electroeconómicos en 1993, cómo es que en 1995 tenían que fijar nuevos precios, además de hacerle anticipos económicos y financieros al inversor. Las cosas pueden escribirse enrevesadamente, pero las pruebas son tan claras como la realidad", manifestó Srur. Profundizó su escrito al indicar que "el objetivo final de la gestión ERSE-Srur-ERSA es claro: perdíamos un juicio cuyo monto sería mayor que el precio de venta de la distribuidora (ERSA), pues de base era el costo de la central y las ganancias esperadas en quince años, más el costo del ciclo combinado no realizado y sus ganancias, más el costo de no haber concretado compras anticipadas, o negociábamos un contrato que él pudiera exhibir como peor". Para Jouliá, Srur "no logró su objetivo. logramos un contrato con precios en enero de 2000 más bajos que los que él había fijado para diciembre de 1993 y sinceramos en el mercado esta "condición basura" que se nos impuso a todos los rionegrinos, no sólo a mí o al gobernador Verani. No lo logró porque privatizamos la ERSA con uno de los mejores precios por usuario comparados con los demás procesos. No lo logró porque se puede y se deben revisar nuevamente los precios del contrato de abastecimiento, porque el mercado no se comportó como se esperaba y por ende corresponde adecuarlo a esa realidad". Finalmente, recordó que informó a la Legislatura del proceso de privatización de ERSA, que fue supervisado por los organismos de control y por la oposición parlamentaria, y expuesto ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ante más de cincuenta empresas del sector y aprobado por ley 3019. "Deseo que revisen sus conciencias quienes nos acusan por corregir sus errores", concluyó Jouliá. La cláusula 18.04 Jouliá invocó que la cláusula 18.04 del contrato original firmado por Srur y la Turbine Power en 1993 fue la responsable de que él se viera obligado a renegociar el convenio para evitar un juicio millonario contra la provincia, pero que hoy esa misma cláusula puede ser usada para reducir el costo de la energía que pagan los rionegrinos porque la evolución de los precios ha vuelto en exceso rentable la operación de la empresa. La tarifa será considerada en audiencia pública el 8 de diciembre. Analizan programas de desarrollo VIEDMA (AV).- Las Agencias de Desarrollo Local de la provincia evaluaron los programas en marcha y la mejor manera de hacerlos extensivos a todas las localidades. |
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