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 BUENOS AIRES (ABA).- La Cámara de Diputados se aprestaba anoche a encarar un delicado debate sobre el acuerdo nuclear firmado entre el gobierno de Río Negro y Australia. El mismo consiste en la construcción en Lucas Heigtrs, a 35 kilómetros de Sydney, de un reactor nuclear sobre la base del proyecto ideado por el Instituto de Investigaciones Aplicadas, por el cual ingresarán a la provincia importantes recursos económicos, en el orden de unos 180 millones de dólares.
La impactante cifra no alcanza a tapar varios nubarrones que surgen a la hora de analizar el peligro ecológico de la iniciativa, ya que la Argentina se ofrecería para guardar transitoriamente residuos tóxicos.
La legislación australiana no permite el cobijo de estos residuos, que necesitan de un tratamiento especial. Por ello puso como condición para firmar el acuerdo, la solución fuera de sus fronteras de este problema.
Según el especialista Daniel Sapsay, la Constitución Nacional es explícita al respecto: Parte del artículo 41 prohibe taxativamente el ingreso de residuos tóxicos.
El abogado hizo dos dictámenes en contra del acuerdo acompañando la opinión de biólogos de la agrupación ecologista Greenpeace.
Pero hay un punto gris anterior al apego constitucional: ¿qué se entiende por deshecho tóxico? Los defensores del proyecto señalan que "es inofensivo". Remarcan, además, la transitoriedad de la guarda de los residuos, que no duraría más que algunos meses. Avalaron esta última postura Reynaldo Vanossi y Mariano Cavagna Martínez que hacen eje en que la Constitución no impediría un ingreso transitorio de estos tipos de elementos nucleares..
El activista de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, opinó que " estos dictámenes son absolutamente tendenciosos". Y agregó: "estamos hablando de una permanencia de estos materiales radiactivos en un lapso de 10 a 15 años".
Según los especialistas los desechos en cuestión tendrían un alto componente radiactivo, implica un inventario de isótopos (combustible quemado) y plutonio. Estos elementos serían manipulables en escenarios de sabotajes u objetivos militares.
Entre los pocos diputados que se opusieron a la norma está la radical Silvia Vázquez, quien recordó que la Alianza modificó su postura "por fuertes presiones del entonces jefe de gabinete Rodolfo Terragno".
En marzo del 2000 hubo fuertes discusiones en el seno del gobierno por si este tema se incluía o no en el presupuesto.
El 9 de agosto último, el canciller Adalberto Rodriguez Giavarini avaló mediante una resolución el acuerdo del INVAP con Australia.
El diputado cavallista Guillermo Fernández Valoni, prefirió hacer hincapié en el acuerdo comercial: "Es un mecanismo genuino de exportación de la inteligencia argentina que va a generar un ingreso importante de divisas".
Surgen más dudas sobre el lugar en que serían procesados estos deshechos tóxicos. Pocos laboratorios tienen en el país la tecnología adecuada para evitar accidentes. Para Villalonga se llevarían a un laboratorio de Ezeiza perteneciente a la CNEA.
En este caso se estaría violando dos veces la Constitución. Por un lado la Nacional y también la de la provincia de Buenos Aires donde en anteriores casos se prohibió el ingreso de residuos atómicos. No se descarta la localidad de Pilcaniyeu, al noreste de Bariloche, donde están los laboratorios del INVAP.
Greenpeace ya había denunciado en 1997 al INVAP por la instalación de un reactor experimental en esa misma localidad.
"Muchos legisladores hicieron un fuerte lobby para que no se caiga el contrato, defendiendo el negocio sobre el principio de resguardo del medio ambiente", señaló Villalonga.
En Australia el tema tuvo un fuerte debate parlamentario en el cual se destapó la letra chica del convenio. Finalmente, se decidió suscribir el contrato dejando en claro que no se haría cargo del tratamiento de los elementos tóxicos.
Los deshechos serán procesado en la Argentina y devueltos como residuos intermedios.
Argentina podría haber optado por incluir a un tercer país como Francia, cuya legislación es permisiva, para procesar los elementos químicos sin perder el negocio.
Protesta de Greenpeace
La agrupación ambientalista Greenpeace protestó ayer frente al Congreso Nacional, donde simuló un derrame tóxico, en contra de una ley que, de aprobarse, permitiría el ingreso de basura nuclear desde Australia. Se trata de la concesión mediante la cual la empresa rionegrina Invap construirá un reactor nuclear experimental en Australia y cuyo contrato incluye una cláusula que menciona la posibilidad de tratar los combustibles nucleares en la Argentina.
El acuerdo obtuvo el 7 de noviembre media sanción en el Senado.
Greenpeace y otras 70 Ong"s ecologistas del país y del exterior se oponen al acuerdo nuclear entre ambos países porque consideran que Invap podría ingresar al país desechos radiactivos, lo que está expresamente prohibido en el artículo 41 de la Carta Magna.
No se viola la Constitución Nacional, dicen desde el Invap
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El gerente general de la empresa Invap, Héctor Otheguy, descalificó ayer a quienes cuestionan la importación temporal de desechos radiactivos y aclaró que el servicio de ese tipo ofrecido a Australia "no viola ningún artículo de la Constitución".
Explicó que, al ganar la licitación para construir un reactor nuclear de experimentación en aquel país, Invap ofreció traer los combustibles quemados para reciclarlos en Ezeiza y luego devolverlos a Australia.
Pero sostuvo que ésa es "sólo una alternativa", ya que hasta ahora el país de los canguros tiene un contrato vigente con Francia por el mismo servicio. Según Otheguy, el ingreso de los polémicos desechos -de producirse- no ocurrirá antes de 2015. La cuestión ya había sido motivo de conflicto el año pasado, cuando Invap firmó el contrato con Australia, y resurgió hace pocos días a raíz de la media sanción que le otorgó el Senado al proyecto.
Otheguy dijo que el artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso de residuos radiactivos "no fue violado" por la operatoria planteada con Australia "y así lo establecieron tres importantes constitucionalistas como Jorge Vanossi, Mariano Cavagna Martínez y Félix Loñi".
Según el gerente de Invap, el espíritu de los convencionales que redactaron la norma era evitar la conformación de un "Gastre internacional", es decir un basurero que albergue en forma permanente los residuos peligrosos de los que quieran liberarse otros países.
Explicó que "el elemento combustible gastado" de un reactor nuclear "no es estrictamente un desecho" y que la Argentina se ocuparía de separar sus componentes según el grado de radiactividad y luego neutralizarlos con un proceso de vitrificación o cementado, según corresponda. Finalmente serían devueltos a Australia.
Se felicitó también de que la exportación de tecnología nuclear "sea una política de Estado" desde la década del "80 y ninguno de los dos partidos mayoritarios la ha puesto en duda.
Si bien la rueda de prensa comenzó con tono explicativo, Otheguy perdió la compostura al referirse luego a "las organizaciones antinucleares" que se oponen al ingreso de los desechos al país.
Acusó a Greenpeace de ser "una multinacional de la ecología", cuyos intereses "coinciden con el de empresas europeas" de tecnología nuclear. Y luego, al borde del insulto, se preguntó "por qué buscan joder" a una empresa que logró "la mayor exportación de una planta llave en mano" que consiguió la Argentina.
Otro de los técnicos, Juan Pablo Ordóñez, explicó la posibilidad de vender y reciclar en el país combustible nuclear de reactores experimentales "puede tener un gran mercado a futuro".
Señaló que sólo Argentina, Estados Unidos y Francia cuentan hoy con esa tecnología y que "hay más de cien reactores en el mundo" que requerirán el servicio "no de disposición final pero sí de tratamiento" del residuo.
Harán inventario de desechos
Francia contará en el 2004 con un "inventario" de desechos atómicos destinado a mejorar su gestión, anunció ayer la Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Nucleares (ANDRA).
El director general de ANDRA, Francois Jacq, explicó en París que este inventario clasificará los desechos en distintos grados de radiactividad y permitirá conocer los lugares en los que se encuentran.
También se podrá prever la producción de residuos en los próximos veinte o treinta años por el desmantelamiento de reactores atómicos o la actividad de la industria electronuclear, principal generadora de este tipo de desechos, indicó.
Señaló que, aunque las grandes industrias producen el 95% de la radiactividad total de Francia, la tarea más difícil es censar los residuos que generan millones de objetos, como aparatos sanitarios y de medición. Según Jacq, estos objetos presentan una baja radiactividad pero pueden resultar peligrosos si están dispersos o en malas condiciones.
Además, añadió, gran cantidad de objetos fabricados en las décadas de los "20 y los "30 contienen radio, desde pararrayos a cremas de belleza.
Jacq destacó la colaboración de los industriales que generan residuos radiactivos y del Ejército en la elaboración del inventario, producto de más de diez años de trabajo desde que en 1993 comenzó la recopilación de datos.
Aquellos que utilizan materiales radiactivos "han comprendido que es mejor aparecer en el informe que ser objeto de rumores", agregó.
En Francia hay más de mil sitios con residuos nucleares, sobre todo centrales atómicas, industrias y centros médicos. (EFE) |
