Intiman a Sartor a presentar su declaración jurada
La Oficina Anticorrupción intimó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor, a que presente su declaración jurada, ya que el funcionario no cumplió con la entrega de la documentación que se le requiere en el plazo de 60 días estipulado por la ley de Etica Pública. Sartor fue instado a remitir en los próximos 15 días hábiles todos los datos concernientes a su situación patrimonial, según lo revelaron a "Río Negro" fuentes de ese organismo.
Así lo revelaron a "Río Negro" altas fuentes de ese organismo dependiente del ministerio de Justicia de la Nación.
Sartor fue instado a remitir dentro de los próximos 15 días hábiles todos los datos concernientes a su situación patrimonial, y en caso de no hacerlo le cabrían penalidades que incluyen desde la iniciación un sumario administrativo hasta sanciones penales.
"Sartor tenía 30 días hábiles para presentar la declaración jurada en el departamento de Recursos Humanos del ministerio, y el departamento a su vez tenía otros 30 días para enviarnos la documentación a nosotros. Se cumplieron los 60 días hábiles estipulados por ley para presentar la declaración y no tuvimos respuesta. Por eso lo intimamos a que explique la demora y remita los datos en el corto plazo", aseguró la fuente.
Ayer mismo, tras haber enviado la intimación, la O.A. recibió la contestación del área de Recursos Humanos del ministerio de Desarrollo Social.
En la cartera que conduce el rionegrino aseguraron que la documentación estaba en su poder y que sería enviada a la brevedad.
La explicación ofrecida ante la demora fue, al menos, llamativa. "No habíamos enviado todo antes porque estábamos buscando a alguien que llevara los sobres", argumentaron ante las autoridades de la Oficina Anticorrupción.
"Usted sabe como son esas cosas en el Estado", completaron.
Según consta en la ley 25.188 de Etica Publica, todos los funcionarios del Ejecutivo tienen la obligación de entregar a esa dependencia las declaraciones donde hacen constar su situación patrimonial. Lo deben hacer cuando llegan al cargo y deben volver a hacerlo cuando lo abandonan.
Es decir que todos los ministros, secretarios y cualquier otro que maneje fondos del patrimonio público debe dejar constancia de sus bienes antes y después de pasar por la función pública.
En el caso de Sartor, la OA contabilizó los días desde que el rionegrino fue designado como Secretario de Acción Social.
Los antecedentes del rionegrino en la administración de los recursos del Estado no son precisamente memorables.
En 1997, cuando era Secretario de Acción Social de la provincia, fue investigado por su presunta responsabilidad en irregularidades (un faltante de 128 pesos) detectadas cuando trabajó en el Banco Provincia de Río Negro, en 1994.
En aquel entonces, además de ser separado de la entidad, el BPRN le inició dos causas penales por defraudación.
En 1999, el PJ rionegrino denunció ante la Justicia Penal de Viedma a Daniel Sartor por repartir mercadería de la secretaría a su cargo con criterios arbitrarios.
Y en 2000, el actual ministro de Desarrollo Social fue acusado de intentar sobornar con un subsidio al dirigente barrial José "Chuqui" Alvarado para que se aparte de la interna partidaria, caso que cobró notoriedad a partir de una cámara oculta que deja al descubierto las irregularidades en la práctica política del ex gobernador Horacio Massaccesi y un sector del radicalismo provincial.
Ajustes y desajustes del ministro
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor -luego de contratar a su hermano como asesor con un sueldo de 4.000 pesos mensuales, que alcanzarían los 7.000 considerando otros gastos operativos, según tímidas estimaciones- ordenó duros recortes en su área.
El martes, por caso, autorizó mediante resolución 116/01 el despido de 84 empleados de su cartera con el argumento según el cual "resulta perentorio readecuar la dotación de personal a las actividades esenciales" en pos de la "reestructuración" de dos programas del ministerio. Se trata del Plan Solidaridad, que beneficia a 20.000 familias indigentes, y del programa Unidos, que alcanza a 600.000 personas de todo el país. Con estas medidas, el ministro sigue con su programa de recortes que prevé un paquete de despidos que afectaría a 150 empleados contratados de los planes Solidaridad y Unidos. Ayer fueron despedidos los primeros 84, todos trabajadores con funciones técnicas. Además, en el caso del programa Unidos, los despidos comenzaron en un sector clave: el que se encarga de supervisar el funcionamiento del plan –de distribución de cajas alimentarias– para evitar el clientelismo. (AR)
Denuncias por beneficios a Moneta
El contador Luis Balaguer solicitó el juicio político a 7 ministros de la Corte Suprema de Justicia que en diciembre pasado fallaron en favor de sacar la causa contra el banquero Raúl Moneta de la jurisdicción de sus jueces naturales en Mendoza y girarla al juez Literas. Los acusó de haber cometido prevaricato para evitar la condena de Moneta.
Los magistrados de la Corte denunciados por el ex asesor de la Comisión de Lavado son Julio Nazareno, Eduardo Moliné O"Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Guillermo A.F. López y Adolfo Roberto Vázquez.
Al informar a "Río Negro" de la presentación hecha a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Balaguer dijo que los magistrados de la Corte "dictaron sentencia en escasos cuatro días, en los que tuvieron que leer más de 40 cuerpos de expedientes y emitir sus dictámenes, habiendo salteado a la Cámara de Casación Penal, órgano competente para resolver el conflicto de competencia entre los jueces".
El contador afirmó que los jueces de la Corte "fundaron su fallo en hechos falsos como ser que las causas que tenían dichos jueces versaban sobre las mismas personas y períodos de tiempo, siendo que la denuncia originante de la causa de Literas estaba referida a la actuación del BCRA hasta la entrega de los bancos a Moneta, o sea que no involucraba al banquero". Puntualizó que "otro hecho falso invocado por la Corte para darle la competencia a Literas fue asegurar que el Banco Mendoza tenía su domicilio en Bs. As., y dicho banco jamás mudó su sede de Mendoza, donde tenía su casa matriz, sus 52 sucursales y sesionaba su directorio, circunstancia perfectamente conocida por ellos, dado que el propio BCRA al solicitar el cese de actividad de ese banco lo hizo ante un juez de la provincia de Mendoza, al estar establecido en esa provincia el domicilio legal del banco, lugar adonde se cometieron todos los delitos", denunció entre otros puntos Balaguer. (AR)
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