Ex directivos del FBI critican los arrestos
Las nuevas tácticas antiterroristas, que incluyen arrestos en secreto y tribunales militares, son criticadas por autoritarias y también por ineficientes.
El Comité Judicial del Senado inició ayer audiencias sobre las medidas aplicadas por el Departamento de Justicia, y el titular de ese ministerio, John Ashcroft, concurrirá la semana próxima al Congreso para explicar esas tácticas. Ashcroft también debe defenderse por su proyecto de juzgar a terroristas en tribunales militares, iniciativa ante la cual los demócratas no escondieron sus reservas.
Ex agentes del FBI calificaron de "peligrosa" la política de detención preventiva de personas sospechadas de terrorismo de Ashcroft, y lo acusaron de "desmantelar" a ese organismo.
El grupo de ocho ex agentes del FBI, actualmente independientes, declaró lo que sus compañeros en actividad no pueden expresar. "Es sorprendente, Ashcroft está sustancialmente desmantelando la "oficina", dijo Oliver Revell, que en los años "80 fue uno de los dirigentes que refundaron el FBI, tras la desastrosa gestión anterior.
Los ex agentes aseguraron que Ashcroft está cometiendo los mismos errores de esa época nefasta, en la cual no se permitía a los investigadores prevenir atentados terroristas y estuvo plagada de abusos de los derechos civiles.
La política de los arrestos preventivos a cualquier costo, impuesta por Ashcroft, según William Webster, ex director del FBI, "es muy arriesgada porque puede lograr evitar un proyecto criminal, pero no se dice que se corre el riesgo de no desmantelar la organización. Al final puede ocurrir que no pueda bloquear lo que se proyectaba", agregó.
Webster recordó que con los viejos métodos de investigación, el FBI impidió 131 atentados entre 1981 y 2000 mientras que destacaron que con las nuevas normas no se hubiera impedido el 11 de septiembre .
Una serie de reglas impulsadas por la ola de miedo a nuevos ataques permitió al FBI y al Servicio de Inmigración Nacional (SIN) tener las manos libres para detener a personas por una amplia gama de motivos, sin difundir sus identidades y sin límites para la excarcelación.
Críticas por los arrestos
Al menos siete latinoamericanos figuran entre las 603 personas detenidas por violar las leyes de inmigración en Estados Unidos, tras los atentados del 11 de setiembre. Proceden de México, El Salvador, Venezuela y Brasil , según la lista oficial del Departamento de Justicia .
Estados Unidos informó que 104 de las 558 personas detenidas tras los atentados de septiembre pasado están acusados de diversos delitos federales, y entre ellos hay presuntos miembros de Al-Qaeda.
Al respecto, Ashcroft dijo a la prensa "creemos que tenemos miembros de Al-Qaeda en custodia, y por ello vamos a emplear cualquier herramienta constitucional para mantenerlos tras las rejas". Pero evitó precisar detalles sobre el número de detenidos relacionados o vinculados con la organización, catalogada por Estados Unidos como terrorista.
En un giro a su rechazo inicial de dar a conocer información sobre los detenidos, Ashcroft reveló que del total, además de los 104 acusados, 55 más permanecen bajo custodia, y el resto han sido detenidos por violaciones a las leyes de migración.
El funcionario explicó que algunas de las acusaciones se presentaron selladas, es decir que no puede ser de conocimiento público hasta ser cosa juzgada
Reveló que Luis Martínez Flores, uno de los pocos hispanos que figuran entre los detenidos, está acusado de haber ayudado a Hani Hanjou y Khalid al-Midhar, dos de los presuntos secuestradores, a obtener tarjetas de identificación falsas de Virginia.
El funcionario defendió la discreción en torno a los arrestos, e insistió que su agencia lo hacía en apego a la ley, buscando proteger la privacidad de estas personas, así como de prevenir a que Ben Laden pudiera conocer información valiosa. "Cuando estamos en guerra, no estoy interesado en proveer a Ben Laden y su red con una lista de la gente que tenemos detenida", apuntó.
Microbiólogo estadounidense estaría detrás del ántrax
BERLIN (ANSA) - Un renombrado microbiólogo norteamericano del programa de armas químicas norteamericanas estaría tras los atentados con ántrax, afirma la organización ambientalista Greenpeace en la última edición de su revista alemana.
Según la revista, Washington estaría en poder de informaciones sobre el presunto responsable y sobre un laboratorio secreto del que procederían las esporas de ántrax.
El objetivo del autor del atentado, que al parecer no tenía intención de matar a nadie, era aumentar el presupuesto del estado para la investigación sobre armas bacteriológicas. La revista de Hamburgo se basa en informaciones de miembros de la delegación norteamericana en la conferencia de la ONU en Ginebra sobre armas químicas, y en científicos independientes presentes en la conferencia.
La revista cita en particular a Bárbara Rosenberg, una bióloga norteamericana consultora del ex presidente Bill Clinton, y al experto en armas químicas de Hamburgo Jan van Aken, que concuerdan en decir que las esporas de ántrax en las cartas sin duda no procedían de Medio Oriente.
Cinco personas murieron tras entrar en contacto con las cartas con ántrax.
Según Rosenberg, el autor del atentado probablemente no tenía intención de matar a nadie, sino de generar pánico, hasta tal punto que algunas cartas estaban acompañadas por la advertencia de tratarse de inmediato con antibióticos. El envío de las cartas con ántrax, que sumió a EE.UU. en el terror, habría sido preparado desde hace tiempo: el hecho de que hayan sido enviadas tras los atentados del 11 de septiembre habría servido para dirigir las sospechas sobre supuestos terroristas en Medio Oriente.
Vacuna contra la viruela
Los laboratorios Acambis Plc y Baxter International Inc. ganaron un contrato con el gobierno estadounidense para producir 155 millones de dosis de vacunas contra la viruela, dijo el secretario de Salud, Tommy Thompson. El gobierno pagará 428 millones de dólares por las vacunas, con las que Washington reforzará sus defensas contra posibles ataques biológicos.
No quieren una extensión de la guerra a otros países
La posible extensión de la guerra contra países acusados de patrocinar al terrorismo internacional una vez finalizada la campaña en Afganistán genera las primeras fisuras en la coalición global liderada por Washington.
El Reino Unido, Alemania y China mostraron sus primeras discrepancias y Rusia y los países de la Liga Arabe rechazaron tajantemente la posibilidad.
"Afganistán es sólo el comienzo de la guerra contra el terror", anunció el presidente norteamericano, George W. Bush, quien anteayer conminó a Irak a aceptar el retorno de inspectores de desarme de Naciones Unidas y envió una velada amenaza al presidente de este país, Saddam Hussein.
Según observadores políticos y periodísticos Irak, Sudán, Yemen y Somalía -países a los que Washington acusa de albergar y dar protección a organizaciones extremistas- se encuentran en la lista de posibles blancos de una campaña militar.
El primer ministro británico, Tony Blair, fue el primero en advertir en privado a Bush sobre los riesgos que supondría para la consolidación de la coalición internacional antiterrorista atacar a Irak. Por su parte, el canciller alemán, Gerhard Schroeder, declaró ante la Cámara de Diputados alemana que "la búsqueda de nuevos blancos", en particular "en Medio Oriente", pondría en peligro a la coalición internacional antiterrorista. El secretario general de la Liga Arabe, Amro Musa, advirtió ayer a Estados Unidos que un ataque contra Irak acabaría con el consenso internacional en la lucha antiterrorista. "No aceptaremos ataques contra Irak o cualquier otro país árabe", dijo Musa
El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexandr Saltanov, dijo que "Rusia considera que el uso de la fuerza contra Irak estaría fuera de la legalidad internacional ".
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