De la Rúa vetó el beneficio a ex agentes de YPF

Sostuvo que la ley "contradice la política de déficit cero" que lleva adelante Nación.

BUENOS AIRES y NEUQUEN (ABA/AN) - El presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, vetó ayer la ley que reconocía una indemnización a favor de los ex agentes de YPF que no pudieron acogerse al Programa de Propiedad Participada.
Calificando a la norma como "contraria a la política de déficit cero encarada por el Estado Nacional y avalada por el Congreso de la Nación", De la Rúa vetó en forma total la ley en un dictamen que lleva también la firma del ministro de Economía, Domingo Cavallo y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.
En la práctica, la medida implica excluir de los beneficios del fallo de la Corte (que anteayer reconoció los derechos de los accionistas que estaban el la empresa en 1991), a todos aquellos ex ypefianos que no se hayan presentado ante la justicia.
Eso es así, porque mientras la ley autorizaba a cobrar en bonos a todos los ex agentes, la sentencia del Máximo Tribunal, en la práctica sólo habilita a ejercer tal derecho a quienes optaron por la vía legal.
El vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de ex obreros de YPF, y representante de ese sector en Neuquén, Angel Garro, dijo que "la lucha de los ex trabajadores continúa" y criticó a al gobierno nacional al sostener que "seguramente hubo contactos entre la resolución de la Corte y la decisión de los ministros", en referencia al decreto de veto que firman el jefe de gabinete Chrystian Colombo y el titular de Economía Domingo Cavallo.
En diálogo con "Río Negro" Garro sostuvo que la franja más perjudicada por el decreto de Colombo y Cavallo es la de los ex obreros residentes en Mendoza.
Admitió que no estaba en condiciones de calcular cuántos son en Neuquén los ex agentes de la petrolera estatal perjudicados.

Sorpresa en Diputados

En la Cámara de Diputados se mostraron sorprendidos ayer por la cercanía entre la sentencia y el veto, y allegados a la legisladora Isabel Foco, entre otros, aseguraron que van a insistir con la ley (ahora necesita el apoyo de dos tercios de las Cámaras).
En la resolución, el Poder Ejecutivo enfatizó que la ley de equilibrio fiscal consiste en una reducción del gasto público y equilibrio de las finanzas, "evitando recurrir en financiamiento interno o externo para hacer frente a los gastos que demande el Presupuesto nacional".
Traduciendo, no hay plata en el presupuesto 2002 para el tema en cuestión.
Para algunos observadores, la postura tan fuerte del gobierno pone en dudas la misma ejecución del fallo de la Corte, aunque uno de los representantes de los ex ypefianos, Rubén Leto, apuntó que "sería un grave error pues atentaría contra la seguridad jurídica".
Más allá de los aspectos fiscales, el veto presidencial -seguramente fundado por Cavallo- suscribe la postura de la minoría de la Corte, en cuanto indica que "no caben dudas que el proceso privatizador se materializó el 7 de julio de 1993, fecha en que se colocaron en los distintos mercados del mundo las acciones clase D, y no desde el 1 de enero de 1991 como sostiene el proyecto de ley rechazado".
En cuanto al paquete accionario clase C, el dictamen del veto afirma que fue distribuido entre todos los empleados en relación de dependencia al 7 de julio de 1993.
Incluso el Poder Ejecutivo acusó a la ley vetada de "desnaturalizar" el programa de Propiedad Participada" y de un desconocimiento de las disposiciones que permitieron ingresar a ese sistema.

Alrededor del 35% se quedará sin cobrar

NEUQUEN (AN).- El 35% de los ex trabajadores de la YPF estatal no cobrará sus reclamos del programa de propiedad participada pese a que la Corte Suprema de Justicia les reconoció el derecho sobre la base del decreto que disparó la privatización de la empresa.
El vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de ex obreros de YPF, y representante local de ese sector, Angel Garro, dijo que los ministros Chrystian Colombo -jefe de Gabinete- y Domingo Cavallo -de Economía- firmaron un decreto resolutivo con fecha 21 de noviembre que veta la ley habilita a cobrar solamente a los empleados despedidos desde 1993 y no desde el uno de enero de 1991.
Garro dijo que "la lucha de los ex trabajadores continúa" y expresó su crítica al "gobierno central, ya que seguramente hubo contactos entre la resolución de la Corte y la decisión de los ministros".
Quedarán excluidos "todos los que no hicieron juicio, que en Neuquén son la mayoría de los trabajadores de los actuales emprendimientos", agregó.
Ayer se realizaba en La Plata un congreso de la Mesa Nacional que preside el salteño Roberto González, y la resolución que se adoptara de ese cónclave "será decisiva en las próximas horas".

Premio a los que optaron por la vía judicial

BUENOS AIRES (ABA) - Rubén Leto, el abogado que representa al 70% de los ex trabajadores de YPF, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que reconoció el derecho de sus representados a cobrar el valor de las acciones desde 1991 "demostró que nuestra opción de accionar judicialmente era lenta, peligrosa, pero la más segura, porque no existe autoridad que pueda desconocer una decisión del más Alto Tribunal" de la Argentina.
Por si fuera poco, el veto presidencial terminó beneficiando la postura de Leto (y de los otros accionantes), pues la ley rechazada obligaba a quienes optaron por la vía legal a esperar 4 meses para continuar con su reclamo.
El representante de la Federación de ex Trabajadores de YPF y Gas del Estado, sostuvo que en realidad la sentencia de la Corte fue unánime pues sus integrantes sólo disintieron en la fecha a partir de la cuál se pueden cobrar las acciones (1 de enero de 1991 para la mayoría y dos años después para los disidentes), pero que ninguno optó por fijarla en 1997 cuando se realizó la venta internacional de las acciones.
En cuanto a los ex trabajadores que no se presentaron ante la justicia, el letrado apuntó que el plazo vence a fin de año o del próximo, según cual sea la interpretación que haga la Corte sobre el comienzo de la prescripción que es de 10 años.
Por su parte, el ex director de Hidrocarburos de la Provincia de Río Negro y demandante como ex trabajador, Ricardo Esquivel, fustigó a quienes desde el sindicato del SUPE pusieron piedras en el camino y los acusó de ser "cómplices" de quienes quisieron excluir a los ypefianos de sus derechos cuando desde mayor del 2000 estaba el pronunciamiento del Procurador Nicolás Becerra al que terminó adhiriendo la Corte.
Leto negó que el Estado Nacional tenga que pagar 1200 millones de pesos. "Para llegar a esa cifra habría que tomar las 40.000 personas pero no todos accionaron, creo que apenas es la mitad", expresó.
El paso siguiente pasa por la definición del ministerio de Economía acerca del bono que se utilizará como medio de pago.