Martes 6 de noviembre de 2001 | ||
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El TSJ rechazó un planteo contra la ley del Iadep |
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El máximo estamento judicial de Neuquén desestimó una acción de inconstitucionalidad contra la nueva norma. Había sido presentada por el director de una de las empresas beneficiarias de un crédito otorgado por el organismo provincial que están bajo la lupa de la oposición. El fallo fue dividido y el tribunal no hizo lugar a la suspensión de los artículos 2 y 3, que establecen el control legislativo sobre los fondos de los préstamos ya otorgados. |
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NEUQUEN (AN).- La última ley que modificó el funcionamiento del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), una pieza de profunda discordia entre el MPN y la oposición legislativa, goza de buena salud. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acaba de rechazar una acción de inconstitucionalidad que promovió Ernesto Marti Reta, director de Neuquén Produce S.A., una de las empresas beneficiarias de un lote de créditos que están bajo la lupa de los diputados del PJ y la Alianza. En fallo dividido, con el voto favorable a la petición del vocal subrogante Alberto Tribug, el TSJ no hizo lugar a la suspensión de los artículos 2 y 3 de la ley 2369, la que dispuso un control legislativo sobre todos los créditos aprobados por el Iadep. Marti Reta impulsó esta acción porque consideraba que los cambios introducidos por los diputados violaban artículos de la Constitución Provincial y el TSJ opinó que la ley es constitucional en el fallo emitido el 1 de noviembre último. Alrededor del Iadep y los créditos concedidos se originó una fuerte lucha política entre diputados del oficialismo y de la oposición y la discusión continuó en la justicia a través de dos vías. Uno de los caminos fue la acción de inconstitucionalidad que presentó Marti Reta. Y el otro frente abierto es el que plantearon el intendente Leandro Bertoya, de San Patricio del Chañar, junto con el presidente del bloque de diputados del MPN, Julio Falleti, que pidieron que se investigue la asignación de créditos ante las sospechas de favoritismos y privilegios concedidos en la operatoria a funcionarios y ex funcionarios de la provincia. Este último expediente está en manos del fiscal de delitos contra la administración pública, Pedro Telleriarte. En esta causa ya declaró como testigo el diputado justicialista Aldo Duzdevich quien aportó documentación sobre los créditos del Iadep otorgados a empresas que integran funcionarios y ex funcionarios de la provincia. La investigación en la Justicia se inició por pedido de representantes del MPN cuando el debate por los créditos del Iadep, relacionados a un proyecto de producción de peras, manzanas y uvas, se encontraba en su punto más áspero en la Legislatura. La Legislatura fue escenario de varias discusiones políticas, algunas de alto voltaje, entre diputados opositores e intendentes y legisladores oficialistas. Los diputados modificaron la ley del Iadep e introdujeron un artículo que contempla mayores controles. La norma frena el desembolso de los fondos pendientes de pagos de los proyectos aprobados, hasta tanto exista una ley especial que los autorice. Ese cambio, aprobado por unanimidad, se introdujo junto con la regionalización del Iadep para dar una respuesta a la demanda de la localidad de Zapala que había cortado las rutas y mantenía bloqueados los accesos a localidades del norte. Los intendentes del MPN se molestaron cuando conocieron la ley aprobada porque consideraron que los diputados se excedieron en sus facultades y frenaron todos los proyectos en marcha. Ante las sospechas que lanzaron los diputados de la oposición respecto de algunos créditos, Bertoya y Falleti acudieron a la justicia para que investigue, en la seguridad de que no hay nada que ocultar y que, si se cierra el expediente, este debate llegará a su fin. La discusión no llegó a su fin porque todavía sigue su curso la investigación del fiscal Telleriarte. La oposición propicia la derogación de las jubilaciones de privilegio NEUQUEN (AN)- El bloque de legisladores de la Alianza presentará esta semana un proyecto para derogar la ley de jubilaciones de privilegio en la justicia. El justicialismo ya anticipó que está de acuerdo con eliminar esa norma, que tiene vigencia desde hace casi 30 años. |
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