Martes 6 de noviembre de 2001

 

El TSJ rechazó un planteo contra la ley del Iadep

 

El máximo estamento judicial de Neuquén desestimó una acción de inconstitucionalidad contra la nueva norma. Había sido presentada por el director de una de las empresas beneficiarias de un crédito otorgado por el organismo provincial que están bajo la lupa de la oposición. El fallo fue dividido y el tribunal no hizo lugar a la suspensión de los artículos 2 y 3, que establecen el control legislativo sobre los fondos de los préstamos ya otorgados.

  NEUQUEN (AN).- La última ley que modificó el funcionamiento del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), una pieza de profunda discordia entre el MPN y la oposición legislativa, goza de buena salud. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acaba de rechazar una acción de inconstitucionalidad que promovió Ernesto Marti Reta, director de Neuquén Produce S.A., una de las empresas beneficiarias de un lote de créditos que están bajo la lupa de los diputados del PJ y la Alianza.
En fallo dividido, con el voto favorable a la petición del vocal subrogante Alberto Tribug, el TSJ no hizo lugar a la suspensión de los artículos 2 y 3 de la ley 2369, la que dispuso un control legislativo sobre todos los créditos aprobados por el Iadep.
Marti Reta impulsó esta acción porque consideraba que los cambios introducidos por los diputados violaban artículos de la Constitución Provincial y el TSJ opinó que la ley es constitucional en el fallo emitido el 1 de noviembre último.
Alrededor del Iadep y los créditos concedidos se originó una fuerte lucha política entre diputados del oficialismo y de la oposición y la discusión continuó en la justicia a través de dos vías.
Uno de los caminos fue la acción de inconstitucionalidad que presentó Marti Reta. Y el otro frente abierto es el que plantearon el intendente Leandro Bertoya, de San Patricio del Chañar, junto con el presidente del bloque de diputados del MPN, Julio Falleti, que pidieron que se investigue la asignación de créditos ante las sospechas de favoritismos y privilegios concedidos en la operatoria a funcionarios y ex funcionarios de la provincia. Este último expediente está en manos del fiscal de delitos contra la administración pública, Pedro Telleriarte.
En esta causa ya declaró como testigo el diputado justicialista Aldo Duzdevich quien aportó documentación sobre los créditos del Iadep otorgados a empresas que integran funcionarios y ex funcionarios de la provincia.
La investigación en la Justicia se inició por pedido de representantes del MPN cuando el debate por los créditos del Iadep, relacionados a un proyecto de producción de peras, manzanas y uvas, se encontraba en su punto más áspero en la Legislatura.
La Legislatura fue escenario de varias discusiones políticas, algunas de alto voltaje, entre diputados opositores e intendentes y legisladores oficialistas.
Los diputados modificaron la ley del Iadep e introdujeron un artículo que contempla mayores controles. La norma frena el desembolso de los fondos pendientes de pagos de los proyectos aprobados, hasta tanto exista una ley especial que los autorice.
Ese cambio, aprobado por unanimidad, se introdujo junto con la regionalización del Iadep para dar una respuesta a la demanda de la localidad de Zapala que había cortado las rutas y mantenía bloqueados los accesos a localidades del norte. Los intendentes del MPN se molestaron cuando conocieron la ley aprobada porque consideraron que los diputados se excedieron en sus facultades y frenaron todos los proyectos en marcha.
Ante las sospechas que lanzaron los diputados de la oposición respecto de algunos créditos, Bertoya y Falleti acudieron a la justicia para que investigue, en la seguridad de que no hay nada que ocultar y que, si se cierra el expediente, este debate llegará a su fin.
La discusión no llegó a su fin porque todavía sigue su curso la investigación del fiscal Telleriarte.

La oposición propicia la derogación de las jubilaciones de privilegio

NEUQUEN (AN)- El bloque de legisladores de la Alianza presentará esta semana un proyecto para derogar la ley de jubilaciones de privilegio en la justicia. El justicialismo ya anticipó que está de acuerdo con eliminar esa norma, que tiene vigencia desde hace casi 30 años.
Al mismo tiempo, el PJ consideró "poco lógico y nada sano para la independencia de poderes" que "el Ejecutivo tenga poder de decisión sobre la jubilación de uno de los miembros del Tribunal Superior de Justicia".
Sobre el mismo tema, el fiscal de cámara Ricardo Mendaña dijo que "la situación del presidente del TSJ tiene gravedad institucional, pues compromete la independencia de uno de los jueces del máximo tribunal de la provincia, que tiene competencia para ejercer el control constitucional de los actos de gobierno".
Como informó ayer "Río Negro", una ley de 1973 permite que los funcionarios de la justicia local se jubilen con apenas 15 años de aportes, sin importar la edad.
Quien pretende jubilarse amparado por esa legislación es el actual presidente del TSJ, Fernando Macome, que tiene 32 años de aporte pero le faltan tres para cumplir los 60 años de edad que le permitirían acogerse al régimen ordinario de jubilación.
Macome presentó un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo provincial. El ex gobernador Felipe Sapag no le hizo lugar. Pero fuentes seguras de la justicia dijeron que el actual mandatario Jorge Sobisch ya firmó el decreto que le permite a Macome jubilarse, aunque no le puso fecha ni número por lo cual todavía no tiene valor.
Ante la información, el diputado Raúl Radonich (Alianza) anticipó que esta semana su bloque presentará un proyecto para derogar la ley de jubilaciones de privilegio. Recordó que el año pasado presentaron una iniciativa similar pero "nunca logramos que sea tratada", por lo que "insistiremos esta misma semana".
Aldo Duzdevich (PJ) admitió que no conocía la existencia de la ley pero se pronunció, como "criterio general" contra "todo privilegio". Por eso señaló que "la revisaremos y cambiaremos todo lo que sea necesario".
El legislador señaló además que "no es lógico ni razonable que el Poder Ejecutivo tenga poder de decisión sobre la jubilación de un miembro del TSJ". Dijo que "esta situación puede dar a pensar, por ejemplo, que el Ejecutivo tenga interés en que un integrante del TSJ se vaya antes para colocar a otro más relacionado con el actual gobierno. No me parece sano para la independencia de poderes".
Más genérico, Radonich dijo que "habría que buscar una solución para que no tengan lugar hipótesis de esa naturaleza".
Por su parte Mendaña, quien también se mostró de acuerdo con la derogación de la ley, marcó la "gravedad institucional" del "caso Macome". Dijo el fiscal que "en virtud de un prolongado e incierto trámite, la "inamovilidad" de un juez del TSJ (que consagra la Constitución Provincial) aparece en manos del titular de otro Poder del Estado, de tal modo que puede decidir si continúa o cesa en su alta magistratura. Y lo peor es, en atención a la duración del trámite (varios años y más de una gestión de gobierno), que la sociedad pueda pensar que mantiene para condicionar al magistrado".
"La independencia de los jueces -señaló ante una consulta- es un valor esencial en un estado democrático y los jueces deben ser muy celosos de ella".

   
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