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La Patagonia asiste a un formidable debate
Paralelamente se han suscitado transformaciones cruciales en el orden económico, que tuvieron como común denominador la adopción de políticas, que al tiempo que redundaron en una aguda modificación de la concepción de Estado, devinieron en modificaciones en la relación de éste con los ciudadanos, cambios que no estuvieron exentos de crisis en los diversos órdenes de lo social.
El Estado, despojado de antiguos atributos y con sus sistemas económicos vulnerables al extremo, tradujo en el orden social un crecimiento de la pobreza, de la desocupación; se precarizaron los servicios de la salud, educación, seguridad y el servicio de justicia se empobreció.
Lamentablemente, a la par de estos fenómeno asistimos a nuevas modalidades del delito, al aumento de los índices delictivos y a un profundo planteamiento de la seguridad ciudadana.
La justicia penal, por su trascendencia pública es un área donde la crisis social se muestra de modo más acabado, donde la realidad se desnuda. En este contexto, es posible abordar el por qué del movimiento reformista en el área del derecho procesal penal en América Latina en general y en Argentina en particular, movimiento que busca a hacer la justicia más eficiente y a adaptar las leyes a estas nuevas realidades.
El profesor Cafferata Nores destacó que en momentos de tanto desánimo, se produzca en las provincias patagónicas, como en pocos lugares del país, un "formidable debate" tendiente a revisar el funcionamiento del servicio de justicia con el objeto de buscar caminos que redunden en mayores garantías para el ciudadano. S.Y.
El mejor diseño de una política criminal
- ¿En qué se diferencian los códigos de procedimiento más actualizados?¿Cuál es la situación en las provincias patagónicas?
-Siempre se dijo que el Congreso Nacional era el encargado de fijar la política criminal de dos modos: diciendo qué comportamiento son delitos y diciendo cómo tienen que hacer los fiscales y los tribunales para perseguir y castigar. Eso no se discutía hasta hace poco tiempo, hasta que Mendoza y Neuquén dijeron "bien, el Congreso dice qué conductas son delito, pero cada legislatura de provincia debe fijar su propia política criminal porque nadie mejor que las legislaturas de la provincia para saber cuáles son las necesidades de la provincia, cuál es el tipo de delito más importante, cuál es el tipo de procedimiento más eficiente, en qué casos se puede prescindir de la persecución penal, etc.. Un país tan grande como el nuestro, con tantas subculturas regionales, dá una explicación a ésto. Neuquén lo propone, es un tema que está en plena discusión, no es un tema pacífico, la idea de trasladar al nivel local un problema que hoy día lo tiene el Congreso es un avance fundamental. Yo que he estado en el Congreso sé que allí uno muchas veces queda atrapado en lo que es el tema del funcionamiento del gobierno nacional, como el presupuesto, que el déficit cero, que el lavado; y lejos está de ocuparse de diseñar una política criminal local.
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