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Viernes 2 de noviembre de 2001 | |
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En 10 años las provincias cedieron 30.000 millones |
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Los fondos quedaron en manos de Nación. La cifra surge de un estudio de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de Neuquén. El fenómeno comenzó con Menem, pero sigue con De la Rúa. |
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| NEUQUEN (AN).- Producto de sucesivas alteraciones en las relaciones fiscales, las provincias dejaron en manos del Estado nacional cerca de 30.000 millones de pesos en los últimos diez años, según un informe que tiene el gobierno de Neuquén y que fue elaborado por la subsecretaría de Ingresos Públicos. En este documento, que está firmado por el titular del área, Marcelo Raimondo, Neuquén le cuenta las costillas al gobierno central y lo hace en un momento crítico, justamente cuando se producen humeantes negociaciones por deudas, que en el caso de esta provincia representan 217 millones de pesos, y la distribución de los fondos de coparticipación. A raíz de los cambios producidos en el régimen de distribución de recursos durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, las provincias delegaron en ese período 27.000 millones de pesos, según se indica en este trabajo que lleva el título "Cavallo se olvida una parte de la historia: transferencias Nación-provincias". Esta cifra incluye unos 12.000 millones de pesos que cedieron las provincias a la administración nacional de su coparticipación para financiar los gastos derivados de servicios hospitalarios, educativos y otros que a su vez fueron transferidos por el gobierno central a los Estados federales. Durante el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, las modificaciones al régimen fiscal sumaron unos 2.000 millones adicionales, por lo que el monto final de transferencia calculado por la cartera de Ingresos Públicos de la provincia de Neuquén asciende a los 29.000 millones de pesos (ver aparte detalle de los cambios indicados). El trabajo es un síntesis histórica de leyes y acuerdos fiscales que permite comprender de qué modo se fueron modificando los ingresos de las provincias y cómo se produjo la aludida transferencia de 29.000 millones de pesos en una década. "Este proceso, iniciado en agosto de 1992, acumuló transferencias netas de recursos de las provincias al gobierno federal (en términos corrientes) por un monto que ronda los 30.000 millones de pesos, casi 5.000 millones de pesos más que la deuda consolidada de las provincias a la fecha y asumida fundamentalmente en esos mismos años", dice Raimondo en su trabajo. El informe también puntualiza la caída en términos porcentuales de la participación de las provincias en la distribución de los fondos. El régimen de coparticipación original (ley 23.548, sancionada en enero de 1988), asignaba a las provincias el 57,36% de la torta y hoy esa participación alcanza al 40%. Fondo Fiduciario El trabajo dedica un párrafo especial sobre el incumplimiento del gobierno nacional en el manejo del fondo fiduciario que nació como un mecanismo para refinanciar las deudas provinciales a tasas más bajas y plazos más holgados. Producto de la crisis nacional, dice Raimondo, la Nación "dejó de cumplir con su legal compromiso", tanto en lo relacionado con la asistencia por intermedio del fondo fiduciario como con el monto garantizado de coparticipación federal de impuestos. "En estos días, mientras se escuchan declaraciones del ministro Cavallo culpando a las provincias por la falta de crédito, éstas deberán resignar recursos que les corresponden para asistir nuevamente a la Nación. Pero Cavallo esta parte de la historia la olvida (o por lo menos no la cuenta", remata Raimondo en su informe. Breve historia de la relación fiscal NEUQUEN (AN).- El trabajo elaborado en la subsecretaría de Ingresos Públicos incluye una síntesis de las sucesivas reformas al régimen de coparticipación federal de impuestos desde 1991 a la fecha. A continuación se puntualizan los cambios que se produjeron en la relación fiscal entre la Nación y las provincias: * Ley 23.548 (1988) de coparticipación federal. Distribuye el 57,36% de los recursos entre las provincias y el 41,64 % queda para la Nación y Tierra del Fuego. El 1% restante se destina al fondo de Aportes del Tesoro Nacional. * Ley 23.966 (agosto de 1991): Las provincias pierden el 11% del IVA y se crea un fondo destinado a financiar el sistema de seguridad social. Por la misma ley se crea el impuesto a los Bienes Personales que no se coparticipa. * Ley 24.073 (abril de 1992): Modifica la distribución del impuesto a las Ganancias y el 20% que pierden las provincias va seguridad social. * Pacto Fiscal (agosto de 1992): Acuerdo entre Nación y provincias. Las provincias ceden el 15% de coparticipación a la Nación para cancelar obligaciones previsionales. * Ley 24.049 (1992): Se produce la transferencia a las provincias de servicios educativos, programas sociales, hospitalarios y se delegan funciones de áreas de minoridad y familia. Las funciones asumidas por las provincias se financiaron con retención de parte de la coparticipación que representó 1.307 millones por año. * Ley 24.468 (1995) de asignaciones específicas: Aumento del 3% el IVA para equilibrios fiscales por un año. El IVA aún no se rebajó y la diferencia no se coparticipa. * En 1996, el gobierno nacional propició medidas relacionadas al impuesto a los combustibles con carácter de asignación específica. La recaudación se destinó a jubilaciones y pensiones. * Ley 25.235 (diciembre de 1999): Establece una cuota fija mensual de transferencia de recursos a las provincias, incluyendo el impuesto a los combustibles. Se distribuyen por mes1.350 millones y el excedente queda para el tesoro nacional. En el primer año sobraron 800 millones. * Ley 25.400 (2000) del "compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal": Garantiza 1.364 millones mensuales el 2001 y el 2002 y promete, del 2003 al 2005, fijar un promedio de todos los recursos coparticipables. La economía neuquina todavía es bien vista por los ahorristas NEUQUEN (AN).- Con un 20,7% de confianza, los ahorristas neuquinos colocaron a la economía provincial en la cima de preferencias de ocho distritos del país. Ese porcentaje, supera el promedio nacional de octubre por 5,2 puntos y equipara mejores desempeños de la economía nacional registrados en 2000 con un promedio anual de 18,7%. El índice de confianza del consumidor, que mide la porción de ingresos que los asalariados destinan a pago de créditos o ahorro, fue para el mes pasado del 13,3% en el país, mientras que en Neuquén fue del 16,5%. Ambos índices permiten anticipar el comportamiento de la economía en los próximos tres meses, es decir, que con un panorama de desconfianza nacional donde se mantiene un piso estructural histórico, los neuquinos continúan con una visión favorable. Los datos surgen de la encuesta que mensualmente realiza la Fundación Mercado que orienta Oscar Líberman en Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Rosario, Tucumán, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En esos ocho distritos se reflejó el agotamiento de la estrategia de la política económica del gobierno nacional con el ingreso casi seguro en la cesación de pagos y la postergada reactivación del mercado interno. A ese respecto, en el sector comercial y empresario neuquino se criticó la posición del gobierno provincial de "guardar la plata para pagar los sueldos", mientras los proveedores arrastran "un atraso de 120 y 150 días en la cancelación de las obligaciones". También cuestionan la posibilidad de que, tras las negociaciones con la Nación, el gobernador Jorge Sobisch acepte bonos. Un vocero del pequeño y mediano empresariado local se preguntó "qué vamos a hacer nosotros con las Lecop, porque no podemos absorber el 20 o el 30% de pérdida". En el período julio-octubre de 2001 se produjo en el país un "ciclo de caída" más intenso -45%- que en el lapso similar del año pasado. De acuerdo con las expectativas detectadas en esta medición, si los esfuerzos por renegociar la deuda y por reactivar el mercado interno "son tibios, el resultado final será previsible": continuará deprimido el consumo, y la recaudación seguirá en baja. Los escasos ingresos disponibles señalan que el gasto se canalizará hacia la satisfacción de las necesidades básicas y no hacia los bienes durables, y además expresa que las expectativas apuntan precisamente a la caída de los recursos. La "baja calidad del gasto" consolidó la tendencia de las mediciones posteriores a la gestión de Ricardo López Murphy, que redujo notablemente la disposición de los consumidores a adquirir bienes de uso mediante planes de ahorro o, directamente a ahorrar parte de sus ingresos. |
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